EMPEORA SALUD DE GENERAL CONDENADO POR MUERTE PERIODISTA ORLANDO MARTINEZ

El estado de salud del general retirado Joaquín Antonio Pou Castro empeoró esta mañana, al detectársele un sangrado en los pulmones, como consecuencia de una bronconeumonía.

No fue posible conversar con sus médicos, pero el propio Pou Castro dijo que su salud se ha agravado, en vista de un sangrado en los pulmones, complicado con las tiroides y una sinusitis.

Pou Castro, condenado a 30 años de cárcel por la muerte del periodista Orlando Martínez, se encuentra interno desde hace 13 días en la habitación de 303 del hospital militar de las Fuerzas Armadas, en la tercera planta.

Dijo que en principio fue ingresado al hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, pero que en ese lugar su salud empeoró, razón por lo que tuvo que ser trasladado al hospital de las Fuerzas Armadas.

El pasado sábado, su familia informó que estaba afectado de bronco espasmos que se les complicó con una afección en las glándulas tiroides.

La enfermedad, según se informó extraoficialmente, se le complicó con una crisis de sinusitis, la cual le ha afectado las glándulas.

Su primera crisis la tuvo en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, razón por la que tuvo que ser traslado de emergencia al hospital público de San Cristóbal.

Hasta el momento, ha sido imposible obtener los nombres, ni la versión oficial de sus médicos.

Pou Castro dijo que son varios los médicos que lo atienden y que debido su delicado estado de salud, ni siquiera sabe sus nombres.

Pou Castro lleva varios años en prisión luego de que fuera condenado, primero a 20 años y después a 30 años de cárcel por la muerte del periodista Orlando Martínez.

Duró varios años preso en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, pero el año pasado fue traslado a la cárcel de Najayo, San Cristóbal, por mandato del procurador de ese entonces, licenciado Francisco Domínguez Brito.

Junto a él fueron condenados a 30 años de cárcel el ex cabo del Ejército Mariano Cabrera Durán y Alfredo Lluberes Ricart.

En la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, Pou Castro fue condenado a 20 años de cárcel y sus compañeros a 30, pero cuando el caso fue conocido en casación, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) varió la sentencia y le aumentó la sentencia a 30 años.

Su expediente se encuentra en la SCJ, en vista de que sus abogados interpusieron un recurso de revisión, bajo el alegato de que le violaron su derecho de defensa.

El caso, según los abogados de los imputados, podría ser llevado hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en C

APRESAN MUJER CON DROGAS EN AILA

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en presencia de un fiscal adjunto, apresó anoche a una mujer que trataba de viajar a Nueva York llevando en su equipaje un paquete de cocaína escondido en su equipaje.

Juana Claribel Almengo Almonte, según la DNCD, fue arrestada antes de abordar el vuelo 1892 de American Arilines, en el Aeropuerto Internacional de esta ciudad, con una pieza de madera escondida en una hamaca, detección hecha por un ejemplar canino de los que tiene la DNCD en la terminal.

De acuerdo a la institución antinarcótica, uno de los agentes antidrogas asignados al área de chequeo observó ‘una sombra extraña’ en el interior de la maleta, por lo que de inmediato solicitó la presencia del fiscal Osvaldo Antonio Bonilla, además de reclamar un taladro para abrir la madera de la hamaca en la oficina de la DNCD.

En efecto, allí estaba el paquete, el cual la propia dueña admitió que se trataba de droga para llevarla a EEUU, donde reside la mujer, de 29 años. Será sometida por violar la ley 50-88. Después se presentaron al lugar los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA).

La información sobre el hallazgo de la cocaína fue ofrecida esta mañana por el portavoz oficial de la DNCD, Roberto Lebrón, en una declaración escrita. La mujer está bajo interrogatorio para que explique quien le entregó el paquete de cocaína y en qué lugar.

Los organismos de seguridad, en especial la DNCD, han redoblado la vigilancia en las terminales aeroportuarias y marítimas, a los fines de reducir a la mínima expresión el trasiego de sustancias narcóticas, tanto con destino al exterior como cuando es traída al país.

Este jueves, agregó Lebrón, les serán solicitadas medidas e coerción a la joven Aluengo Almonte. Enfrenta cargos de narcotráfico por la cantidad de droga contenida en el paquete ocupado a la imputada. No es la primera vez que se descubre droga incrustada en madera.

En el Ferry, por ejemplo, han sido detectadas grandes cantidades de cocaína y heroína incrustados en muebles, balautres y tubos Pvc para llevarlas a Puerto Rico, mientras en el Aeropuerto Las Américas han tratado de sacarla en productos enlatados y otras modalidades.

PROCUARADOR INAUGURA NUEVO SISTEMA DE FISCALIA EN SAN PEDRO DE MACORIS

El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, inauguró este jueves en Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el nuevo Modelo de Gestión Fiscalía, que consiste en un moderno proceso de reorganización del trabajo para garantizar la investigación y persecución penal de una manera ágil y eficiente.

La implementación de este nuevo sistema garantiza el correcto procesamiento de los casos y atención a las víctimas por parte de los fiscales las 24 horas del día. Además, un personal se encargará de los procesos de conciliación que así lo requieran.

El nuevo modelo de gestión de fiscalía opera de manera estructural con el Sistema de Justicia Siglo XXI, que es un producto de software para la gestión judicial y manejo y seguimiento de procesos en el Poder Judicial, en las fiscalías y en las procuradurías generales.

La Fiscalía de San Pedro de Macorís funciona en la calle Laureano Canto esquina Hermanas Mirabal en el sector Villa Providencia de esa provincia. Esta es la séptima fiscalía que se adapta al nuevo sistema. Otras que han sido incorporadas son La Romana, Peravia, La Vega, Puerto Plata, Elías Piña y Moca.

Con la implementación de este nuevo modelo, las fiscalías operan a través de diferentes unidades de servicio con la debida rapidez que reclama la ciudadanía al momento de solicitar un servicio.

Ese sistema reúne las condiciones necesarias para que el Ministerio Público pueda funcionar satisfactoriamente y con calidad, bajo los reglamentos del Código Procesal Penal, que entró en vigencia en el año 2004.

Con el nuevo proceso se persigue la solución de conflictos mediante un uso racional de los recursos, utilizando las vías alternativas cuando la ley lo permita.

Asimismo, se persigue concentrar mayores recursos para dirigir una investigación en los casos más imperantes, a fin de obtener las pruebas necesarias para que los tribunales acojan la acusación.

La actividad estuvo encabezada además, por el procurador de la Corte de Apelación y el fiscal de la provincia, doctores Ángel René Pérez García y Abraham Ortiz, respectivamente.

SE SUELTAN LOS DEMONIOS EN EL MINISTERIO PUBLICO

El mandato del procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, estaría siendo desoído por algunos procuradores adjuntos y fiscales, entre ellos el del Distrito Nacional, quien, al decir de una fuente, entiende que su superior está haciendo un mal uso de sus facultades y sentado precedentes funestos con algunas decisiones.

“En el Ministerio Público se han soltado los demonios. No todas las ordenes que da el procurador general de la República se cumplen, puesto que algunas son inejecutables e inauditas”, dijo a Panorama Diario una fuente ligada al fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero.

Conforme a la fuente, las desavenencias llegaron a su clímax con el caso del intérprete de “música de calle” Antonio Peter de la Rosa (Omega), hecho preso por alegadamente golpear a su ex esposa.

De acuerdo a dicha fuente, la Fiscalía del Distrito Nacional era de opinión que Omega debía permanecer en prisión, por tratarse de un caso grave, como lo es haber golpeado a una mujer.

Sin embargo, el procurador general de la República habría ordenado al fiscal Hernánde Peguero que dejara sin efecto la solicitud de medida de coerción que había incoado contra el cantante.

“El manda allá y yo mando aquí”, habría dicho el fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero, en respuesta a la orden que le habría dado el procurador Jiménez Peña.

Pero, según la fuente, las desavenencias no solo son con el fiscal del Distrito Nacional, sino también con el director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, doctor Octavio Líster.

Líster, según lo relatado por el informante, estuvo a punto de renunciar cuando el procurador general de la República mandó a buscar el expediente del caso de los cupones que se utilizaban para el subsidio del gas licuado de petróleo, cuyo expediente encabeza el licenciado Angel Lockward.

Consultado ayer al respecto, Líster dijo que fue una decisión de la Procuraduría el retiro de la querella interpuesta contra Lockward, acusado de mal uso en la distribución de cupones del Gas Licuado de Petróleo cuando era secretario de Industria y Comercio. Líster explicó que fue desapoderado del caso y se definió como “un soldado” del ministerio público.

“Nosotros, por respeto y por disciplina, lo que estamos haciendo pura y simplemente es abstenernos de participar en cualquier acción procesal porque ya estamos desapoderados del mismo”, indicó el funcionario.

APRESAN JEFE DE RED DE NARCOTICOS

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó el apresamiento del jefe de una red de narcotraficantes y responsable del cargamento de 250 paquetes de cocaína incautado en medio de una balacera hace dos semanas en Baní.
Se trata de César Emilio Peralta, capturado por la DNCD dos semanas después de que escapara del lugar donde se produjo el decomiso del alijo.
Según la DNCD, Emilio Peralta es un reincidente en el tráfico de drogas, ligado al negocio de discotecas y es parte de una organización que tiene nexos con los hermanos del convicto por narcotráfico Rolando Florián Féliz, así como el ex militar José Martín de la Cruz Pérez, la persona arrestada el 28 de marzo en la madrugada cuando se desplazaba en una yipeta con 250 paquetes en diez sacois de polipropileno.
De acuerdo a la DNCD, Emilio Peralta, quien tiene cinco fichas en la DNCD, fue detenido junto a dos hombres, que fueron despachados por no tener nexos con el grupo, en la calle Paseo de los Cronistas de Arte esquina Josefa Brea, en el Ensanche Luperón, la zona de dos narcotraficantes conocidos como El Gringo y El Chino, definidos como grandes distribuidores de drogas en los barrios de la parte Norte de la capital.
Ese cargamento de cocaína fue ocupado en una zona próxima a Playa Overo, en Baní, en medio de una refriega a balazos con miembros de la agencia antidrogas en esa ciudad, logrando escapar Peralta y otros sujetos que les acompañaban.
No ha sido posible determinar la cantidad de droga que lograron llevarse el imputado en medio de confusión, aunque fue posible atrapar los 258 que el reincidente llevaba De la Cruz Pérez.
El arresto de Peralta se hizo amparado en una orden judicial, de acuerdo a un informe dado a conocer este viernes por la DNCD, a nombre de su presidente, el mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira. Todavía faltan otros implicados en ese caso, aunque el jefe antidrogas no quiso revelar sus nombres para evitar que escapen, porque “se trata de delincuentes extremadamente hábiles y peligrosos”.
Se le vincula a por lo menos seis grandes casos, sobre todo a cargamentos recogidos en la zona Este del país y en una finca propiedad de un beisbolista de grandes ligas, así como a otro alijo que era transportado por dos hombres que se accidentaron en una jeepeta hace cuatro meses en Miches. El mencionado reincidente se hace llamar también Rolando Martínez Alcántara.

DNCD OCUPA CARGAMENTO DE DROGAS EN MEDIO DE TIROTEO

POR SILVIO CABRERA



La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se incautó esta madrugada en una playa de Baní de un cargamento de 250 paquetes de cocaína, con peso aproximado de 255 kilogramos, en una operación realizada en medio de un tiroteo en el que fue arrestado una persona que transportaba el alijo en una jeepeta.
La DNCD informó que la droga fue ocupada por miembros de esa institución en esa ciudad poco después de recibir la información de que una aeronave de matrícula desconocida había realizado un ‘bombardeo’ del alijo de cocaína.
La institución antinarcóticos informó que en el operativo fue apresado José Martín de la Cruz Pérez, quien conducía el vehículo en que fue encontrada la millonaria carga.
La información la ofreció el vocero antidrogas, Roberto Lebrón, hablando a nombre del presidente de la DNCD, mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira.
Según Lebrón, de la Cruz Pérez, residente en el Ensanche Quisqueya, en la capital, recogió la droga en la denominada Playa Jovero, pasada la media noche de este jueves.
Indicó que en la zona donde fue recogida la droga, cuya procedencia no ha sido establecida, varios individuos atacaron a balazos a los agentes del organismo antinarcóticos, logrando los agresores escapar.
El cargamento de cocaína estaba distribuido en 10 sacos con 25 paquetes cada uno, los cuales fueron trasladados de inmediato a la sede central de la DNCD.
A De la Cruz Pérez, de 41 años, les fueron ocupados una escopeta calibre 12, marca Mossberg, y teléfono móvil, aparato que al parecer a través del habría recibido las informaciones para recoger la droga.
Los agentes antidrogas fueron acompañados por el fiscal adjunto Máspero Hatuey Santana, quien levantó el acta correspondiente del decomiso.
Sin embargo, Lebrón comunicó que los individuos que agredieron a la DNCD lograron escapar a bordo de una camioneta color negro, en la que se supone cargaban una indeterminada cantidad de paquetes de cocaína. Por eso, agregó, se realiza un rastreo en la zona, iniciando por San Cristóbal, a los fines de capturar a los fugitivos, de los que se presume alguno pudo haber resultado herido en medio de la balacera.
Ningún miembro de la DNCD resultó lesionado, de acuerdo a un informe del inspector antidrogas en Baní, mayor policial Oscar Tejeda Bárez.
De acuerdo a Lebrón, De la Cruz Pérez estaba fichado por un caso de 12 kilos de cocaína, en el que también están involucrados Juan Florián Féliz, alias Juan El Grande; y Benny Ariel Florián, hermano y sobrino del convicto Rolando Florián Féliz, así como los nombrados Nicodemo Silverio de la Cruz, alias Papo; Robert Reynaldo Ascencio, Jovanny Rafael Batista y Joel Féliz Cuevas.

FALTA DE DICTAMEN IMPOSIBILITA CONOCER CASO GARCIA CASTRO

POR SILVIO CABRERA


La falta de un dictamen u opinión por parte de la Procuraduría General de la República ha imposibilitado que la Suprema Corte de Justicia conozca un recurso de revisión contra la sentencia que confirma el descargo de los acusados de la muerte del periodista Gregorio Carcía Castro (Goyito), cuyo hecho se cumplen hoy 35 años.
Desde hace más de tres años, el expediente se encuentra en la Procuraduría General de la República para fines de opinión o dictamen, lo que ha imposibilitado que la Suprema Corte de Justicia pueda conocerlo.
La familia García Castro presentó un recurso de revisión por ante la Suprema Corte de Justicia, pero el presidente de ese tribunal, doctor Jorge Subero Isa, remitió el expediente a la Procuraduría General de la República, a los fines de que allí se produjera, como se acostumbra por mandato de la ley, a la emisión de un dictamen u opinión.
Sin embargo, hasta la fecha y a pesar de varias intimaciones a la Procuraduría General de la República por parte de la familia Carcía Castro, el dictamen no se ha producido.
Para hoy, una comisión del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) encabezada por su presidenta Mercedes Castillo, tiene programado visitar al procurador general de la República para pedirle una vez más que emita el dictamen y así poder poner a la Suprema Corte de Justicia en condición de conocimiento de causa.
García Castro (Goyito) fue muerto a balazos el 28 de marzo de 1973 en la calle Las Mercedes de la Zona Colonial.
El año pasado, el ingeniero Enrique García Prometa, hijo de García Castro, denunció que era amenazado por Milton Lemos, quien fue uno de los acusados de la muerte de su padre.
“El Ministerio Público, en la persona del procurador general, es responsable del seguimiento de este caso, incluyendo de mi seguridad personal por el riesgo que estamos asumiendo, por su actitud huidiza y dubitativa ante tan aberrante crimen y sus derivaciones”, dijo en esa ocasión García Frometa.
El año pasado, el doctor Domingo Porfirio Rojas Nina, abogado de la parte civil constituida en el caso, dijo que el expediente podría incluso ser llevado a la Corte Interamericana.
Expresó que, sin embargo, primero hay que agotar la fase de la revisión, por lo que sugirió que la Procuraduría General de la República rinda su dictamen, para que así la Suprema Corte de Justicia quede en condición de conocer el caso.

CULPAN A VIGILANTES PENITENCIARIOS DE MOTIN DE PUERTO PLATA

POR SILVIO CABRERA

El director general de Prisiones, general José Ignacio Sandoval Cabrera, declaró hoy que el motín que se produjo ayer en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata estuvo basado en la inconformidad de los presos con el trato que reciben de los agentes penitenciarios.
“La Dirección General de Prisiones informa que en horas de la mañana de hoy lunes (ayer), los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata protagonizaron una protesta basada en la inconformidad con el trato que reciben de los agentes penitenciarios”, dijo Sandoval Cabrera a través de una nota de prensa.
Informó que el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, designó una comisión para que se encargue de coordinar todo lo relacionado con el nuevo modelo de gestión penitenciaria.
Según Sandoval Cabrera, esa comisión la integran Ibelca Villanueva, Rosa Julia Flores y Agustín Reyes Genao.

Retorna la calma
La calma retornó esta mañana a dicho centro, luego que los internos llegaran a un acuerdo con las autoridades carcelarias. El acuerdo consiste en buscarle soluciones a las demandas que plantean.
En el motín, 10 reclusos resultaron heridos de perdigones disparados por la seguridad del recinto.
La protesta fue en demanda de mejores atenciones alimenticias, revisión a las exigencias para las visitas conyugales, extensión de la cancha de básquetbol y la instalación de más aparatos telefónicos.

Los reclusos quemaron colchones, sábanas, mosquiteros y almohadas, exigiendo mejores condiciones de vida, sobretodo mejor calidad y variedad de los alimentos que les proporcionan.

Los heridos por perdigones son Carlos Infante, Carlos Méndez, Henry Adames Rodríguez, José Bienvenido Reyes, Sixto Batista, Marino Sánchez, Zacarías Ferreira, John Morillo, Nicanor Sánchez y Víctor Clase. Fueron atendidos en el mismo centro penitenciario.
Para controlar el motín, los agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario establecidos por el nuevo modelo de gestión penitenciaria, precisaron de la ayuda de agentes de la Policía, del Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata y de la Brigada de la Cruz Roja y la Defensa Civil.

SOMETEN A LA JUSTICIA CASO DE DERRAME DE PETROLEO EN BOCA CHICA

POR SILVIO CABRERA

Un grupo de organizaciones sociales de Boca Chica sometió hoy a la justicia por ante la Procuraduría General de Medio Ambiente a la compañía propietaria del barco que derramó combustible en esa playa.
Las entidades sociales, entre ellas la Asociación de Comerciantes de Boca Chica, Plaza de los Pescadores y la Fundación para la Defensa de los Derechos del Consumidor presentaron una querella con constitución en parte civil contra la empresa marítima Niels Jules, de bandera liberiana, propietaria del barco que derramó el combustible.
El sometimiento judicial fue hecho a través del abogado Juan Frías Agramonte, quien dijo que no es cierta la información de la Secretaría de Medio Ambiente, respecto de que la playa fue completamente limpiada.
Precisó que la limpieza se hizo sin la previa realización de un estudio sobre el impacto ambiental provocado por el derrame.

INTERROGAN A IMPLICADOS EN FRAUDE DE LOS PENSIONADOS

POR SILVIO CABRERA

Uno de los implicados en el presunto fraude de 280 millones de pesos en perjuicio de cientos de pensionados, y a quien se le acusa demás de asesinar a su suegra de siete balazos, fue interrogado esta mañana por La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), tras ser capturado ayer en Montecristi por las autoridades.

Angel José Castro Castro fue llevado esta mañana a la DPCA esposado y con chaleco antibalas bajo estrictas medidas de seguridad.

A su llegada al organismo anticorrupción, en la tercera planta del edificio viejo del Palacio de Justicia del Centro de Los Héroes, dijo a los periodistas que no tenía nada que ver con el presunto fraude.

Sostuvo que nunca estuvo prófugo de la justicia, como se ha alegado, en vista de que andaba libremente por las calles de Montecristi y la Capital.

Se definió como un peledeísta que “ayude a subir al presidente Leonel Fernández, al doctor Octavio Líster y a todos los que hoy me acusan de esta vaina”

Castro fue capturado ayer por fiscales investigadores de la DPCA, con el apoyo de la Policía, mediante un operativo realizado en el municipio Villa Vásquez de la provincia Monte Cristi.

Se le acusa, además, del asesinato de su suegra, a quien, según las autoridades, mató de siete balazos en un hecho ocurrido en la capital en noviembre pasado.

Se informó que Castro Castro, al momento de notar la presencia de las autoridades, dejó abandonado el vehículo en que viajaba, tratando de confundirse entre estudiantes de una escuela de ese municipio. Al momento de ser detenido, fue despojado de una pistola.

El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, dio instrucciones para que el imputado fuera trasladado a la DPCA, para ser interrogado en torno al caso.

Luego de que Castro sea interrogado, será entregado a la magistrada Rosanna Vásquez, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien conoce un juicio preliminar en contra de los implicados en el fraude.

FRANCO BADIA LLEVA NUEVOS DOCUMENTOS A LA SUPREMA

POR SILVIO CABRERA



El doctor Pedro Franco Badía presentó hoy por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) nuevos documentos con revelaciones que, a su entender, llevarán a ese tribunal a revisar la sentencia que lo condena a tres años de prisión domiciliario y al pago de 15 millones de pesos de multa por el caso del Plan Renove.

Badía, a través del vocero de la barra de su defensa Bolívar Reynoso, pidió a la SCJ que la revisión de su caso sea conocida de manera separada.

Entre los nuevos documentos llevados por la defensa de Badía a la SCJ figuran sendas cartas del ex presidente Hipólito Mejía y otra del imputado que no fueron ponderadas al momento de dictar la sentencia condenatoria en su contra.

La nueva normativa procesal penal establece que el recurso de revisión es admisible cuando hay hechos o documentos nuevos que no fueron ponderados al momento de dictar la sentencia.

De acuerdo a dicha normativa, las penas y los recursos individuales, por lo que al entender de la defensa de Badía, la SCJ está en la obligación de conocer y decidir de manera separada cada uno de los recursos de revisión que le presenten.

El recurso de revisión de Badía fue presentado por ante la SCJ el once de este mes y ese mismo se día le fue notificado al juez de ejecución de la pena, con el objetivo de que se abstenga de ejecutar la sentencia hasta que haya una decisión.

Ayer, el ex presidente Hipólito Mejía insistió ante la SCJ que los vehículos entregados a través del Plan Renove a instituciones no gubernamentales y choferes independientes contaron con su autorización.

“Ratifico nueva vez que todas las unidades vehiculares entregadas por el doctor Pedro Franco Badía en su calidad de secretario administrativo de la Presidencia primero y de Interior y Policía después, a instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y entidades sin fines de lucro, fueron autorizadas expresamente por el suscribiente”, expresa la carta del ex mandatario,

La misiva de Mejía dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, está fechada el cuatro de marzo, pero fue recibida en el despacho del funcionario el seis de este mes, a las 9:00 de la mañana.

El pasado mes, el ex presidente Mejía mandó también una correspondencia a Subero Isa en la que, al igual que ésta, se hace responsable de los vehículos repartidos por Badía.

El ex mandatario propone a la SCJ que lo llame como “testigo útlil”, para aclarar todo lo concerniente a la ejecución del Plan Renove.

Conforme al consejo de Defensa de Badía, el ex presidente Mejía es una pieza clave para el esclarecimiento definitivo del caso, por lo que entienden que la SCJ debe llamarlo a declarar en el proceso de revisión de la sentencia.

La sentencia de la SCJ que ratifica las condenas impuestas a los acusados comenzó a ser ejecutada ayer, con el apresamiento del imputado Fabio Ruiz.

Los jueces de ejecución de la pena del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo dictaron ayer mandamiento de prisión contra seis de los diez condenados.

EX SECRETARIO DE LA FUERZA AEREA EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

POR SILVIO CABRERA

El Tercer Juzgado de la Instrucción de la Provincia Santo Domingo inició esta mañana el conocimiento del juicio preliminar seguido al ex jefe de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), general retirado Virgilio Sierra Pérez, y dos coroneles retirados, implicados en la supuesta distracción de cuatro turbinas, una de las cuales fue vendida a la Fuerza Aérea de Colombia.

El Ministerio Público, representado por el subdirector de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, Hotoniel Bonilla, pidió a la presidenta del tribunal, Karen Mejía Pérez, enviar a los inculpados a juicio de fondo, por entender que contra ellos existen indicios que comprometen su responsabilidad penal.

El caso se iba a conocer el 22 de enero de este año y fue reenviado para hoy, para que las partes elaboren sus medios de defensa y de acusación.

El reenvío para hoy fue aceptado por la magistrado Mejía Pérez luego de que la defensa de los imputados solicitara una reposición de plazos para presentar sus medios de defensa.

Los coroneles retirados de la FAD incluidos en la petición formulada por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa son Luis Benito Peralta Vásquez y Eldito Méndez Casanova, acusados de vender dos turbinas de avión de la Fuerza Aérea Dominicana a la Fuerza Aérea colombiana, por un monto de 75 mil dólares.

El proceso duró varios años en investigación por parte de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.

El año pasado, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo declaró el caso complejo, lo que dio oportunidad al Ministerio Público para que ampliara el proceso investigativo.

En ese entonces, los jueces de la Corte de Apelación Hirohito Reyes, Enrique Marchena Pérez, e Ysis Munis Almonte declaron complejo el expediente al acoger una solicitud del procurador general, quien solicitó tiempo para investigar “debido a que estaban confrontando trabas para obtener documentos en el área administrativa de la Fuerza Aérea debido a que el Ministerio Público es autoridad civil”.

En esa ocasión, el Ministerio Público alegó que el caso cada vez se tornaba delicado, porque dos de las turbinas fueron vendidas en Colombia y otra se encuentran como pieza de museo en Nueva York.

CUATRO HERIDOS EN APARATOSO ACCIDENTE FRNETE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

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POR SILVIO CABRERA

Cuatro pasajeros de una guagua de las denominadas “voladoras” resultaron heridos esta mañana luego que el vehículo se volcara tras ser impacto por un camión esta mañana, frente al edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Heróes. Los cuatro heridos, cuyos nombres no se pudieron obtener, viajaba en el minibús placa 1019502 el cual fue impacto por el camión placa l034903. (Foto Juan Carlos Reyes).

SUPREMA CORTE LLAMA A LOS JUECES A ACTUAR APEGADO A LA ETICA

POR SILVIO CABRERA

El presidente de la Suprema Corte de Justicia destacó ayer la importancia de que los defensores públicos y miembros del Poder Judicial actúen apegados a un código de ética y la regla del derecho, como forma de combatir la corrupción.

El doctor Jorge Subero Isa dijo que si los funcionarios públicos actuaran bajo un código de comportamiento, la situación del país hoy en día sería diferente.

Subero Isa se expresó en estos términos al poner anoche en circulación el Código de Comportamiento Etico, en el Auditorio de la SCJ.

En la actividad se dio a conocer la función que realizará el Sistema de Integridad Institucional, que tiene como misión promover la confianza ciudadana basada en el compromiso de actuar apegado a principios éticos en la asistencia, asesoría y representación de las personas que demandan servicios en el sistema de defensa pública.

Este sistema está integrado por un Código de Comportamiento Etico, guía modelo que sirve de estructura para reglamentar una debida conducta.

El Sistema de Integridad Institucional, encierra, además, el Código de Cultura Institucional del personal de la Defensa Pública.

NOTIFICAN A JUECES DE EJECUCION DE LA PENA DE SENTENCIA PLAN RENOVE: IMPUTADOS A PUNTO DE CAER PRESOS

POR SILVIO CABRERA

Los ex funcionarios gubernamentales y empresarios del transporte condenados por el caso del Plan Renove podrían ser apresados en las próximas horas, luego de que este miércoles la Suprema Corte de Justicia (SCJ) notificará a los jueces de ejecución de la pena sobre la ratificación de la sentencia que se dictó contra ellos.

A partir de hoy, el apresamiento de los imputados quedó en manos de los jueces de ejecución de la pena de San Cristóbal y el Distrito Nacional.

Los condenados Pedro A. Franco Badía, por prevaricación y desfalco en perjuicio del Estado; Fabio Ruiz, culpable de prevaricación, estafa y desfalco; Milcíades Amaro Guzmán, por estafa y desfalco en perjuicio del Estado; Casimiro Antonio Marte Familia, por prevaricación, estafa y desfalco, y Gervasio de la Rosa, por prevaricación y desfalco.

También, Blas Peralta, por prevaricación y desfalco; Francisco Antonio Pérez, por prevaricación y desfalco; Paulino Antonio Reynoso, por cómplice de crimen de desfalco en perjuicio del Estado.

Asimismo, a Freddy Méndez, por prevaricación y desfalco; Alfredo Pulinario Linares (Cambita), por prevaricación y desfalco.

Con esta decisión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia rechaza el recurso de casación que había interpuesto los condenados por el caso Plan Renove.

El fallo también da por terminado este juicio, debido a que ya no existen más instancias para fines de recurrencia.

Las penas

Franco Badía fue condenado a 3 años de reclusión menor en su domicilio (por su estado de salud) y al pago de una multa de RD$15 millones.

Fabio Ruiz fue condenado a 4 años de reclusión mayor, en la cárcel de Najayo, y al pago de una multa de RD$10 millones.

Milcíades Amaro Guzmán fue condenado a 3 años de reclusión mayor, en Najayo, y al pago de una multa de RD$5 millones de pesos.

Antonio Marte fue condenado a 3 años de reclusión mayor, en Najayo, y al pago de una multa de RD$8 millones.

Gervasio de la Rosa fue condenado a 2 años de reclusión menor, en Najayo, y una multa de RD$3 millones.

Blas Peralta fue condenado a 6 meses de prisión correccional, en Najayo, y al pago de una multa de RD$2 millones.

Francisco Antonio Pérez, 6 meses de prisión correccional en su domicilio (por avanzada edad).

Paulino Antonio Reynoso, 2 años de prisión correccional.

Freddy Méndez, 6 meses de prisión correccional (domiciliaria, por condición de edad) y el pago de una multa de RD$1 millón de pesos.

Alfredo Pulinario Linares (Cambita), condenado a 6 meses de prisión correccional (domiciliaria).

APLACAN CONOCIMIENTO CASO SUN LAND

POR SILVIO CABRERA


El Juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, doctor Román Berroa Hiciano, aplazó esta mañana para el siete de marzo el recurso de oposición a la decisión del Fiscal del distrito Nacional sobre el caso Sun Land donde el Partido Revolucionario Dominicano fue rechazado como querellante.

El magistrado fijó la nueva fecha a solicitud de los abogados del ingeniero Félix Bautista , quienes alegaron que fueron notificados anoche por el tribunal del recurso interpuesto por el PRD, asimismo el juez dijo que Bautista no tendrá que comparecer porque se trata de un asunto meramente técnico y las partes están representada por sus abogados.

Por el PRD asistieron el ingeniero Ramón Alburquerque, Orlando Jorge Mera, presidente y secretario general respectivamente de la organización politica y el doctor Rafael Mejía Guerrero.

Mientras que Bautista estuvo representado por los abogados Nicolás Calderón y Abel
Rodríguez del Orbe.

El PRD recurrió en oposición la decisión de Fiscalía del Distrito Nacional que declaró inadmisible la querella por abuso de confianza presentada por el Partido Revolucionario Dominicano, en contra del ingeniero Bautista acusado de presuntas irregularidades en el manejo de contrato suscrito entre el Estado dominicano y la compañía Sun Land Corporation.

En La decisión el fiscal decidió investigar de oficio la denuncia, por lo que solicó a la Cámara de Cuentas realizar los experticios, auditoria o análisis contables respecto a las obligaciones contraídas por el Estado en razón de las obras contratadas, especificados en los documentos suscritos con la Sun Land.

El doctor José Manuel Hernández Peguero desestimó la querella contra de Bautista, alegando falta de calidad para actuar como querellantes del presidente y secretario general del PRD, Ramónn Alburquerque y Orlando Jorge Mera, respectivamente, quines hicieron el sometimiento.

Hernández Peguero, y los fiscales adjuntos Dante Castillo Medina y José Agustín de la Cruz Santiago, fueron los que trabajaron la decisión con relación a la querella del PRD.

ALVAREZ RENTA HOY EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS POR EL CASO BANINTER

POR SILVIO CABRERA
Con la presentación de la acusación en contra del empresario Luis Alvarez Renta, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional reanudó esta mañana el juicio en segundo grado a los implicados en la alegada estafa por más de 74 mil millones de pesos cometida en el Banco Intercontinental (Baninter).

El tribunal conoce los recursos de apelación incoados por el Ministerio Público y por el propio Alvarez Renta contra la sentencia que lo condena a 10 años de prisión por lavado de activos provenientes de Baninter.

En el juicio, que se inició el 18 de este mes, la Corte conoció los recursos de apelación de Ramón Báez Figueroa y Vivian Lubrano de Castillo.

Para Lubrano de Castillo, el Ministerio Público solicitó la revocación de la sentencia que la descarga de la acusación y que en cambio sea condena a 10 de cárcel.

Mientras que para Báez Figueroa pidió que se le aumente la condena de 10 a 20 años de cárcel, por entender que es culpable de lavado de activos y abuso de confianza.

En la defensa de Báez Figueroa no participa su principal abogado, doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho).

Castillo no ha participado en ninguna de las audiencias que se celebran desde el lunes 18 de este mes, y oficialmente su hijo Vinicio Castillo Semán confirmó que no asistirá, en vista de que a su entender, no es necesario.

El pedido de 20 de años de cárcel para Báez Figueroa está sustentado en alegada adulteración, ocultación, abuso de confianza y lavado de activos en perjuicio de la sociedad y el Estado dominicano

LA DE BANINTER Y LA DE LOS POBRES: ¿JUSTICIA O INJUSTICIA?

POR SILVIO CABRERA

La Justicia es igual para todos. Un decir que del dicho al hecho hay tremendo trecho, a juzgar por la diferencia notable que se observa en los tribunales cuando se juzga a un rico y cuando el justiciable es un pobre.
Si se quiere establecer diferencia sólo hay que darse un paseo por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional donde se conoce en segundo grado el caso Baninter. Veamos…
Antes, esta Corte solo era un salón maloliente, con el piso curtido, los bancos sucios y llenos de letreros de los presos, con escrituras, por ejemplo como está: “por aquí pasó Kico 41”, “aquí estuvo come vidrio” y “El Loco de la 20”.
Antes, para escuchar a un juez había prácticamente que subir al estrado. Ahora en el juicio Baninter, por el contrario el sonido en la sala que se emite a través de micrófonos es impecable.
Los bancos los lustraron y los pintaron con finas pinturas de caoba, el piso lo brillaron y lo enceraron, hasta el punto que cualquiera que no esté acostumbrado a caminar en ese tipo de piso se cae.
Hay áreas exclusivas habilitadas para los acusados, la prensa, los camarógrafos y los visitantes. No se respira el calor sofocante de antes, ahora, en Baninter, el aire congela.
El problema es que los acusados, perdón “los imputados”, no son los mismos. No son ni Kico 41, ni Come Vidrio ni El Loco de la 20. Los acusados, perdón, “los imputados” son Ramón Báez Figueroa, Viviano Lubrano de Castillo, Luis Alvarez Renta y Marcos Báez Cocco. Y no dizque la justicia es igual para todos?,

DEPRECO ADVIERTE A HIPOLITO QUE NO PODRA IR COMO TESTIGO EN EL PLAN RENOVE

POR SILVIO CABRERA

La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa le advirtió ayer al ex presidente Hipólito Mejía que no podrá presentarse como “testigo útil” ante la Suprema Corte de Justicia en el caso del Plan Renove, debido a que la fase procesal de presentación de pruebas y testigos pasó.
Octoniell Bonilla, subdirector de la institución y representante del Ministerio Público en el caso, dijo que por esa razón, la propuesta del ex mandatario es extemporánea.
“El tiempo procesal para promover pruebas hace tiempo que se agotó e incluso, él fue propuesto como testigo por el doctor Pedro Franco Badía en el juicio de la magistrada Esther Angelán y la juez desestimó ese pedido, por haber sido hecho de manera irregular”, recordó Bonilla.
Sostuvo que esa decisión de la jueza Angelán, de rechazar al ex presidente Mejía como testigo, no fue apelada, razón por la que ahora en esta fase no puede presentarse.
“De manera que esa decisión de la jueza no fue recurrida en ningún momento, por lo que por tanto ese elemento probatorio ha adquirido la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada”, subrayó Bonilla.
Consideró que la propuesta del ex presidente Mejía no es más que un intento de los imputados de escaparse de la acción judicial ante el caso que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia.
Declaró que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa está a la espera que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie en los próximos días declarando nulos los recursos de casación interpuestos por los imputados, para que en consecuencia se constituyan en prisión.
“Lo que sí puedo asegurarle al ex presidente es una cosa, y es que he visto que ellos han estado adelantando, según la carta del ex presidente Mejía, la posibilidad de recurrir en revisión la decisión que decida la Suprema Corte de Justicia. Les quiero recordar que el recurso de revisión no suspende la ejecución de la sentencia que ya se haya emitido, por lo que por tanto creo que eso no les servirá de mucho”, precisó Bonilla.
Advirtió que tan pronto la Suprema Corte de Justicia falle contra ellos serán encarcelados, en razón de que legalmente el recurso de revisión no paraliza la ejecución de la sentencia.
Aclaró que ni siquiera él será el que los aprese, ya que en el encargado de hacerlo será el juez de ejecución de la pena.
El viernes, ell ex presidente Mejía defendió la operación del Plan Renove y se ofreció como “testigo útil” ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para el esclarecimiento del caso.
En correspondencia al presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, y demás jueces de ese tribunal, el ex mandatario sostuvo que el Estado no invirtió ni un solo centavo en la operación del Plan Renove.
Le comunicó a Subero Isa y demás jueces que cada una de las 312 unidades que se entregaron a las instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y entidades sin fines de lucro, fueron autorizadas expresamente por él.
Sostuvo también que en la actualidad más de 800 millones de pesos han sido pagados por las centrales sindicales y los choferes independientes, lo que según él, unido al valor de las unidades, permite colegir por simple operación matemática que la suma pagada y el valor de los vehículos totalizan la inversión que se hizo.
“Desde el inicio de este largo y tortuoso proceso he estado a la disposición de todas las instancias judiciales para precisar o aclarar cualquier duda con relación a la compra, distribución y donación de las unidades vehiculares que fueron adquiridas con financiamiento externo, aprobado por el Congreso Nacional y en el cual el Estado dominicano no invirtió ni un centavo para la referida operación”, dijo el ex mandatario en su carta.
“Todos los dirigentes sindicales que formaban parte del Plan Renove ocupaban sus posiciones no en calidad de funcionarios públicos sino en representación de cada una de sus centrales sindicales”, refiere Mejía en la correspondencia.
Dijo también que cada una de las 312 unidades que se entregaron a las instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y entidades sin fines de lucro fueron autorizadas expresamente por él.

EX PRESIDENTE MEJIA PIDE A LA SUPREMA QUE LO LLAME COMO TESTIGO EN EL CASO DEL PLAN RENOVE

POR SILVIO CABRERA

El ex presidente Hipólito Mejía defendió hoy la operación del Plan Renove y se ofreció como “testigo útil” ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para el esclarecimiento del caso.
En correspondencia al presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, y demás jueces de ese tribunal, el ex mandatario sostuvo que en el Plan Renove el Estado no invirtió ni un solo centavo para su operación.
Le comunicó a Subero Isa y a los demás jueces que cada una de las 312 unidades que se entregaron a las instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y entidades sin fines de lucro fueron autorizadas expresamente por él.
Sostuvo también que en la actualidad, más de 800 millones de pesos han sido pagados por las centrales sindicales y los choferes independientes, lo que según él, unido al valor de las unidades, permite colegir por simple operación matemática, que la suma pagada y el valor de los vehículos totalizan la inversión que se hizo.
A continuación el texto completo de la carta del ex presidente Mejía a Subero Isa.
“El abajo firmante, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, en mi calidad de ex presidente constitucional de la República Dominicana, tengo a bien llevar al conocimiento de ese elevado tribunal elementos fundamentales que permitirán una comprensión cabal y absoluta de todo lo referente a las labores administrativas del indicado Plan Renove”.
“Desde el inicio de este largo y tortuoso proceso he estado a la disposición de todas las instancias judiciales para precisar o aclarar cualquier duda con relación a la compra, distribución y donación de las unidades vehiculares que fueron adquiridas con financiamiento externo, aprobado por el Congreso Nacional y en el cual el Estado Dominicano no invirtió ni un centavo para la referida operación”.
“El decreto que creo el Plan Renove establecía por si mismo todo lo concerniente a su sistema operativo, así como la conformación de su Consejo Directivo, las comisiones y las funciones específicas de cada uno de sus miembros, quienes no percibían salario alguno, exceptuando los que no desempeñaban ninguna posición en el tren gubernamental”.
“Todos los dirigentes sindicales que formaban parte del Plan Renove, ocupaban sus posiciones no en calidad de funcionarios públicos, sino en representación de cada una de sus centrales sindicales”.
“El proceso de licitación y compra se realizó con pulcritud y transparencia y los cuestionamientos sin fundamentos que se produjeron posteriormente, no fueron más que pujos normales de sectores interesados en restarle méritos a ese novedoso Plan”.
“Cada una de las 312 unidades que se entregaron a las instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y entidades sin fines de lucro fueron autorizadas expresamente por el suscribiente. Los beneficios resultantes de esas donaciones ni los más enconados enemigos del Plan lo han podido desmeritar”.
“En la actualidad, más de 800 millones de pesos (RD$800,000,000.00) han sido pagados por las centrales sindicales y los choferes independientes, lo que unido al valor de las unidades, cuyas matriculas y contratos acorde con la Ley No.483 de venta condicional de muebles, están en poder del Plan Renove, nos permitiría colegir, por simple operación matemática, que la suma pagada y el valor de los vehículos totalizan la inversión del Plan Renove”.
“En todo caso, el gobierno solo es responsable del pago de los vehículos que fueron entregados a las instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y asociaciones sin fines de lucro; entregas normales en todos los gobiernos y que en el actual continúa a ritmo acelerado”.
“En consecuencia, me ofrezco como útil, para el proceso de revisión y sobre todo para el establecimiento definitivo de la verdad”.
“Yo pregunto, honorables magistrados, ¿es un proceso de compra transparente, en una distribución racional y equitativa, y con una recuperación de la inversión, lenta pero segura, donde podría estar la prevaricación, el desfalco o la estatal?”.

PRESENTAN A PLENO DE LA SUPREMA CORTE CASO DE LA SUN LAND

POR SILVIO CABRERA

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fue apoderado esta mañana de los recursos de inconstitucionalidad incoados por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo contra los préstamos que contrajo el Estado con la Sun Land para la construcción obras públicas.

El Pleno decidirá si lo coloca o no en la agenda de orden de de conocimiento y fallo.

La SCJ, a través de su Dirección de Comunicaciones dijo que tal y como se había previsto, esos casos fueron colocados en la agenda del día del Pleno para fines de presentación.

La pasada semana, el presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, en respuesta una pregunta de El Nacional respondió que hoy 21 de febrero llevará esos expedientes para que sean colocados en el orden de conocimiento y fallo correspondiente.

Contra los préstamos de la Sun Land existen tres recursos de inconstitucionalidad, dos del PRD y uno por el Foro Social Alternativo.

Los primeros dos recursos los interpusieron el PRD y el Foro Social Alternativo contra el préstamo de 130 millones de dólares que hizo con la Sun Land la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

El otro recurso fue interpuesto por el PRD contra el préstamo de 200 millones de dólares que hizo la Secretaría de Obras Públoicas con la Sun Land.

Este último contrato, según el PRD, fue firmado en junio de 2006 sin ser enviado al Congreso, lo que, a su entender, constituye una violación de la Constitución de la República.

La existencia sobre este ultimo préstamo fue dado a conocer por los periodistas Nuria Piera y Huchi Lora en el programa radial Nuria y Huchi en CDN, quienes pusieron el documento a disposición de las entidades que estén interesadas.

Ayer, el Foro Social Alternativo visitó la SCJ en donde entregó un documento instando al Pleno de ese tribunal a fallar esos casos cuanto antes.

Con esos fines, para la mañana de hoy, varias organizaciones religiosas tenían programada una visita a la sede la SCJ, en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.

BAEZ FIGUEROA SE DEFIENDE DE CARGOS LAVADO DE ACTIVOS

POR SILVIO CABRERA

La defensa del empresario Ramón Báez Figueroa trataba esta mañana de probar que su cliente no incurrió en lavado de activos en el caso de Baninter, razón por la cual se opone a que se le castigue por ese delito.

Juárez Castillo y Vinicio Castillo Semán refutaron en ese sentido las acusaciones presentadas contra Báez Figueroa por el Ministerio Público y la parte civil constituida.

Desde ayer, ambos abogados a través de fílmicas y documentos intentan demostrar que las operaciones que se hicieron en Baninter, como son los casos de las adquisiciones de medios de comunicación, se hicieron de manera legal.

Juárez Castillo dijo que, por ejemplo, en el caso de la compra de RNN se hizo de forma legal y de cara al público, hasta el punto que en el acto de inauguración participaron el entonces presidente de la República Hipólito Mejía y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.

En la audiencia de ayer, las autoridades monetarias y financieras pidieron la inclusión del cargo de lavado de activos y, por vía de consecuencia, condenar a 20 años de reclusión a Báez Figueroa.

La exposición de la parte civil estuvo a cargo del abogado José Lorenzo Fermín quien pidió, además, que al principal implicado en el fraude que envuelve la suma de 74 mil millones de pesos, el pago de una multa de dos millones quinientos mil pesos y doscientos salarios mínimos como sanción civil.

En cuanto a lo penal el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la comisión de liquidación del Baninter también solicitaron al Tribunal que el imputado pague en indemnizaciones las sumas de 45 mil 469 millones de pesos por daños y perjuicios; 50 millones,82 mil 450 millones por las actuaciones punibles comprobadas en la sentencia y 18 mil 743 millones a favor del Baninter.

Dentro de los motivos argumentados por la parte civil, está que los jueces de primer grado interpretaron erróneamente el artículo 408 del Código Procesal, en lo relativo al contrato de mandato.

En la primera hora de ayer el abogado de la defensa, Juárez Castillo, presentó sus conclusiones ante los pedidos del Ministerio Público, que el pasado martes también solicitó al tribunal condena de 20 años para Báez Figueroa.

En su intervención solicitó a la Corte, Juárez Castillo pidió rechazar el pedido del Ministerio Público por considerarlo como improcedente, injusto y mal fundado.

Negó que su defendido incurriera en el delito de Lavado de Activos, debido a que esa actividad es oculta y todas las operaciones de negocios de su defendido fueron publicadas medios de comunicación.

DECLARAN INCONSTITUCIONAL TRASPASO 16 DE AGOSTO

POR SILVIO CABRERA

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional los artículos 1,2 y 4 de la Ley 139-97, que establecen el traspaso al lunes siguiente el 16 de agosto cuando éste cáe los días martes, miércoles, jueves y viernes.

El máximo tribunal de justicia acogió como bueno y válido un recurso de inconstitucionalidad incoado con esos fines por la Academia Dominicana de la Historia a traves de su presidente Francisco Michell Cordero.

En lo adelante, el 16 de agosto, Día de la Restauración, se celebrará igual que antes, el día que caiga en el calendario.

VINCHO CASTILLO SE AUSENTA DE AUDIENCIA CASO BANINTER

SILVIO CABRERA

El doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho) no participará en las audiencias como abogado en el juicio que se le sigue en segundo grado al empresario Ramón Báez Figueroa y demás imputados del alegado fraude por más de 55 mil millones de pesos cometido contra el Estado a través del Banco Intercontinetal (Baninter).
Castillo no ha participado en ninguna de las audiencias que se celebran desde el lunes 18 de este mes, y oficialmente su hijo Vinicio Castillo Semán confirmó que no asistirá, en vista de que a su entender, no es necesario.
“Como tú sabes, en esta fase casi todo se presenta por escrito y no es mucha cosa lo que se viene hacer”, sostuvo Castillo Semán, para justificar la ausencia de su padre.
Sin embargo, extraoficialmente se supo que el doctor Castillo de forma estratégica no participa directamente en el proceso, en vista de que fue esa corte que le confirmó la sentencia condenatoria que se dictó en primer grado en su contra por el caso del dirigente perredeísta Hernani Zalazar.
Se supo, además, que en esa ocasión el doctor Castillo hizo algunos comentarios sobre esos jueces, razón por lo que se habría entendido que no era conveniente que participara en los debates en esta parte del proceso.

LA AUDIENCIA DE HOY

La audiencia sobre el caso Baninter continúo esta mañana con la exposición de la defensa de los abogados de Báez Figueroa a cargo de los hermanos Vinicio Castillo Semán y Juárez Castillo y con la ausencia de su padre Vinicio Castillo (Vincho).
Dichos abogados refutan el pedido de ayer del Ministerio Público, representado por Francisco García, quien pidió aumentar de 10 a 20 años de prisión la sentencia que se le impuso en primer grado.
En lo relativo a Báez Figueroa, principal acusado del fraude que envuelve la suma de 74 mil millones de pesos, el Ministerio Público solicitó a la Corte condenarlo a 20 años de prisión por adulterar, ocultar, abuso de confianza y lavado de activos en perjuicio de la sociedad y el estado dominicanos.

En la audiencia de ayer que concluyó pasadas las 7:00 de la noche, el abogado Francisco García Rosa también pidió que sea condenado al pago de 200 salarios mínimos, disponer la confiscación y el decomiso de todos los bienes, productos e instrumentos relacionados con el hecho punible y que se le confirmen las medidas de coerción que les hayan sido dictadas.
Hoy continuará la exposición de la parte civil contra Báez Figueroa, de acuerdo con el organigrama del proceso iniciado el pasado lunes a las 9:00 de la mañana.
Respecto a la imputada Vivian Lubrano de Castillo, cuya apelación se terminó de conocer ayer, sus abogados pidieron a la Corte confirmar la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que la descargó de responsabilidad por insuficiencia de pruebas.
También pidieron rechazar las solicitudes de la parte civil y el Ministerio Público, quienes pidieron seis años de prisión para la imputada y el pago de multas millonarias.
El abogado Rolando de la Cruz Bello concluyó por la Defensa y no fue replicado ni por el Ministerio Público ni por la parte civil que catalogaron la misma de “inconsistente”.
De la Cruz quiso rebatir el argumento pero la Corte acogió un pedido del Ministerio Público y la parte civil, quienes dijeron a la Corte que si no hicieron réplica no podía haber contrarréplica por parte de la Defensa.
Al final del conocimiento de su caso, Lubrano habló con los periodistas y se refirió a la cuenta de 27 millones de pesos que alegadamente distrajo en Baninter.
Al respecto, dijo que fue una bonificación pactada de buena fe por los años en la empresa, “yo dí un servicio y fui recompensada”.
La Corte dispuso que sólo se encuentre presente en la sala de audiencia el imputado al cual se le conocerá el recurso de apelación en el caso Baninter.

PIDEN CONFIRMAR DESCARGO DE LUBRANO DE CASTILLO

POR SILVIO CABRERA

La defensa de la ex vicepresidente ejecutiva de negocios del Banco Intercontinental (Baninter), Vivian Lubrano de Castillo, pidió este martes a los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, confirmar la sentencia que la descarga en el caso por insuficiencias de pruebas.Los doctores Rolando de la Cruz Bello, Gustavo Bialli Pumarol y Ricardo León, en su conclusiones finales pidieron al tribunal rechazar el pedido del Ministerio Público y de los abogados de la autoridad monetaria y financiera, quienes habían pedido que su cliente fuera condenada a 6 años de prisión y al pago de una multa de 1.5 millones de pesos.La audiencia inició hoy la 10:00 de la mañana, con la ponencia del abogado de la Cruz Bello, quien dijo que su cliente es inocente de los cargos que se le imputan y confirmar en toda su parte la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el 21 de octubre pasado.En el día de ayer el fiscal adjunto Francisco García y el abogado Carlos Salcedo, en representación del Banco Central acusaron a Lubrano de Castillo de ser tan responsable como Marcos Báez Cocco, ya que además de ser vicepresidenta ejecutiva de negocios del Baninter y “manos derechas” de Ramón Báez Figueroa, era miembro del consejo de directores y del comité de crédito de la desaparecida entidad.Dijeron que a pesar del descargo que obtuvo por el Primer Tribunal Colegiado, la imputada es culpable de violar el artículo 80 de la Ley Monetarias y Financieras, y el 408 del Código Penal, en relación a la ocultación de información y abuso de confianza en perjuicio del de los clientes de la entidad bancaria y del Estado dominicano.

CONOCERAN CASO DE CESAR SANCHEZ

POR SILVIO CABRERA

La Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo decidirá este miércoles 20 de febrero si procede o no la ratificación del auto de No Ha lugar dictado por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a favor del dirigente perredeísta César Sánchez, sometido a la justicia por el alegado uso irregular de más de 2 mil millones de pesos de los bonos soberanos.
El caso llegó a esa Corte por disposición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que ordenó que se le celebrara un nuevo juicio.
La Corte determinará si es correcto el auto de No Ha Lugar que a favor de Sánchez dictó el juez Berroa Hiciano, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

EXPECTATIVAS HOY EN CASO BANINTER

POR SILVIO CABRERA

Bajo la expectativa de que se podrían producir cambios significativos en las condenas impuestas a los imputados, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se aprestaba cercano a este mediodía a iniciar el conocimiento en segundo de grado sobre alegado fraude por más 55 mil millones de pesos cometido contra el Estado a través del Banco Intercontinental (Baninter).

Francisco Alvarez y José Lorenzo Fermín, abogados de las autoridades monetarias esperan que por lo menos, en esta fase la Corte de determine que hubo abuso de confianza por parte de Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco y Vivian Lubrano de Castillo y que en consecuencia se les condene por lavado de activos a la pena máxima de 20 años.

“Nosotros esperamos que un par de errores que tiene la sentencia de primer grado sean enmendados y que en segundo grado, la Corte de Apelación determine que real y efectivamente hubo abuso de confianza por parte de Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco y Vivian Lubrano de Castillo y que en consecuencia también corrija el error de lavado de activos. Si hubo abuso de confianza, si ellos sustrajeron el dinero del banco, es evidente que también lo laboran a través de una serie de actividades, por lo que en consecuencia la pena debe ser subida a 20 años de prisión”, manifestó Alvarez.

En tanto, el abogado Lorenzo Fermín consideró que la Corte de Apelación tiene una oportunidad de oro para enmendar los errores que, según él se cometieron en primer grado.

“Entendemos que no es justificado que un caso con la magnitud de Baninter quede con una sanción como la que se le impuso en primer grado. Las condiciones están dadas, como ocurrió en España con el caso de Mario Conde, que en primer grado le impusieron 10 años y después en apelación le impusieron 20 años, por lo que entendemos que hay la posibilidad de que eso ocurra aquí también.

DEJAN FUERA OFICINA DE ABOGADOS

La Oficina de Abogados Sierra Durán fue dejada fuera del proceso por parte de las autoridades Monetarias, sin que hasta este mediodía dieran ningún tipo de explicación al respecto.

En primer grado, en octubre de este año, el primer tribunal colegiado condenó al presidente deBaninter Ramón Báez Figueroa a 10 años de prisión y al pago de una indemnización de más de 61 mil 500 millones de pesos por los daños provocados por la prácticas fraudulentas de las que se le acusaba.

También condenó a diez años de prisión al asesor financiero Luis Alvarez Renta, el único de los acusados sobre los que el tribunal mantuvo el cargo de lavado de activos.

Báez Figueroa y el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Marco Báez Cocco, fueron condenados por la acusación de ocultar datos para desviar la fiscalización de las autoridades bancarias y encubrir la situación de la entidad financiera.

El tribunal, de tres magistrados, absolvió de toda responsabilidad a los otros dos acusados, Vivian Lubrano y Jesús María Troncoso, por considerar que no tenían responsabilidad en el caso.

El tribunal también ordenó el cese de la intervención de las propiedades del Banco Intercontinental para que los mismos sean usados en el proceso de liquidación de la institución financiera.

Entre las empresas que están supuestas a ser liquidadas hay varios canales de televisión y emisoras de radio. Se excluyó de los requerimientos de liquidación al periódico Listín Diario, propiedad de Báez Figueroa.

Todas estas medidas están sujetas a cambios o ratificación durante el conocimiento del caso en segundo grado que estaba previsto a iniciarse esta mañana en la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ubicada en edirficio viejo del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Estrictas medidas de seguridad a cargo de la Policía fueron tomadas en el tribunal y se cerró la calle principal de acceso al edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, para evitar principalmente el transito de vehículos.

La primera audiencia del caso, bautizado como "el juicio del siglo", se inició el 3 de abril del 2006 en primer grado, y se reanuda hoy en la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

En primer grado, la defensa de Báez Figueroa sustentó la defensa en la teoría de la conspiración del entonces presidente Hipólito Mejía, la cual se habría desatado por la acusación de fraude hecha por el Baninter contra el jefe de la seguridad militar de Mejía, el coronel Pedro Julio Goico Guerrero.

El fraude del que fue acusado el funcionario militar lo habría cometido con una tarjeta de crédito asignado por el Baninter para cubrir los gastos personales de Mejía.

Los principales ejecutivos del Banco fueron acusados de abuso de confianza, estafa y lavado de activos.

La acusación indica que los imputados usaban recursos del Banco Intercontinental para financiar empresas dirigidas por ellos mismos y que posteriormente borraban las cuentas sin que las mismas fueran saldadas.

En ese mismo año también se detectaron otros fraudes similares en los bancos Nacional del Crédito (Bancrédito) y el Mercantil.

Los fraudes bancarios provocaron una profunda crisis económica en el país lo cual llevó a una inflación que superó el 100 por ciento y provocó una devaluación del peso dominicano, ya que el dólar llegó a subir de 20 a 56 pesos por un dólar en un período de cuatro meses.