EL MALLETE

EMPEORA SALUD DE GENERAL CONDENADO POR MUERTE PERIODISTA ORLANDO MARTINEZ

2008-06-16T06:53:00.000-07:00

El estado de salud del general retirado Joaquín Antonio Pou Castro empeoró esta mañana, al detectársele un sangrado en los pulmones, como consecuencia de una bronconeumonía.

No fue posible conversar con sus médicos, pero el propio Pou Castro dijo que su salud se ha agravado, en vista de un sangrado en los pulmones, complicado con las tiroides y una sinusitis.

Pou Castro, condenado a 30 años de cárcel por la muerte del periodista Orlando Martínez, se encuentra interno desde hace 13 días en la habitación de 303 del hospital militar de las Fuerzas Armadas, en la tercera planta.

Dijo que en principio fue ingresado al hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, pero que en ese lugar su salud empeoró, razón por lo que tuvo que ser trasladado al hospital de las Fuerzas Armadas.

El pasado sábado, su familia informó que estaba afectado de bronco espasmos que se les complicó con una afección en las glándulas tiroides.

La enfermedad, según se informó extraoficialmente, se le complicó con una crisis de sinusitis, la cual le ha afectado las glándulas.

Su primera crisis la tuvo en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, razón por la que tuvo que ser traslado de emergencia al hospital público de San Cristóbal.

Hasta el momento, ha sido imposible obtener los nombres, ni la versión oficial de sus médicos.

Pou Castro dijo que son varios los médicos que lo atienden y que debido su delicado estado de salud, ni siquiera sabe sus nombres.

Pou Castro lleva varios años en prisión luego de que fuera condenado, primero a 20 años y después a 30 años de cárcel por la muerte del periodista Orlando Martínez.

Duró varios años preso en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, pero el año pasado fue traslado a la cárcel de Najayo, San Cristóbal, por mandato del procurador de ese entonces, licenciado Francisco Domínguez Brito.

Junto a él fueron condenados a 30 años de cárcel el ex cabo del Ejército Mariano Cabrera Durán y Alfredo Lluberes Ricart.

En la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, Pou Castro fue condenado a 20 años de cárcel y sus compañeros a 30, pero cuando el caso fue conocido en casación, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) varió la sentencia y le aumentó la sentencia a 30 años.

Su expediente se encuentra en la SCJ, en vista de que sus abogados interpusieron un recurso de revisión, bajo el alegato de que le violaron su derecho de defensa.

El caso, según los abogados de los imputados, podría ser llevado hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en C

APRESAN MUJER CON DROGAS EN AILA

2008-06-05T07:06:00.000-07:00

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en presencia de un fiscal adjunto, apresó anoche a una mujer que trataba de viajar a Nueva York llevando en su equipaje un paquete de cocaína escondido en su equipaje.

Juana Claribel Almengo Almonte, según la DNCD, fue arrestada antes de abordar el vuelo 1892 de American Arilines, en el Aeropuerto Internacional de esta ciudad, con una pieza de madera escondida en una hamaca, detección hecha por un ejemplar canino de los que tiene la DNCD en la terminal.

De acuerdo a la institución antinarcótica, uno de los agentes antidrogas asignados al área de chequeo observó ‘una sombra extraña’ en el interior de la maleta, por lo que de inmediato solicitó la presencia del fiscal Osvaldo Antonio Bonilla, además de reclamar un taladro para abrir la madera de la hamaca en la oficina de la DNCD.

En efecto, allí estaba el paquete, el cual la propia dueña admitió que se trataba de droga para llevarla a EEUU, donde reside la mujer, de 29 años. Será sometida por violar la ley 50-88. Después se presentaron al lugar los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA).

La información sobre el hallazgo de la cocaína fue ofrecida esta mañana por el portavoz oficial de la DNCD, Roberto Lebrón, en una declaración escrita. La mujer está bajo interrogatorio para que explique quien le entregó el paquete de cocaína y en qué lugar.

Los organismos de seguridad, en especial la DNCD, han redoblado la vigilancia en las terminales aeroportuarias y marítimas, a los fines de reducir a la mínima expresión el trasiego de sustancias narcóticas, tanto con destino al exterior como cuando es traída al país.

Este jueves, agregó Lebrón, les serán solicitadas medidas e coerción a la joven Aluengo Almonte. Enfrenta cargos de narcotráfico por la cantidad de droga contenida en el paquete ocupado a la imputada. No es la primera vez que se descubre droga incrustada en madera.

En el Ferry, por ejemplo, han sido detectadas grandes cantidades de cocaína y heroína incrustados en muebles, balautres y tubos Pvc para llevarlas a Puerto Rico, mientras en el Aeropuerto Las Américas han tratado de sacarla en productos enlatados y otras modalidades.

PROCUARADOR INAUGURA NUEVO SISTEMA DE FISCALIA EN SAN PEDRO DE MACORIS

2008-06-05T06:49:00.000-07:00

El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, inauguró este jueves en Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el nuevo Modelo de Gestión Fiscalía, que consiste en un moderno proceso de reorganización del trabajo para garantizar la investigación y persecución penal de una manera ágil y eficiente.

La implementación de este nuevo sistema garantiza el correcto procesamiento de los casos y atención a las víctimas por parte de los fiscales las 24 horas del día. Además, un personal se encargará de los procesos de conciliación que así lo requieran.

El nuevo modelo de gestión de fiscalía opera de manera estructural con el Sistema de Justicia Siglo XXI, que es un producto de software para la gestión judicial y manejo y seguimiento de procesos en el Poder Judicial, en las fiscalías y en las procuradurías generales.

La Fiscalía de San Pedro de Macorís funciona en la calle Laureano Canto esquina Hermanas Mirabal en el sector Villa Providencia de esa provincia. Esta es la séptima fiscalía que se adapta al nuevo sistema. Otras que han sido incorporadas son La Romana, Peravia, La Vega, Puerto Plata, Elías Piña y Moca.

Con la implementación de este nuevo modelo, las fiscalías operan a través de diferentes unidades de servicio con la debida rapidez que reclama la ciudadanía al momento de solicitar un servicio.

Ese sistema reúne las condiciones necesarias para que el Ministerio Público pueda funcionar satisfactoriamente y con calidad, bajo los reglamentos del Código Procesal Penal, que entró en vigencia en el año 2004.

Con el nuevo proceso se persigue la solución de conflictos mediante un uso racional de los recursos, utilizando las vías alternativas cuando la ley lo permita.

Asimismo, se persigue concentrar mayores recursos para dirigir una investigación en los casos más imperantes, a fin de obtener las pruebas necesarias para que los tribunales acojan la acusación.

La actividad estuvo encabezada además, por el procurador de la Corte de Apelación y el fiscal de la provincia, doctores Ángel René Pérez García y Abraham Ortiz, respectivamente.

SE SUELTAN LOS DEMONIOS EN EL MINISTERIO PUBLICO

2008-06-04T08:28:00.000-07:00

El mandato del procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, estaría siendo desoído por algunos procuradores adjuntos y fiscales, entre ellos el del Distrito Nacional, quien, al decir de una fuente, entiende que su superior está haciendo un mal uso de sus facultades y sentado precedentes funestos con algunas decisiones.

“En el Ministerio Público se han soltado los demonios. No todas las ordenes que da el procurador general de la República se cumplen, puesto que algunas son inejecutables e inauditas”, dijo a Panorama Diario una fuente ligada al fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero.

Conforme a la fuente, las desavenencias llegaron a su clímax con el caso del intérprete de “música de calle” Antonio Peter de la Rosa (Omega), hecho preso por alegadamente golpear a su ex esposa.

De acuerdo a dicha fuente, la Fiscalía del Distrito Nacional era de opinión que Omega debía permanecer en prisión, por tratarse de un caso grave, como lo es haber golpeado a una mujer.

Sin embargo, el procurador general de la República habría ordenado al fiscal Hernánde Peguero que dejara sin efecto la solicitud de medida de coerción que había incoado contra el cantante.

“El manda allá y yo mando aquí”, habría dicho el fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero, en respuesta a la orden que le habría dado el procurador Jiménez Peña.

Pero, según la fuente, las desavenencias no solo son con el fiscal del Distrito Nacional, sino también con el director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, doctor Octavio Líster.

Líster, según lo relatado por el informante, estuvo a punto de renunciar cuando el procurador general de la República mandó a buscar el expediente del caso de los cupones que se utilizaban para el subsidio del gas licuado de petróleo, cuyo expediente encabeza el licenciado Angel Lockward.

Consultado ayer al respecto, Líster dijo que fue una decisión de la Procuraduría el retiro de la querella interpuesta contra Lockward, acusado de mal uso en la distribución de cupones del Gas Licuado de Petróleo cuando era secretario de Industria y Comercio. Líster explicó que fue desapoderado del caso y se definió como “un soldado” del ministerio público.

“Nosotros, por respeto y por disciplina, lo que estamos haciendo pura y simplemente es abstenernos de participar en cualquier acción procesal porque ya estamos desapoderados del mismo”, indicó el funcionario.

APRESAN JEFE DE RED DE NARCOTICOS

2008-04-11T06:59:00.000-07:00

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó el apresamiento del jefe de una red de narcotraficantes y responsable del cargamento de 250 paquetes de cocaína incautado en medio de una balacera hace dos semanas en Baní.
Se trata de César Emilio Peralta, capturado por la DNCD dos semanas después de que escapara del lugar donde se produjo el decomiso del alijo.
Según la DNCD, Emilio Peralta es un reincidente en el tráfico de drogas, ligado al negocio de discotecas y es parte de una organización que tiene nexos con los hermanos del convicto por narcotráfico Rolando Florián Féliz, así como el ex militar José Martín de la Cruz Pérez, la persona arrestada el 28 de marzo en la madrugada cuando se desplazaba en una yipeta con 250 paquetes en diez sacois de polipropileno.
De acuerdo a la DNCD, Emilio Peralta, quien tiene cinco fichas en la DNCD, fue detenido junto a dos hombres, que fueron despachados por no tener nexos con el grupo, en la calle Paseo de los Cronistas de Arte esquina Josefa Brea, en el Ensanche Luperón, la zona de dos narcotraficantes conocidos como El Gringo y El Chino, definidos como grandes distribuidores de drogas en los barrios de la parte Norte de la capital.
Ese cargamento de cocaína fue ocupado en una zona próxima a Playa Overo, en Baní, en medio de una refriega a balazos con miembros de la agencia antidrogas en esa ciudad, logrando escapar Peralta y otros sujetos que les acompañaban.
No ha sido posible determinar la cantidad de droga que lograron llevarse el imputado en medio de confusión, aunque fue posible atrapar los 258 que el reincidente llevaba De la Cruz Pérez.
El arresto de Peralta se hizo amparado en una orden judicial, de acuerdo a un informe dado a conocer este viernes por la DNCD, a nombre de su presidente, el mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira. Todavía faltan otros implicados en ese caso, aunque el jefe antidrogas no quiso revelar sus nombres para evitar que escapen, porque “se trata de delincuentes extremadamente hábiles y peligrosos”.
Se le vincula a por lo menos seis grandes casos, sobre todo a cargamentos recogidos en la zona Este del país y en una finca propiedad de un beisbolista de grandes ligas, así como a otro alijo que era transportado por dos hombres que se accidentaron en una jeepeta hace cuatro meses en Miches. El mencionado reincidente se hace llamar también Rolando Martínez Alcántara.

DNCD OCUPA CARGAMENTO DE DROGAS EN MEDIO DE TIROTEO

2008-03-28T08:21:00.000-07:00

POR SILVIO CABRERA

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se incautó esta madrugada en una playa de Baní de un cargamento de 250 paquetes de cocaína, con peso aproximado de 255 kilogramos, en una operación realizada en medio de un tiroteo en el que fue arrestado una persona que transportaba el alijo en una jeepeta.
La DNCD informó que la droga fue ocupada por miembros de esa institución en esa ciudad poco después de recibir la información de que una aeronave de matrícula desconocida había realizado un ‘bombardeo’ del alijo de cocaína.
La institución antinarcóticos informó que en el operativo fue apresado José Martín de la Cruz Pérez, quien conducía el vehículo en que fue encontrada la millonaria carga.
La información la ofreció el vocero antidrogas, Roberto Lebrón, hablando a nombre del presidente de la DNCD, mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira.
Según Lebrón, de la Cruz Pérez, residente en el Ensanche Quisqueya, en la capital, recogió la droga en la denominada Playa Jovero, pasada la media noche de este jueves.
Indicó que en la zona donde fue recogida la droga, cuya procedencia no ha sido establecida, varios individuos atacaron a balazos a los agentes del organismo antinarcóticos, logrando los agresores escapar.
El cargamento de cocaína estaba distribuido en 10 sacos con 25 paquetes cada uno, los cuales fueron trasladados de inmediato a la sede central de la DNCD.
A De la Cruz Pérez, de 41 años, les fueron ocupados una escopeta calibre 12, marca Mossberg, y teléfono móvil, aparato que al parecer a través del habría recibido las informaciones para recoger la droga.
Los agentes antidrogas fueron acompañados por el fiscal adjunto Máspero Hatuey Santana, quien levantó el acta correspondiente del decomiso.
Sin embargo, Lebrón comunicó que los individuos que agredieron a la DNCD lograron escapar a bordo de una camioneta color negro, en la que se supone cargaban una indeterminada cantidad de paquetes de cocaína. Por eso, agregó, se realiza un rastreo en la zona, iniciando por San Cristóbal, a los fines de capturar a los fugitivos, de los que se presume alguno pudo haber resultado herido en medio de la balacera.
Ningún miembro de la DNCD resultó lesionado, de acuerdo a un informe del inspector antidrogas en Baní, mayor policial Oscar Tejeda Bárez.
De acuerdo a Lebrón, De la Cruz Pérez estaba fichado por un caso de 12 kilos de cocaína, en el que también están involucrados Juan Florián Féliz, alias Juan El Grande; y Benny Ariel Florián, hermano y sobrino del convicto Rolando Florián Féliz, así como los nombrados Nicodemo Silverio de la Cruz, alias Papo; Robert Reynaldo Ascencio, Jovanny Rafael Batista y Joel Féliz Cuevas.

FALTA DE DICTAMEN IMPOSIBILITA CONOCER CASO GARCIA CASTRO

2008-03-28T07:27:00.000-07:00

POR SILVIO CABRERA

La falta de un dictamen u opinión por parte de la Procuraduría General de la República ha imposibilitado que la Suprema Corte de Justicia conozca un recurso de revisión contra la sentencia que confirma el descargo de los acusados de la muerte del periodista Gregorio Carcía Castro (Goyito), cuyo hecho se cumplen hoy 35 años.
Desde hace más de tres años, el expediente se encuentra en la Procuraduría General de la República para fines de opinión o dictamen, lo que ha imposibilitado que la Suprema Corte de Justicia pueda conocerlo.
La familia García Castro presentó un recurso de revisión por ante la Suprema Corte de Justicia, pero el presidente de ese tribunal, doctor Jorge Subero Isa, remitió el expediente a la Procuraduría General de la República, a los fines de que allí se produjera, como se acostumbra por mandato de la ley, a la emisión de un dictamen u opinión.
Sin embargo, hasta la fecha y a pesar de varias intimaciones a la Procuraduría General de la República por parte de la familia Carcía Castro, el dictamen no se ha producido.
Para hoy, una comisión del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) encabezada por su presidenta Mercedes Castillo, tiene programado visitar al procurador general de la República para pedirle una vez más que emita el dictamen y así poder poner a la Suprema Corte de Justicia en condición de conocimiento de causa.
García Castro (Goyito) fue muerto a balazos el 28 de marzo de 1973 en la calle Las Mercedes de la Zona Colonial.
El año pasado, el ingeniero Enrique García Prometa, hijo de García Castro, denunció que era amenazado por Milton Lemos, quien fue uno de los acusados de la muerte de su padre.
“El Ministerio Público, en la persona del procurador general, es responsable del seguimiento de este caso, incluyendo de mi seguridad personal por el riesgo que estamos asumiendo, por su actitud huidiza y dubitativa ante tan aberrante crimen y sus derivaciones”, dijo en esa ocasión García Frometa.
El año pasado, el doctor Domingo Porfirio Rojas Nina, abogado de la parte civil constituida en el caso, dijo que el expediente podría incluso ser llevado a la Corte Interamericana.
Expresó que, sin embargo, primero hay que agotar la fase de la revisión, por lo que sugirió que la Procuraduría General de la República rinda su dictamen, para que así la Suprema Corte de Justicia quede en condición de conocer el caso.

CULPAN A VIGILANTES PENITENCIARIOS DE MOTIN DE PUERTO PLATA

2008-03-25T06:45:00.000-07:00

POR SILVIO CABRERA

El director general de Prisiones, general José Ignacio Sandoval Cabrera, declaró hoy que el motín que se produjo ayer en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata estuvo basado en la inconformidad de los presos con el trato que reciben de los agentes penitenciarios.
“La Dirección General de Prisiones informa que en horas de la mañana de hoy lunes (ayer), los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata protagonizaron una protesta basada en la inconformidad con el trato que reciben de los agentes penitenciarios”, dijo Sandoval Cabrera a través de una nota de prensa.
Informó que el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, designó una comisión para que se encargue de coordinar todo lo relacionado con el nuevo modelo de gestión penitenciaria.
Según Sandoval Cabrera, esa comisión la integran Ibelca Villanueva, Rosa Julia Flores y Agustín Reyes Genao.

Retorna la calma
La calma retornó esta mañana a dicho centro, luego que los internos llegaran a un acuerdo con las autoridades carcelarias. El acuerdo consiste en buscarle soluciones a las demandas que plantean.
En el motín, 10 reclusos resultaron heridos de perdigones disparados por la seguridad del recinto.
La protesta fue en demanda de mejores atenciones alimenticias, revisión a las exigencias para las visitas conyugales, extensión de la cancha de básquetbol y la instalación de más aparatos telefónicos.

Los reclusos quemaron colchones, sábanas, mosquiteros y almohadas, exigiendo mejores condiciones de vida, sobretodo mejor calidad y variedad de los alimentos que les proporcionan.

Los heridos por perdigones son Carlos Infante, Carlos Méndez, Henry Adames Rodríguez, José Bienvenido Reyes, Sixto Batista, Marino Sánchez, Zacarías Ferreira, John Morillo, Nicanor Sánchez y Víctor Clase. Fueron atendidos en el mismo centro penitenciario.
Para controlar el motín, los agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario establecidos por el nuevo modelo de gestión penitenciaria, precisaron de la ayuda de agentes de la Policía, del Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata y de la Brigada de la Cruz Roja y la Defensa Civil.

SOMETEN A LA JUSTICIA CASO DE DERRAME DE PETROLEO EN BOCA CHICA

2008-03-19T07:53:00.000-07:00

POR SILVIO CABRERA

Un grupo de organizaciones sociales de Boca Chica sometió hoy a la justicia por ante la Procuraduría General de Medio Ambiente a la compañía propietaria del barco que derramó combustible en esa playa.
Las entidades sociales, entre ellas la Asociación de Comerciantes de Boca Chica, Plaza de los Pescadores y la Fundación para la Defensa de los Derechos del Consumidor presentaron una querella con constitución en parte civil contra la empresa marítima Niels Jules, de bandera liberiana, propietaria del barco que derramó el combustible.
El sometimiento judicial fue hecho a través del abogado Juan Frías Agramonte, quien dijo que no es cierta la información de la Secretaría de Medio Ambiente, respecto de que la playa fue completamente limpiada.
Precisó que la limpieza se hizo sin la previa realización de un estudio sobre el impacto ambiental provocado por el derrame.

INTERROGAN A IMPLICADOS EN FRAUDE DE LOS PENSIONADOS

2008-03-14T07:11:00.000-07:00

POR SILVIO CABRERA

Uno de los implicados en el presunto fraude de 280 millones de pesos en perjuicio de cientos de pensionados, y a quien se le acusa demás de asesinar a su suegra de siete balazos, fue interrogado esta mañana por La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), tras ser capturado ayer en Montecristi por las autoridades.

Angel José Castro Castro fue llevado esta mañana a la DPCA esposado y con chaleco antibalas bajo estrictas medidas de seguridad.

A su llegada al organismo anticorrupción, en la tercera planta del edificio viejo del Palacio de Justicia del Centro de Los Héroes, dijo a los periodistas que no tenía nada que ver con el presunto fraude.

Sostuvo que nunca estuvo prófugo de la justicia, como se ha alegado, en vista de que andaba libremente por las calles de Montecristi y la Capital.

Se definió como un peledeísta que “ayude a subir al presidente Leonel Fernández, al doctor Octavio Líster y a todos los que hoy me acusan de esta vaina”

Castro fue capturado ayer por fiscales investigadores de la DPCA, con el apoyo de la Policía, mediante un operativo realizado en el municipio Villa Vásquez de la provincia Monte Cristi.

Se le acusa, además, del asesinato de su suegra, a quien, según las autoridades, mató de siete balazos en un hecho ocurrido en la capital en noviembre pasado.

Se informó que Castro Castro, al momento de notar la presencia de las autoridades, dejó abandonado el vehículo en que viajaba, tratando de confundirse entre estudiantes de una escuela de ese municipio. Al momento de ser detenido, fue despojado de una pistola.

El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, dio instrucciones para que el imputado fuera trasladado a la DPCA, para ser interrogado en torno al caso.

Luego de que Castro sea interrogado, será entregado a la magistrada Rosanna Vásquez, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien conoce un juicio preliminar en contra de los implicados en el fraude.

FRANCO BADIA LLEVA NUEVOS DOCUMENTOS A LA SUPREMA

2008-03-13T11:29:00.000-07:00

POR SILVIO CABRERA

El doctor Pedro Franco Badía presentó hoy por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) nuevos documentos con revelaciones que, a su entender, llevarán a ese tribunal a revisar la sentencia que lo condena a tres años de prisión domiciliario y al pago de 15 millones de pesos de multa por el caso del Plan Renove.

Badía, a través del vocero de la barra de su defensa Bolívar Reynoso, pidió a la SCJ que la revisión de su caso sea conocida de manera separada.

Entre los nuevos documentos llevados por la defensa de Badía a la SCJ figuran sendas cartas del ex presidente Hipólito Mejía y otra del imputado que no fueron ponderadas al momento de dictar la sentencia condenatoria en su contra.

La nueva normativa procesal penal establece que el recurso de revisión es admisible cuando hay hechos o documentos nuevos que no fueron ponderados al momento de dictar la sentencia.

De acuerdo a dicha normativa, las penas y los recursos individuales, por lo que al entender de la defensa de Badía, la SCJ está en la obligación de conocer y decidir de manera separada cada uno de los recursos de revisión que le presenten.

El recurso de revisión de Badía fue presentado por ante la SCJ el once de este mes y ese mismo se día le fue notificado al juez de ejecución de la pena, con el objetivo de que se abstenga de ejecutar la sentencia hasta que haya una decisión.

Ayer, el ex presidente Hipólito Mejía insistió ante la SCJ que los vehículos entregados a través del Plan Renove a instituciones no gubernamentales y choferes independientes contaron con su autorización.

“Ratifico nueva vez que todas las unidades vehiculares entregadas por el doctor Pedro Franco Badía en su calidad de secretario administrativo de la Presidencia primero y de Interior y Policía después, a instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y entidades sin fines de lucro, fueron autorizadas expresamente por el suscribiente”, expresa la carta del ex mandatario,

La misiva de Mejía dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, está fechada el cuatro de marzo, pero fue recibida en el despacho del funcionario el seis de este mes, a las 9:00 de la mañana.

El pasado mes, el ex presidente Mejía mandó también una correspondencia a Subero Isa en la que, al igual que ésta, se hace responsable de los vehículos repartidos por Badía.

El ex mandatario propone a la SCJ que lo llame como “testigo útlil”, para aclarar todo lo concerniente a la ejecución del Plan Renove.

Conforme al consejo de Defensa de Badía, el ex presidente Mejía es una pieza clave para el esclarecimiento definitivo del caso, por lo que entienden que la SCJ debe llamarlo a declarar en el proceso de revisión de la sentencia.

La sentencia de la SCJ que ratifica las condenas impuestas a los acusados comenzó a ser ejecutada ayer, con el apresamiento del imputado Fabio Ruiz.

Los jueces de ejecución de la pena del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo dictaron ayer mandamiento de prisión contra seis de los diez condenados.

EX SECRETARIO DE LA FUERZA AEREA EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

2008-03-11T07:18:00.000-07:00

POR SILVIO CABRERA

El Tercer Juzgado de la Instrucción de la Provincia Santo Domingo inició esta mañana el conocimiento del juicio preliminar seguido al ex jefe de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), general retirado Virgilio Sierra Pérez, y dos coroneles retirados, implicados en la supuesta distracción de cuatro turbinas, una de las cuales fue vendida a la Fuerza Aérea de Colombia.

El Ministerio Público, representado por el subdirector de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, Hotoniel Bonilla, pidió a la presidenta del tribunal, Karen Mejía Pérez, enviar a los inculpados a juicio de fondo, por entender que contra ellos existen indicios que comprometen su responsabilidad penal.

El caso se iba a conocer el 22 de enero de este año y fue reenviado para hoy, para que las partes elaboren sus medios de defensa y de acusación.

El reenvío para hoy fue aceptado por la magistrado Mejía Pérez luego de que la defensa de los imputados solicitara una reposición de plazos para presentar sus medios de defensa.

Los coroneles retirados de la FAD incluidos en la petición formulada por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa son Luis Benito Peralta Vásquez y Eldito Méndez Casanova, acusados de vender dos turbinas de avión de la Fuerza Aérea Dominicana a la Fuerza Aérea colombiana, por un monto de 75 mil dólares.

El proceso duró varios años en investigación por parte de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.

El año pasado, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo declaró el caso complejo, lo que dio oportunidad al Ministerio Público para que ampliara el proceso investigativo.

En ese entonces, los jueces de la Corte de Apelación Hirohito Reyes, Enrique Marchena Pérez, e Ysis Munis Almonte declaron complejo el expediente al acoger una solicitud del procurador general, quien solicitó tiempo para investigar “debido a que estaban confrontando trabas para obtener documentos en el área administrativa de la Fuerza Aérea debido a que el Ministerio Público es autoridad civil”.

En esa ocasión, el Ministerio Público alegó que el caso cada vez se tornaba delicado, porque dos de las turbinas fueron vendidas en Colombia y otra se encuentran como pieza de museo en Nueva York.

CUATRO HERIDOS EN APARATOSO ACCIDENTE FRNETE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

2008-03-07T06:45:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

Cuatro pasajeros de una guagua de las denominadas “voladoras” resultaron heridos esta mañana luego que el vehículo se volcara tras ser impacto por un camión esta mañana, frente al edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Heróes. Los cuatro heridos, cuyos nombres no se pudieron obtener, viajaba en el minibús placa 1019502 el cual fue impacto por el camión placa l034903. (Foto Juan Carlos Reyes).

SUPREMA CORTE LLAMA A LOS JUECES A ACTUAR APEGADO A LA ETICA

2008-03-07T06:39:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

El presidente de la Suprema Corte de Justicia destacó ayer la importancia de que los defensores públicos y miembros del Poder Judicial actúen apegados a un código de ética y la regla del derecho, como forma de combatir la corrupción.

El doctor Jorge Subero Isa dijo que si los funcionarios públicos actuaran bajo un código de comportamiento, la situación del país hoy en día sería diferente.

Subero Isa se expresó en estos términos al poner anoche en circulación el Código de Comportamiento Etico, en el Auditorio de la SCJ.

En la actividad se dio a conocer la función que realizará el Sistema de Integridad Institucional, que tiene como misión promover la confianza ciudadana basada en el compromiso de actuar apegado a principios éticos en la asistencia, asesoría y representación de las personas que demandan servicios en el sistema de defensa pública.

Este sistema está integrado por un Código de Comportamiento Etico, guía modelo que sirve de estructura para reglamentar una debida conducta.

El Sistema de Integridad Institucional, encierra, además, el Código de Cultura Institucional del personal de la Defensa Pública.

NOTIFICAN A JUECES DE EJECUCION DE LA PENA DE SENTENCIA PLAN RENOVE: IMPUTADOS A PUNTO DE CAER PRESOS

2008-03-05T06:49:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

Los ex funcionarios gubernamentales y empresarios del transporte condenados por el caso del Plan Renove podrían ser apresados en las próximas horas, luego de que este miércoles la Suprema Corte de Justicia (SCJ) notificará a los jueces de ejecución de la pena sobre la ratificación de la sentencia que se dictó contra ellos.

A partir de hoy, el apresamiento de los imputados quedó en manos de los jueces de ejecución de la pena de San Cristóbal y el Distrito Nacional.

Los condenados Pedro A. Franco Badía, por prevaricación y desfalco en perjuicio del Estado; Fabio Ruiz, culpable de prevaricación, estafa y desfalco; Milcíades Amaro Guzmán, por estafa y desfalco en perjuicio del Estado; Casimiro Antonio Marte Familia, por prevaricación, estafa y desfalco, y Gervasio de la Rosa, por prevaricación y desfalco.

También, Blas Peralta, por prevaricación y desfalco; Francisco Antonio Pérez, por prevaricación y desfalco; Paulino Antonio Reynoso, por cómplice de crimen de desfalco en perjuicio del Estado.

Asimismo, a Freddy Méndez, por prevaricación y desfalco; Alfredo Pulinario Linares (Cambita), por prevaricación y desfalco.

Con esta decisión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia rechaza el recurso de casación que había interpuesto los condenados por el caso Plan Renove.

El fallo también da por terminado este juicio, debido a que ya no existen más instancias para fines de recurrencia.

Las penas

Franco Badía fue condenado a 3 años de reclusión menor en su domicilio (por su estado de salud) y al pago de una multa de RD$15 millones.

Fabio Ruiz fue condenado a 4 años de reclusión mayor, en la cárcel de Najayo, y al pago de una multa de RD$10 millones.

Milcíades Amaro Guzmán fue condenado a 3 años de reclusión mayor, en Najayo, y al pago de una multa de RD$5 millones de pesos.

Antonio Marte fue condenado a 3 años de reclusión mayor, en Najayo, y al pago de una multa de RD$8 millones.

Gervasio de la Rosa fue condenado a 2 años de reclusión menor, en Najayo, y una multa de RD$3 millones.

Blas Peralta fue condenado a 6 meses de prisión correccional, en Najayo, y al pago de una multa de RD$2 millones.

Francisco Antonio Pérez, 6 meses de prisión correccional en su domicilio (por avanzada edad).

Paulino Antonio Reynoso, 2 años de prisión correccional.

Freddy Méndez, 6 meses de prisión correccional (domiciliaria, por condición de edad) y el pago de una multa de RD$1 millón de pesos.

Alfredo Pulinario Linares (Cambita), condenado a 6 meses de prisión correccional (domiciliaria).

APLACAN CONOCIMIENTO CASO SUN LAND

2008-02-29T10:17:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

El Juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, doctor Román Berroa Hiciano, aplazó esta mañana para el siete de marzo el recurso de oposición a la decisión del Fiscal del distrito Nacional sobre el caso Sun Land donde el Partido Revolucionario Dominicano fue rechazado como querellante.

El magistrado fijó la nueva fecha a solicitud de los abogados del ingeniero Félix Bautista , quienes alegaron que fueron notificados anoche por el tribunal del recurso interpuesto por el PRD, asimismo el juez dijo que Bautista no tendrá que comparecer porque se trata de un asunto meramente técnico y las partes están representada por sus abogados.

Por el PRD asistieron el ingeniero Ramón Alburquerque, Orlando Jorge Mera, presidente y secretario general respectivamente de la organización politica y el doctor Rafael Mejía Guerrero.

Mientras que Bautista estuvo representado por los abogados Nicolás Calderón y Abel
Rodríguez del Orbe.

El PRD recurrió en oposición la decisión de Fiscalía del Distrito Nacional que declaró inadmisible la querella por abuso de confianza presentada por el Partido Revolucionario Dominicano, en contra del ingeniero Bautista acusado de presuntas irregularidades en el manejo de contrato suscrito entre el Estado dominicano y la compañía Sun Land Corporation.

En La decisión el fiscal decidió investigar de oficio la denuncia, por lo que solicó a la Cámara de Cuentas realizar los experticios, auditoria o análisis contables respecto a las obligaciones contraídas por el Estado en razón de las obras contratadas, especificados en los documentos suscritos con la Sun Land.

El doctor José Manuel Hernández Peguero desestimó la querella contra de Bautista, alegando falta de calidad para actuar como querellantes del presidente y secretario general del PRD, Ramónn Alburquerque y Orlando Jorge Mera, respectivamente, quines hicieron el sometimiento.

Hernández Peguero, y los fiscales adjuntos Dante Castillo Medina y José Agustín de la Cruz Santiago, fueron los que trabajaron la decisión con relación a la querella del PRD.

ALVAREZ RENTA HOY EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS POR EL CASO BANINTER

2008-02-25T09:53:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA
Con la presentación de la acusación en contra del empresario Luis Alvarez Renta, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional reanudó esta mañana el juicio en segundo grado a los implicados en la alegada estafa por más de 74 mil millones de pesos cometida en el Banco Intercontinental (Baninter).

El tribunal conoce los recursos de apelación incoados por el Ministerio Público y por el propio Alvarez Renta contra la sentencia que lo condena a 10 años de prisión por lavado de activos provenientes de Baninter.

En el juicio, que se inició el 18 de este mes, la Corte conoció los recursos de apelación de Ramón Báez Figueroa y Vivian Lubrano de Castillo.

Para Lubrano de Castillo, el Ministerio Público solicitó la revocación de la sentencia que la descarga de la acusación y que en cambio sea condena a 10 de cárcel.

Mientras que para Báez Figueroa pidió que se le aumente la condena de 10 a 20 años de cárcel, por entender que es culpable de lavado de activos y abuso de confianza.

En la defensa de Báez Figueroa no participa su principal abogado, doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho).

Castillo no ha participado en ninguna de las audiencias que se celebran desde el lunes 18 de este mes, y oficialmente su hijo Vinicio Castillo Semán confirmó que no asistirá, en vista de que a su entender, no es necesario.

El pedido de 20 de años de cárcel para Báez Figueroa está sustentado en alegada adulteración, ocultación, abuso de confianza y lavado de activos en perjuicio de la sociedad y el Estado dominicano

LA DE BANINTER Y LA DE LOS POBRES: ¿JUSTICIA O INJUSTICIA?

2008-02-23T16:27:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

La Justicia es igual para todos. Un decir que del dicho al hecho hay tremendo trecho, a juzgar por la diferencia notable que se observa en los tribunales cuando se juzga a un rico y cuando el justiciable es un pobre.
Si se quiere establecer diferencia sólo hay que darse un paseo por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional donde se conoce en segundo grado el caso Baninter. Veamos…
Antes, esta Corte solo era un salón maloliente, con el piso curtido, los bancos sucios y llenos de letreros de los presos, con escrituras, por ejemplo como está: “por aquí pasó Kico 41”, “aquí estuvo come vidrio” y “El Loco de la 20”.
Antes, para escuchar a un juez había prácticamente que subir al estrado. Ahora en el juicio Baninter, por el contrario el sonido en la sala que se emite a través de micrófonos es impecable.
Los bancos los lustraron y los pintaron con finas pinturas de caoba, el piso lo brillaron y lo enceraron, hasta el punto que cualquiera que no esté acostumbrado a caminar en ese tipo de piso se cae.
Hay áreas exclusivas habilitadas para los acusados, la prensa, los camarógrafos y los visitantes. No se respira el calor sofocante de antes, ahora, en Baninter, el aire congela.
El problema es que los acusados, perdón “los imputados”, no son los mismos. No son ni Kico 41, ni Come Vidrio ni El Loco de la 20. Los acusados, perdón, “los imputados” son Ramón Báez Figueroa, Viviano Lubrano de Castillo, Luis Alvarez Renta y Marcos Báez Cocco. Y no dizque la justicia es igual para todos?,

DEPRECO ADVIERTE A HIPOLITO QUE NO PODRA IR COMO TESTIGO EN EL PLAN RENOVE

2008-02-23T16:20:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa le advirtió ayer al ex presidente Hipólito Mejía que no podrá presentarse como “testigo útil” ante la Suprema Corte de Justicia en el caso del Plan Renove, debido a que la fase procesal de presentación de pruebas y testigos pasó.
Octoniell Bonilla, subdirector de la institución y representante del Ministerio Público en el caso, dijo que por esa razón, la propuesta del ex mandatario es extemporánea.
“El tiempo procesal para promover pruebas hace tiempo que se agotó e incluso, él fue propuesto como testigo por el doctor Pedro Franco Badía en el juicio de la magistrada Esther Angelán y la juez desestimó ese pedido, por haber sido hecho de manera irregular”, recordó Bonilla.
Sostuvo que esa decisión de la jueza Angelán, de rechazar al ex presidente Mejía como testigo, no fue apelada, razón por la que ahora en esta fase no puede presentarse.
“De manera que esa decisión de la jueza no fue recurrida en ningún momento, por lo que por tanto ese elemento probatorio ha adquirido la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada”, subrayó Bonilla.
Consideró que la propuesta del ex presidente Mejía no es más que un intento de los imputados de escaparse de la acción judicial ante el caso que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia.
Declaró que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa está a la espera que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie en los próximos días declarando nulos los recursos de casación interpuestos por los imputados, para que en consecuencia se constituyan en prisión.
“Lo que sí puedo asegurarle al ex presidente es una cosa, y es que he visto que ellos han estado adelantando, según la carta del ex presidente Mejía, la posibilidad de recurrir en revisión la decisión que decida la Suprema Corte de Justicia. Les quiero recordar que el recurso de revisión no suspende la ejecución de la sentencia que ya se haya emitido, por lo que por tanto creo que eso no les servirá de mucho”, precisó Bonilla.
Advirtió que tan pronto la Suprema Corte de Justicia falle contra ellos serán encarcelados, en razón de que legalmente el recurso de revisión no paraliza la ejecución de la sentencia.
Aclaró que ni siquiera él será el que los aprese, ya que en el encargado de hacerlo será el juez de ejecución de la pena.
El viernes, ell ex presidente Mejía defendió la operación del Plan Renove y se ofreció como “testigo útil” ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para el esclarecimiento del caso.
En correspondencia al presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, y demás jueces de ese tribunal, el ex mandatario sostuvo que el Estado no invirtió ni un solo centavo en la operación del Plan Renove.
Le comunicó a Subero Isa y demás jueces que cada una de las 312 unidades que se entregaron a las instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y entidades sin fines de lucro, fueron autorizadas expresamente por él.
Sostuvo también que en la actualidad más de 800 millones de pesos han sido pagados por las centrales sindicales y los choferes independientes, lo que según él, unido al valor de las unidades, permite colegir por simple operación matemática que la suma pagada y el valor de los vehículos totalizan la inversión que se hizo.
“Desde el inicio de este largo y tortuoso proceso he estado a la disposición de todas las instancias judiciales para precisar o aclarar cualquier duda con relación a la compra, distribución y donación de las unidades vehiculares que fueron adquiridas con financiamiento externo, aprobado por el Congreso Nacional y en el cual el Estado dominicano no invirtió ni un centavo para la referida operación”, dijo el ex mandatario en su carta.
“Todos los dirigentes sindicales que formaban parte del Plan Renove ocupaban sus posiciones no en calidad de funcionarios públicos sino en representación de cada una de sus centrales sindicales”, refiere Mejía en la correspondencia.
Dijo también que cada una de las 312 unidades que se entregaron a las instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y entidades sin fines de lucro fueron autorizadas expresamente por él.

EX PRESIDENTE MEJIA PIDE A LA SUPREMA QUE LO LLAME COMO TESTIGO EN EL CASO DEL PLAN RENOVE

2008-02-22T06:22:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

El ex presidente Hipólito Mejía defendió hoy la operación del Plan Renove y se ofreció como “testigo útil” ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para el esclarecimiento del caso.
En correspondencia al presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, y demás jueces de ese tribunal, el ex mandatario sostuvo que en el Plan Renove el Estado no invirtió ni un solo centavo para su operación.
Le comunicó a Subero Isa y a los demás jueces que cada una de las 312 unidades que se entregaron a las instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y entidades sin fines de lucro fueron autorizadas expresamente por él.
Sostuvo también que en la actualidad, más de 800 millones de pesos han sido pagados por las centrales sindicales y los choferes independientes, lo que según él, unido al valor de las unidades, permite colegir por simple operación matemática, que la suma pagada y el valor de los vehículos totalizan la inversión que se hizo.
A continuación el texto completo de la carta del ex presidente Mejía a Subero Isa.
“El abajo firmante, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, en mi calidad de ex presidente constitucional de la República Dominicana, tengo a bien llevar al conocimiento de ese elevado tribunal elementos fundamentales que permitirán una comprensión cabal y absoluta de todo lo referente a las labores administrativas del indicado Plan Renove”.
“Desde el inicio de este largo y tortuoso proceso he estado a la disposición de todas las instancias judiciales para precisar o aclarar cualquier duda con relación a la compra, distribución y donación de las unidades vehiculares que fueron adquiridas con financiamiento externo, aprobado por el Congreso Nacional y en el cual el Estado Dominicano no invirtió ni un centavo para la referida operación”.
“El decreto que creo el Plan Renove establecía por si mismo todo lo concerniente a su sistema operativo, así como la conformación de su Consejo Directivo, las comisiones y las funciones específicas de cada uno de sus miembros, quienes no percibían salario alguno, exceptuando los que no desempeñaban ninguna posición en el tren gubernamental”.
“Todos los dirigentes sindicales que formaban parte del Plan Renove, ocupaban sus posiciones no en calidad de funcionarios públicos, sino en representación de cada una de sus centrales sindicales”.
“El proceso de licitación y compra se realizó con pulcritud y transparencia y los cuestionamientos sin fundamentos que se produjeron posteriormente, no fueron más que pujos normales de sectores interesados en restarle méritos a ese novedoso Plan”.
“Cada una de las 312 unidades que se entregaron a las instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y entidades sin fines de lucro fueron autorizadas expresamente por el suscribiente. Los beneficios resultantes de esas donaciones ni los más enconados enemigos del Plan lo han podido desmeritar”.
“En la actualidad, más de 800 millones de pesos (RD$800,000,000.00) han sido pagados por las centrales sindicales y los choferes independientes, lo que unido al valor de las unidades, cuyas matriculas y contratos acorde con la Ley No.483 de venta condicional de muebles, están en poder del Plan Renove, nos permitiría colegir, por simple operación matemática, que la suma pagada y el valor de los vehículos totalizan la inversión del Plan Renove”.
“En todo caso, el gobierno solo es responsable del pago de los vehículos que fueron entregados a las instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y asociaciones sin fines de lucro; entregas normales en todos los gobiernos y que en el actual continúa a ritmo acelerado”.
“En consecuencia, me ofrezco como útil, para el proceso de revisión y sobre todo para el establecimiento definitivo de la verdad”.
“Yo pregunto, honorables magistrados, ¿es un proceso de compra transparente, en una distribución racional y equitativa, y con una recuperación de la inversión, lenta pero segura, donde podría estar la prevaricación, el desfalco o la estatal?”.

PRESENTAN A PLENO DE LA SUPREMA CORTE CASO DE LA SUN LAND

2008-02-21T07:10:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fue apoderado esta mañana de los recursos de inconstitucionalidad incoados por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo contra los préstamos que contrajo el Estado con la Sun Land para la construcción obras públicas.

El Pleno decidirá si lo coloca o no en la agenda de orden de de conocimiento y fallo.

La SCJ, a través de su Dirección de Comunicaciones dijo que tal y como se había previsto, esos casos fueron colocados en la agenda del día del Pleno para fines de presentación.

La pasada semana, el presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, en respuesta una pregunta de El Nacional respondió que hoy 21 de febrero llevará esos expedientes para que sean colocados en el orden de conocimiento y fallo correspondiente.

Contra los préstamos de la Sun Land existen tres recursos de inconstitucionalidad, dos del PRD y uno por el Foro Social Alternativo.

Los primeros dos recursos los interpusieron el PRD y el Foro Social Alternativo contra el préstamo de 130 millones de dólares que hizo con la Sun Land la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

El otro recurso fue interpuesto por el PRD contra el préstamo de 200 millones de dólares que hizo la Secretaría de Obras Públoicas con la Sun Land.

Este último contrato, según el PRD, fue firmado en junio de 2006 sin ser enviado al Congreso, lo que, a su entender, constituye una violación de la Constitución de la República.

La existencia sobre este ultimo préstamo fue dado a conocer por los periodistas Nuria Piera y Huchi Lora en el programa radial Nuria y Huchi en CDN, quienes pusieron el documento a disposición de las entidades que estén interesadas.

Ayer, el Foro Social Alternativo visitó la SCJ en donde entregó un documento instando al Pleno de ese tribunal a fallar esos casos cuanto antes.

Con esos fines, para la mañana de hoy, varias organizaciones religiosas tenían programada una visita a la sede la SCJ, en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.

BAEZ FIGUEROA SE DEFIENDE DE CARGOS LAVADO DE ACTIVOS

2008-02-21T07:00:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

La defensa del empresario Ramón Báez Figueroa trataba esta mañana de probar que su cliente no incurrió en lavado de activos en el caso de Baninter, razón por la cual se opone a que se le castigue por ese delito.

Juárez Castillo y Vinicio Castillo Semán refutaron en ese sentido las acusaciones presentadas contra Báez Figueroa por el Ministerio Público y la parte civil constituida.

Desde ayer, ambos abogados a través de fílmicas y documentos intentan demostrar que las operaciones que se hicieron en Baninter, como son los casos de las adquisiciones de medios de comunicación, se hicieron de manera legal.

Juárez Castillo dijo que, por ejemplo, en el caso de la compra de RNN se hizo de forma legal y de cara al público, hasta el punto que en el acto de inauguración participaron el entonces presidente de la República Hipólito Mejía y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.

En la audiencia de ayer, las autoridades monetarias y financieras pidieron la inclusión del cargo de lavado de activos y, por vía de consecuencia, condenar a 20 años de reclusión a Báez Figueroa.

La exposición de la parte civil estuvo a cargo del abogado José Lorenzo Fermín quien pidió, además, que al principal implicado en el fraude que envuelve la suma de 74 mil millones de pesos, el pago de una multa de dos millones quinientos mil pesos y doscientos salarios mínimos como sanción civil.

En cuanto a lo penal el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la comisión de liquidación del Baninter también solicitaron al Tribunal que el imputado pague en indemnizaciones las sumas de 45 mil 469 millones de pesos por daños y perjuicios; 50 millones,82 mil 450 millones por las actuaciones punibles comprobadas en la sentencia y 18 mil 743 millones a favor del Baninter.

Dentro de los motivos argumentados por la parte civil, está que los jueces de primer grado interpretaron erróneamente el artículo 408 del Código Procesal, en lo relativo al contrato de mandato.

En la primera hora de ayer el abogado de la defensa, Juárez Castillo, presentó sus conclusiones ante los pedidos del Ministerio Público, que el pasado martes también solicitó al tribunal condena de 20 años para Báez Figueroa.

En su intervención solicitó a la Corte, Juárez Castillo pidió rechazar el pedido del Ministerio Público por considerarlo como improcedente, injusto y mal fundado.

Negó que su defendido incurriera en el delito de Lavado de Activos, debido a que esa actividad es oculta y todas las operaciones de negocios de su defendido fueron publicadas medios de comunicación.

DECLARAN INCONSTITUCIONAL TRASPASO 16 DE AGOSTO

2008-02-20T07:34:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional los artículos 1,2 y 4 de la Ley 139-97, que establecen el traspaso al lunes siguiente el 16 de agosto cuando éste cáe los días martes, miércoles, jueves y viernes.

El máximo tribunal de justicia acogió como bueno y válido un recurso de inconstitucionalidad incoado con esos fines por la Academia Dominicana de la Historia a traves de su presidente Francisco Michell Cordero.

En lo adelante, el 16 de agosto, Día de la Restauración, se celebrará igual que antes, el día que caiga en el calendario.

VINCHO CASTILLO SE AUSENTA DE AUDIENCIA CASO BANINTER

2008-02-20T07:16:00.000-08:00

SILVIO CABRERA

El doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho) no participará en las audiencias como abogado en el juicio que se le sigue en segundo grado al empresario Ramón Báez Figueroa y demás imputados del alegado fraude por más de 55 mil millones de pesos cometido contra el Estado a través del Banco Intercontinetal (Baninter).
Castillo no ha participado en ninguna de las audiencias que se celebran desde el lunes 18 de este mes, y oficialmente su hijo Vinicio Castillo Semán confirmó que no asistirá, en vista de que a su entender, no es necesario.
“Como tú sabes, en esta fase casi todo se presenta por escrito y no es mucha cosa lo que se viene hacer”, sostuvo Castillo Semán, para justificar la ausencia de su padre.
Sin embargo, extraoficialmente se supo que el doctor Castillo de forma estratégica no participa directamente en el proceso, en vista de que fue esa corte que le confirmó la sentencia condenatoria que se dictó en primer grado en su contra por el caso del dirigente perredeísta Hernani Zalazar.
Se supo, además, que en esa ocasión el doctor Castillo hizo algunos comentarios sobre esos jueces, razón por lo que se habría entendido que no era conveniente que participara en los debates en esta parte del proceso.

LA AUDIENCIA DE HOY

La audiencia sobre el caso Baninter continúo esta mañana con la exposición de la defensa de los abogados de Báez Figueroa a cargo de los hermanos Vinicio Castillo Semán y Juárez Castillo y con la ausencia de su padre Vinicio Castillo (Vincho).
Dichos abogados refutan el pedido de ayer del Ministerio Público, representado por Francisco García, quien pidió aumentar de 10 a 20 años de prisión la sentencia que se le impuso en primer grado.
En lo relativo a Báez Figueroa, principal acusado del fraude que envuelve la suma de 74 mil millones de pesos, el Ministerio Público solicitó a la Corte condenarlo a 20 años de prisión por adulterar, ocultar, abuso de confianza y lavado de activos en perjuicio de la sociedad y el estado dominicanos.

En la audiencia de ayer que concluyó pasadas las 7:00 de la noche, el abogado Francisco García Rosa también pidió que sea condenado al pago de 200 salarios mínimos, disponer la confiscación y el decomiso de todos los bienes, productos e instrumentos relacionados con el hecho punible y que se le confirmen las medidas de coerción que les hayan sido dictadas.
Hoy continuará la exposición de la parte civil contra Báez Figueroa, de acuerdo con el organigrama del proceso iniciado el pasado lunes a las 9:00 de la mañana.
Respecto a la imputada Vivian Lubrano de Castillo, cuya apelación se terminó de conocer ayer, sus abogados pidieron a la Corte confirmar la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que la descargó de responsabilidad por insuficiencia de pruebas.
También pidieron rechazar las solicitudes de la parte civil y el Ministerio Público, quienes pidieron seis años de prisión para la imputada y el pago de multas millonarias.
El abogado Rolando de la Cruz Bello concluyó por la Defensa y no fue replicado ni por el Ministerio Público ni por la parte civil que catalogaron la misma de “inconsistente”.
De la Cruz quiso rebatir el argumento pero la Corte acogió un pedido del Ministerio Público y la parte civil, quienes dijeron a la Corte que si no hicieron réplica no podía haber contrarréplica por parte de la Defensa.
Al final del conocimiento de su caso, Lubrano habló con los periodistas y se refirió a la cuenta de 27 millones de pesos que alegadamente distrajo en Baninter.
Al respecto, dijo que fue una bonificación pactada de buena fe por los años en la empresa, “yo dí un servicio y fui recompensada”.
La Corte dispuso que sólo se encuentre presente en la sala de audiencia el imputado al cual se le conocerá el recurso de apelación en el caso Baninter.

PIDEN CONFIRMAR DESCARGO DE LUBRANO DE CASTILLO

2008-02-19T08:16:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

La defensa de la ex vicepresidente ejecutiva de negocios del Banco Intercontinental (Baninter), Vivian Lubrano de Castillo, pidió este martes a los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, confirmar la sentencia que la descarga en el caso por insuficiencias de pruebas.Los doctores Rolando de la Cruz Bello, Gustavo Bialli Pumarol y Ricardo León, en su conclusiones finales pidieron al tribunal rechazar el pedido del Ministerio Público y de los abogados de la autoridad monetaria y financiera, quienes habían pedido que su cliente fuera condenada a 6 años de prisión y al pago de una multa de 1.5 millones de pesos.La audiencia inició hoy la 10:00 de la mañana, con la ponencia del abogado de la Cruz Bello, quien dijo que su cliente es inocente de los cargos que se le imputan y confirmar en toda su parte la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el 21 de octubre pasado.En el día de ayer el fiscal adjunto Francisco García y el abogado Carlos Salcedo, en representación del Banco Central acusaron a Lubrano de Castillo de ser tan responsable como Marcos Báez Cocco, ya que además de ser vicepresidenta ejecutiva de negocios del Baninter y “manos derechas” de Ramón Báez Figueroa, era miembro del consejo de directores y del comité de crédito de la desaparecida entidad.Dijeron que a pesar del descargo que obtuvo por el Primer Tribunal Colegiado, la imputada es culpable de violar el artículo 80 de la Ley Monetarias y Financieras, y el 408 del Código Penal, en relación a la ocultación de información y abuso de confianza en perjuicio del de los clientes de la entidad bancaria y del Estado dominicano.

CONOCERAN CASO DE CESAR SANCHEZ

2008-02-19T08:09:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

La Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo decidirá este miércoles 20 de febrero si procede o no la ratificación del auto de No Ha lugar dictado por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a favor del dirigente perredeísta César Sánchez, sometido a la justicia por el alegado uso irregular de más de 2 mil millones de pesos de los bonos soberanos.
El caso llegó a esa Corte por disposición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que ordenó que se le celebrara un nuevo juicio.
La Corte determinará si es correcto el auto de No Ha Lugar que a favor de Sánchez dictó el juez Berroa Hiciano, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

EXPECTATIVAS HOY EN CASO BANINTER

2008-02-18T06:37:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

Bajo la expectativa de que se podrían producir cambios significativos en las condenas impuestas a los imputados, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se aprestaba cercano a este mediodía a iniciar el conocimiento en segundo de grado sobre alegado fraude por más 55 mil millones de pesos cometido contra el Estado a través del Banco Intercontinental (Baninter).

Francisco Alvarez y José Lorenzo Fermín, abogados de las autoridades monetarias esperan que por lo menos, en esta fase la Corte de determine que hubo abuso de confianza por parte de Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco y Vivian Lubrano de Castillo y que en consecuencia se les condene por lavado de activos a la pena máxima de 20 años.

“Nosotros esperamos que un par de errores que tiene la sentencia de primer grado sean enmendados y que en segundo grado, la Corte de Apelación determine que real y efectivamente hubo abuso de confianza por parte de Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco y Vivian Lubrano de Castillo y que en consecuencia también corrija el error de lavado de activos. Si hubo abuso de confianza, si ellos sustrajeron el dinero del banco, es evidente que también lo laboran a través de una serie de actividades, por lo que en consecuencia la pena debe ser subida a 20 años de prisión”, manifestó Alvarez.

En tanto, el abogado Lorenzo Fermín consideró que la Corte de Apelación tiene una oportunidad de oro para enmendar los errores que, según él se cometieron en primer grado.

“Entendemos que no es justificado que un caso con la magnitud de Baninter quede con una sanción como la que se le impuso en primer grado. Las condiciones están dadas, como ocurrió en España con el caso de Mario Conde, que en primer grado le impusieron 10 años y después en apelación le impusieron 20 años, por lo que entendemos que hay la posibilidad de que eso ocurra aquí también.

DEJAN FUERA OFICINA DE ABOGADOS

La Oficina de Abogados Sierra Durán fue dejada fuera del proceso por parte de las autoridades Monetarias, sin que hasta este mediodía dieran ningún tipo de explicación al respecto.

En primer grado, en octubre de este año, el primer tribunal colegiado condenó al presidente deBaninter Ramón Báez Figueroa a 10 años de prisión y al pago de una indemnización de más de 61 mil 500 millones de pesos por los daños provocados por la prácticas fraudulentas de las que se le acusaba.

También condenó a diez años de prisión al asesor financiero Luis Alvarez Renta, el único de los acusados sobre los que el tribunal mantuvo el cargo de lavado de activos.

Báez Figueroa y el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Marco Báez Cocco, fueron condenados por la acusación de ocultar datos para desviar la fiscalización de las autoridades bancarias y encubrir la situación de la entidad financiera.

El tribunal, de tres magistrados, absolvió de toda responsabilidad a los otros dos acusados, Vivian Lubrano y Jesús María Troncoso, por considerar que no tenían responsabilidad en el caso.

El tribunal también ordenó el cese de la intervención de las propiedades del Banco Intercontinental para que los mismos sean usados en el proceso de liquidación de la institución financiera.

Entre las empresas que están supuestas a ser liquidadas hay varios canales de televisión y emisoras de radio. Se excluyó de los requerimientos de liquidación al periódico Listín Diario, propiedad de Báez Figueroa.

Todas estas medidas están sujetas a cambios o ratificación durante el conocimiento del caso en segundo grado que estaba previsto a iniciarse esta mañana en la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ubicada en edirficio viejo del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Estrictas medidas de seguridad a cargo de la Policía fueron tomadas en el tribunal y se cerró la calle principal de acceso al edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, para evitar principalmente el transito de vehículos.

La primera audiencia del caso, bautizado como "el juicio del siglo", se inició el 3 de abril del 2006 en primer grado, y se reanuda hoy en la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

En primer grado, la defensa de Báez Figueroa sustentó la defensa en la teoría de la conspiración del entonces presidente Hipólito Mejía, la cual se habría desatado por la acusación de fraude hecha por el Baninter contra el jefe de la seguridad militar de Mejía, el coronel Pedro Julio Goico Guerrero.

El fraude del que fue acusado el funcionario militar lo habría cometido con una tarjeta de crédito asignado por el Baninter para cubrir los gastos personales de Mejía.

Los principales ejecutivos del Banco fueron acusados de abuso de confianza, estafa y lavado de activos.

La acusación indica que los imputados usaban recursos del Banco Intercontinental para financiar empresas dirigidas por ellos mismos y que posteriormente borraban las cuentas sin que las mismas fueran saldadas.

En ese mismo año también se detectaron otros fraudes similares en los bancos Nacional del Crédito (Bancrédito) y el Mercantil.

Los fraudes bancarios provocaron una profunda crisis económica en el país lo cual llevó a una inflación que superó el 100 por ciento y provocó una devaluación del peso dominicano, ya que el dólar llegó a subir de 20 a 56 pesos por un dólar en un período de cuatro meses.

CELEBRARAN MARCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

2008-02-15T07:41:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

Varias instituciones cívicas realizarán el 23 de este mes una vigilia, en reclamo de justicia por el asesinato de diferentes personalidades de la vida pública, entre ellas el técnico de aeronáutica civil, Angel Christopher Martínez, muerto a balazos en julio del 2006 en la margen oriental de la Capital.
La vigilia, en la que participará Participación Ciudadana y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, será realizada en la isleta de la avenida Winston Churchil.
En relación al caso de Christopher Martínez, las autoridades revelaron que iniciaron un proceso de extradición de un colombiano sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato.
Erick Christopher, hijo del funcionario, dijo en una ocasión que “el caso fue archivado porque las autoridades no han puesto interés en resolverlo a pesar de que es de interés de la opinión publica”.
Sospecha que la muerte de su padre tiene algo que ver con una investigación que hizo de una aeronave extranjera por solicitud de la Federación de Aviación Civil de los Estados Unidos.

TRIBUNAL CONOCERA CASO DE NIÑO MUERTO APLASTADO POR VALLA

2008-02-15T07:13:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado hoy del recurso de apelación interpuesto contra el auto mediante el cual, la Fiscalía del Distrito Nacional desestimó el caso del niño Francis Enrique Cabral Roselló, muerto aplastado por una valla publicitaria que se desplomó durante el evento “Caminante por la Vida” que celebró en el Jardín Botánico, el 25 de marzo del 2007.
El tribunal, presidido por el juez Delio Figuera, determinará si la Fiscalía actuó de manera correcta al desestimar y ordenar el archivo de la querella incoada contra el empresario José Miguel Bonetti y otras personas sometidas a la justicia por el hecho.
La semana pasada, los abogados Manuel Sierra, Teobaldo Durán y Fidel Pichardo, representantes de la familia del menor, anunciaron que recurrirían en apelación la decisión de la Fiscalía.
Calificaron de injusta y abusiva la actitud del fiscal José Manuel Hernández Peguero, de desestimar el querellamiento y ordenar su archivo.
Expresaron que, al parecer, Hernández Peguero actuó como una persona que no tiene hijos y que tuvo más peso en conciencia el tráfico de influencia, el económico y el político.
Manifestaron que fue una actitud de indolencia, en razón de que en su dictamen de desestimación expresó que “era una injusticia perseguir a los acusados”.
Dijeron esperar que en apelación, los jueces enderecen lo que consideraron como un abusivo, cruel, cobarde e inhumano dictamen del fiscal Hernández Peguero.
Expresaron que esperan que ese tipo de decisión sea repudiada por las madres dominicanas, en el entendido de la frase que reza “hoy por ti mañana por mí”.
E éxito de la segunda edición de la campaña "Caminantes por la vida", que reunió a miles en la capital, quedó empañado por la muerte del menor Cabral Roselló, de 11 años.
En esa ocasión, el grupo MercaSid, organizador del evento, lamentó la penosa pérdida del menor, que se produjo luego de que una de las torres que sostenía una de las vallas de promoción del evento le cayó encima y le ocasionó severas heridas.
Fue atendido por paramédicos de la Defensa Civil antes de ser ingresado en la Plaza de la Salud, donde falleció. La campaña "Caminantes por la vida", durante la cual miles personas caminaron ocho kilómetros en el Jardín Botánico, está dedicada a la prevención del cáncer de mama, uterino y cáncer infantil.
Se trataba de un jovencito que tenía calificaciones excelentes, que quería ser artista, que escribía guiones de televisión y había actuado en un comercial de televisión y modelado ropa para una revista.
Era hijo de la publicista Carmen Luisa Roselló, quien junto a él participaba en el evento, y del señor Francis Cabral.

LA RENUNCIA DE ROJAS NINA

2008-02-13T04:55:00.000-08:00

MI RENUNCIA DEL GOBIERNO
DOMINGO PORFIRIO ROJAS NINA

Entre los fundamentos de mi renuncia, entre otros, se encuentra la razón básica de que jamás podría percibir emolumentos o un simple sueldo, sin desempeñar ninguna función para el cargo que fuera creado, debido a principios éticos, morales y la dignidad que me impone los blasones de mi conciencia. Prefiero morir antes que traicionar mis principios, a mi familia, a San Cristóbal y al país.
Tengo el deber de informar a la nación los reclamos de la voz de mi conciencia, previa meditación de largas horas y noches, respecto a mi partida como secretario de Estado, asesor en derechos humanos del Podes Ejecutivo.
En comunicación del 11 del cursante mes informé al señor presidente mi profundo agradecimiento en sublime expresión sentimental, por el nombramiento que en fecha 20 de agosto del pasado año me hiciera, el cual no esperaba, pero fue una gran distinción, sintiéndome altamente honrado.
Al ser juramentado el 21 del referido mes, el excelentísimo presidente Leonel Fernández Reyna tuvo la gentileza en expresarme que, tomando en consideración mis condiciones profesionales, morales, luchas en defensa de los Derechos Humanos y experiencia en la administración pública, había tomado esa decisión, ofreciéndole por eso mi sincera gratitud, en tan significativa ocasión.
Pensé que verdaderamente yo iba a ser tomado en consideración para algunos aspectos de las prerrogativas humanas y otras cosas, en favor de la ciudadanía y la República, pero no fue así lamentablemente.
Realicé varias gestiones con instancias del Palacio Nacional para que me fuera asignado un despacho como era de lugar, pero todo fue inútil, ya que fui a trabajar, a ayudar al presidente Fernández junto al Gobierno que dirige, a servirle con lealtad, honradez, decoro, sanas intenciones y la mejor buena fe ciudadana.
Dirigí al señor presidente de la República un sin números de comunicaciones, sugerencias, proyectos, solicitudes de entrevistas a ciudadanos y a favor de sectores, provincias y comunidades del país, incluyendo mi idolatrado pueblo de San Cristóbal, pero nunca recibí siquiera un acuse de recibo, en desmedro de la cortesía y normas protocolares que se estilan siempre a favor de toda persona o entidad que se dirige especialmente a un jefe de Estado.

Igualmente, nunca el señor presidente me concedió una breve entrevista, ni me participó nada en relación a la designación que fui objeto, lo que considero inaudito, pues reitero fui a trabajar, aunque queriendo no pude desarrollar mis anhelos ni desempeñar las funciones que pensaba realizar, porque no recibí el apoyo del Gobierno ni atribución alguna al respeto.
En mi renuncia al señor presidente le comunique que una gran parte del limitado emolumento recibido lo invertí en compras de medicinas, alimentos, ayudas económicas, pasajes, vestuarios a favor de personas pobres y necesitadas, y eso lo podemos probar a plenitud, incluyendo solicitudes de ayuda no económica a distinguidos amigos, como al filántropo doctor Antonio Cruz Jiminian, al Licenciado Ramón Alvarez, al brillante Cardiólogo y Humanista doctor Jhonny Jacobo Simón, al destacado diputado licenciado Víctor Ito Bisonó, al doctor Juan Oviedo, cuya Óptica lleva su apellido, al licenciado Moisés Nina Placencio y a mis cuatro hermanas residente en los Estados Unidos de América.
La conciencia es el mejor libro de moral que tenemos, decía Pascal, y si el destino y el pueblo lo deciden es preferible ser vencido con dignidad que ganar con humillaciones y olvido con nombre y apellido, pues luego de varios años retirado volveré a incursionar en la política dominicana oportunamente, ya que no puedo permanecer al margen de la futura situación del país.
Pero quiero expresar mi reconocimiento y gratitud también a distinguidos funcionarios de quienes recibí atenciones, jamás nada mercurial. Se trata del licenciado Luís Manuel Bonetti, José Francisco Peña Guaba, del cual recibí en el mes de diciembre 60 cajas navideñas, las cuáles fueron repartidas en San Cristóbal y la Capital a personas necesitadas; al distinguido doctor Radhames Jiménez, al ingeniero Temístocles Montás, al licenciado William Aquino, al doctor. Roberto Blandino Urbáez, al mayor general José Aníbal Sanz Jiminián, a él recurrí en busca de ayuda para una señora enferma, ofreciéndole colaboración la cual fue tratada y operada en Cuba.
Agradezco también as la señora Agueda Herrera y a las personas que laboran en Recursos Humanos de la Presidencia, al mayor general ingeniero Rafael Guzmán Fermín, al licenciado Felipe Jey Payano, al general de brigada Medina, jefe del Cuerpo de Ayudantes del Señor Presidente.
Reitero que fui a trabajar, a ser leal al gobierno y la institucionalidad, no a ser una simple figura decorativa, aunque vivo, contrario a los que algunos que no me conocen piensan, en un limitado apartamento, siendo posible que del irrisorio emolumento que recibí contribuyera para algunas necesidades perentorias; pero la dignidad es un valor social, moral, ético y personal que yo tengo y que mantendré incólume hasta el ultimo día de mi vida, porque he trabajado con cinco ex presidentes, pero yo no transijo con mis criterios, ideales y dignidad.
Señor presidente, yo le manifesté que iba ayudarle a usted dentro de nuestras posibilidades, pero sin incursionar ni participaren la destacada agrupación política que usted dirige, aunque usted nunca me ocupó ni señalara nada políticamente, y esto debo decirlo con verticalidad.
Mi filosofía coincide con la de padre de la Patria Juan Pablo Duarte, cuando dijo: “Haced siempre el bien que la vida es transitoria. El poder de los hombres pasa y la historia queda para que la escriban las nuevas generaciones”.
Muchas gracias excelentísimo presidente, pero yo pienso como Aristóteles: “Vivir Moralmente vale más que vivir”.

SUPREMA FALTA A SU PROMESA

2008-02-09T06:13:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) no disponía esta mañana de ningún tipo de información a cerca de la colocación en agenda de los recursos de inconstitucionalidad incoados por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo contra los préstamos contraídos por Estado con la empresa Sun Land para la construcción de varias obras.
Aunque el presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, había prometido que iba a estudiar en esta semana el dictamen que sobre ese caso dio la Procuraduría, ni ayer ni a media mañana de hoy se había producido ninguna información oficial.
Para saber de casos como éste y otros que conoce la SCJ, hay que hacer las preguntas por escrito a Subero Isa y cuando suele responderlas, lo hace cuatro y cinco días después.
La semana pasada, Subero Isa dijo a los periodistas que cubren la fuente de la SCJ que todavía no había visto el dictamen de la Procuraduría, pero que lo estudiaría en esta semana para determinar si apodera o no al Pleno de ese tribunal.
L Procuraduría General de la República en su dictamen, a través de su titular, Radhamés Jiménez Peña, rechazó dichos recursos por carentes de base legal e infundados.
Jiménez Peña pide en su dictamen declarar dichos recursos inadmisibles, por entender que son improcedentes, mal fundados y carentes de base legales.
Cita el artículo 5 de la ley de crédito público 6-06, que indica que no constituyen operaciones de crédito público los contratos de obras a ejecutar en más de un ejercicio financiero, cuyos pagos se estime realizar a medida que se realice la cubicación de las obras, y establece que ese es el caso de los contratos con la Sun Land.
Dice que los pagarés firmados por Félix Bautista, de la Oficina Fiscalizadora de Obras del Estado, se ejecutaron para garantizar los pagos sucesivos de las obras.
El caso de los préstamos del Estado con la Sun Land han sido criticados por la alta dirigencia del PRD, entre ellos por ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Enmanuel Esquea Guerrero, quien sostuvo que en ellos existe la figura de lavado de activo.
Explicó que prevalece el lavado de activo por que con esos préstamos se pretendía hacer inversiones entre la que se encuentra la compra de un edificio que está ubicado en la avenida Lópe deVega.
El jurista dijo que la Sun Land le propuso la compra del inmueble por 39 millones de dólares al Banco Central.

LOS INDOCUMENTADOS: RAZON DEL EXILIO DOMINICANO

2008-02-06T11:26:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

Algunos amigos residentes en los Estados Unidos y Puerto Rico, incluyendo un familiar, me hicieron ver la razón por la cual los dominicanos emigran hacia otro país dejando atrás sueños y familias.
Soy de los que siempre he dicho que nunca emigraría, pero después de ciertas vivencias entiendo a mis amigos y familiares que lo han dejado todo para irse a vivir a Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
En agosto del año pasado estuve con mi esposa en los Estados Unidos y me contaba un familiar nacido en New York que jamás volvería a la República Dominicana. Me decía que lo sentía, pero que este país, su país por demás, era una selva.
Me pareció una herejía de su parte, a pesar de las narraciones de vivencias que me hizo para justificar sus alegatos.
Me contó, y eso yo lo sabía, que una vez por razones que no vienen al caso recordar, lo mandaron a República Dominicana para que conociera su país y se pasara un tiempo y así evitar la confrontación de un problema que se vislumbraba venir.
Me dijo que estando en el país se lo ocurrió tomar un vehículo prestado para irla a la playa de Boca Chica. Me narró que decidió entrar al poblado de Andrés y que cuando decidió reanudar el camino hacia la playa, se encontró en la autopista con una patrulla de la Policía que lo mandó a parar.
Me contó que uno de los policías le dijo que iba manejando a más de 60 kilómetros por horas, por lo que le pidió su licencia de conducir para ponerle una multa.
Me expresó que le dijo a ese policía que no era cierto que estaba manejando a más de 60 kilómetros por hora, en razón de que apenas acaba de emprender la marcha del vehículo para entrar a la autopista Las Américas procedente del poblado de Andrés.
“Eso fue más que suficiente para que ese policía llamara a su compañeros y me diera una golpiza bajo el alegato de que yo le había dicho mentiroso”, me expresó el familiar.
Me enseñó algunas marcas permanentes en su cuerpo fruto de las golpiza que le dio el Policía. Todo eso yo lo sabía, pero me lo recordó como para que no lo olvidara y me dejara de hablar pendejadas respecto de que yo jamás emigraría.
Me expresó que lo cierto es que, contrario a mi posición, él jamás volverá a la República Dominicana, porque entiende que este país es una selva y que solo aquí se dan casos como éste.
“Prefiero mejor a Irak, que fue el problema por el cual me enviaron a República Dominicana, que volver a tú país”, me dijo el familiar.
Me recordó que tan pronto lo dejaron en libertad regresó a Estados Unidos, sin importarle que lo mandaran a pelear a Irak.
Algo más o menos parecido me contaron algunos amigos cuando visité el año pasado a Puerto Rico.
Me expresaron que en Santo Domingo para vivir hay que ser abogado, porque existe la cultura de que todo el mundo te engaña y la justicia es muy cara.
Les expresé a esos amigos que eso no era así y ellos me dijeron que conmigo no ocurría lo mismo porque yo soy periodista y “con los periodistas nadie quiere problemas”.

MI EXPERIENCIA
Hace una semana viví una experiencia que me hizo recordar lo que acabo de narrar.
Ocurrió que me llegó un recibo de Claro Codetel mediante el cual me comunicaron que tenía que pagar cuanto antes un “ajuste” de más de cinco mil pesos.
Llamé a la compañía y por más explicaciones que pedí, nadie me dijo las razones por las cuales se me aplicó el “ajuste”. Solo me decían que tenía que pagarlo y hacer un reclamo y que si luego se comprobaba que fue un error me devolvían el dinero.
¡Que impotencia sentí!, ¡Cuantas frustraciones!. Pensé en someter a la justicia la compañía, pero tuve que contenerme al pensar que los amigos abogados que en verdad resuelven cobran hasta 200 mil pesos solo por oírte plantear el caso para determinar si lo aceptan o no.
Fue entonces cuando comprendí los alegatos de los amigos dominicanos residentes en Puerto Rico y Estados Unidos. Entendí las razones del por qué de los viajes en yolas, del por qué del familiar que me dijo que prefería ir a Irak a pelear antes que volver a República Dominicana.
Recordé que uno de ellos me dijo que en Puerto Rico y Nueva York no es como aquí, que te engaña la compañía de teléfonos, de electricidad y hasta la de telecables, y que si te engañan allá tienen que pagar por ello.
Por suerte, valiéndome de mi condición de periodista fui a Indotel y a esa institución sí le dieron una explicación de lo que ocurría. Le dijeron que se trató de un error, que me pedían excusas y que no tenía que pagar el fastidioso “ajuste”.

Ahora los entiendo hermanos del exilio.

FIJAN PARA 18 DE FEBRERO CASO BANINTER

2008-02-06T07:10:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijo para el 18 de febrero el conocimiento del recurso de apelación a la sentencia que condena a 10 años de prisión a Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco y Luís Álvarez Renta, en torno al caso Baninter.

Los magistrados Ignacio Camacho Hidalgo, quien preside el tribunal, e integrado por Nancy Joaquín Guzmán, Doris Pujols Ortiz y Wendy Martínez Mejìa, adoptaron la decisión luego de ser apoderado del caso por el presidente de la Cámara Penal de la Corte, José Uribe Efres.

Asimismo, el tribunal ordenó a la secretaria del tribunal convocar a las partes que figuran en el proceso, los imputados, sus abogados, los abogados de la autoridad monetaria y financiera, y los fiscales adjuntos del Departamento Nacional de Prevención contra la Corrupción Administrativa, para los fines correspondientes.

La apelación será conocida a la 10:00 de la mañana en la sala de audiencia de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ubicado en la primera planta del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, edificio que alojaba la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República.

En torno al caso Báez Figueroa, Báez Cocco y Álvarez Renta, fueron condenados a 10 años de prisión, mientras que Vivian Lubrano de Castillo y Jesús Maria Troncoso Ferrua, fueron descargados por insuficiencia de pruebas.

La apelación fue presentada por Báez Figueroa, a través de sus abogados Marino Vinicio Castillo, Juárez Castillo Seman, Vinicio Castillo Semàn y José Antonio Columna. Báez Cocco presentó el recurso a través de sus abogados Juan Antonio Delgado y Juan Manuel Alcántara y Álvarez Renta, a través de sus abogados Santiago Rodríguez, Eric Raful, Salvador Catrain y Joaquín Zapata.

De su lado, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y el Banco Intercontinental Baninter, presentaron la apelación a través de sus abogados Artagnan Pérez Méndez, Ramón Pina Acevedo, Carlos Salcedo, José Lorenzo Fermín, Manuel Sierra, Teolbaldo Durán, Francisco Venzan, entre otros.

De lado, del ministerio público apelo el fallo, el director de la DPCA, Octavio Lister Henríquez y los fiscales especializados en fraude bancarios, Francisco García y Dany Villalona.

MALLETE ACERTO EN VATICINIO: CONFIRMAN DESCARGO DE LOS ACUSADOS DEL CASO DE LOS INVERNADEROS

2008-02-04T11:00:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

Tal y como lo habiamos pronosticado, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó ayer la sentencia que descarga al dirigente perredeísta y ex secretario de Agricultura, ingeniero Elio Jáquez y demás acusados, sometidos a la justicia por el alegado fraude cometido contra el Estado a través de programa de los invernaderos ejecutado en el pasado Gobierno.
Los jueces Ramón Horacio González Pérez, Pedro Antonio Sánchez Rivera y Esther Agelan Casasnovas confirmaron la sentencia dictada el 26 de julio del 2007 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Mediante esa sentencia, Jáquez y los demás acusados fueron descargados por insuficiencia de pruebas presentadas por el Misnisterio Público.
El tribunal rechazó el recurso de apelación que contra la sentencia que favorece a Jaquez y los demás acusados presentó el Ministerio Público.
La Corte tras rechazar el recurso de apelación del Ministerio Público, confirmó la sentencia de primer grado, por entender que se justa a la correcta aplicación de la justicia.
El 26 de julio del año pasado, luego de 28 meses de espera, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró no culpables a Jáquez y otros siete funcionarios del pasado gobierno acusados de incurrir en actos de corrupción en la asignación y distribución de invernaderos.
Los descargados son, además de Jaquez, José Fabelo Medina, los hermanos Andrés, Fausto Escarramán, Sergio Uribe y José Salvador Sánchez, Regino Valero de los Santos y Leonardo Francisco Sosa.

El alegato del tribunal de primer grado para dictar la sentencia a favor del ex secretario de Agricultura Eligio Jáques y los otros ex funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía fue la insufiencia de pruebas.

En la audiencia de ese entonces, el Ministerio Público solicitó que condenaran a Eligio Jaquez, a cinco años de prisión y ocho millones de pesos de multas; a José Fabelo Medina, tres años de cárcel y cinco millones de pesos de multas, y a los hermanos Andrés y Fausto Escarramán, a dos años y seis millones de pesos cada uno.
A Sergio Uribe a dos años y seis millones y a José Salvador Sánchez, Regino Valero de los Santos, y a Leonardo Francisco Sosa, un año y seis millones cada uno.
A la audiencia de ayer acudieron a tribunal a respaldar a Jáquez decenas de dirigentes perredeístas, entre ellos el secretario general de esa organización, doctor Orlando Jorge Mera.

IMPUTADOS EN CASO DE LOS INVERNADEROS A PUNTO DE SALIR POR LA PUERTA GRANDE

2008-01-16T09:16:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

Por lo menos un juez de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional es de opinión que los imputados en el caso de los invernaderos no tienen responsabilidad penal, razón por la cual el grupo podría tener ganancia de causa durante una audiencia que para la lectura de un fallo reservado se convocó para el 4 de febrero
Para ese juez, cuyo nombre no se ofrece por razones obvias, el grupo encabezado por el ingeniero Eligio Jáquez, no tiene responsabilidad penal, en razón de que durante el juicio se determinó con claridad que los invernaderos eran asignados por el Banco Agrícola y no por la Secretaría de Agricultura.
“Si hay algún tipo de irregularidad, que no lo descartamos, se cometió en el Banco Agrícola, y ese organismo no fue puesto en causa”, comentó el juez.
En primera instancia, el ingeniero Jáquez y otros siete ex funcionarios del pasado gobierno fueron descargados por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Eligio Jáquez y José Fabelo Medina, los hermanos Andrés y Fausto Escarramán; Sergio Uribe, José Salvador Sánchez; Regino Valero de los Santos y Leonardo Francisco Sosa, fueron declarados no culpables de irregularidades, mediantge sentencia dictada por los jueces Daría Medina, Sergio Ortega y Keila Pérez Santana.
El caso llegó a ese tribunal por mandato de la Primera Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, que envió al grupo a juicio de fondo.

LLEVAN A LA JUSTICIA CASO DE LAS ONGS DE DIPUTADOS Y SENADORES

2008-01-14T06:48:00.001-08:00

POR SILVIO CABRERA

El caso de las Ongs de los diputados y senadores llegó a la justicia, con el sometimiento de un recurso de inconstitucionalidad por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra la disposición mediante la cual se asignaron fondos del Presupuesto Nacional para atender programas sociales de sus comunidades.
El recurso de inconstitucionalidad contra dicha medida fue sometido por el abogado Ramón Miliano, quien alega que con esa acción, los diputados y senadores violentan los artículos 16, 23 y 37 de la Constitución de la República y el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.
El artículo 16 de la Constitución de la República se refiere a la forma como se ejerce el Poder Legislativo y el 23 y 37 a sus atribuciones, sin que ninguno de ellos establezca que los legisladores pueden asignarse fondos del Presupuesto Nacional.
El recurso de inconstitucionalidad del abogado Miliano hace saber a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que los diputados y senadores se asignaron fondos adicionales en sustitución a los que recibían por concepto de las Ongs que les suprimieron.

LA DOBLE MORAL: MINISTERIO PUBLICO PATROCINO LIBERTAD DE DOMESTICA Y ESPOSA DE ARENERO

2008-01-12T06:12:00.000-08:00

Miriam Brito junto a la secretaria de la Mujer, Flavia García.

Deidania González en la cárcel

POR SILVIO CABRERA

El Ministerio Público hizo ingentes esfuerzos para que la doméstica Elisa Deidania González y la señora Miriam Brito no fueran condenadas penalmente por el asesinado del empresario Arenero José Castro, e incluso a favor de una desistió de la acción penal y a favor de la otra tipificó de correccional el expediente.
A favor de la doméstica Elisa Deidania González e incluso la sometieron fuera del plazo constitucional de las 48 horas, a fin de que el juez apoderado del caso ordenara su puesta en libertad, como al efecto lo hizo, por violación a dicho plazo.
En el 2003, el entonces fiscal de San Cristóbal, Roberto Faxas Sánchez dictó una resolución desistiendo de la acción penal a favor de la esposa del arenero, señora Miriam Brito, y calificó de correccional el expediente en lo concerniente a la doméstica González, quien ayer se entregó a la Procuraduría General de la República para cumplir una condena de 30 años de cárcel.
La decisión de Faxas Sánchez fue presentada en esa ocasión por ante el Tribunal de Primera Instancia de San Cristóbal, en donde se ordenó la puesta en libertad de la doméstica González, por haber sido presentada a la justicia fuera del plazo constitucional de las 48 horas.
Sin embargo, la decisión fue revocada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 16 de diciembre del 2004 y ordenó que se hiciera un nuevo juicio en la Corte de Apelación de Santo Domingo, donde González fue sentenciada a 30 años de prisión y Brito a 20 años de cárcel.

Ayer en la tarde, la doméstica González se entregó al procurador General de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, con la mediación de la productora de televisión Nuria Piera y de su abogado José Tamarez Taveras.
De inmediato González fue llevada al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres, acompañada por el procurador adjunto Moisés Ferrer, por disposición de Jiménez Peña.
Tan pronto se entregó la doméstica, cuyo paradero era desconocido hasta ayer por las autoridades, se declaró inocente y aseguró que nunca se escondió, ni salió de su hogar.
“Yo no estaba presa porque nunca me habían buscado, porque yo nunca salí de mi casa, yo estaba ahí en Azua y todo el que iba me encontraba, si me hubieran buscado yo estuviera presa desde el día que cayo Miriam Brito presa, pero a mí nunca me buscaron”, declaró a los periodistas Huchi Lora y Nuria Piera al hablarles por la vía telefónica cuando se encontraba en la cárcel de Najayo.

FOTO DE REPORTAJE NO ES DE DOMESTICA

2008-01-09T09:49:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

La fotografía registrada en el sistema de informática de la Dirección General de Prisiones de la doméstica Elisa Deidania González, prófuga de la justicia y condenada a 30 años de cárcel por la muerte del arenero José Castro, no coincide con la mujer que presentó la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe.
El director general de Prisiones, José Ignacio Sandoval Cabrera, dijo que no hay ningún tipo de similitud entre la gráfica de la periodista Ortega y la que hay en el sistema de la institución que él dirige.
No obstante, informó que todavía no ha podido ser apresada la persona que aparece en el reportaje de la periodista Ortega.
Elisa Deidania González fue puesta en libertad hace dos años tras ser favorecida con un recurso de Habeas Corpus luego de haber permanecido en prisión por cuatro años, pero luego fue condenada a 30 años de cárcel en la provincia Santo Domingo.
La revelación sobre su historial carcelario la dio a conocer el director general de Prisiones, quien explicó que las informaciones la obtuvo en el desarrollo de la investigación solicitada por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, para conocer el estatus jurídico de la mujer condenada como autora material de la muerte del arenero José Castro, ocurrida el 26 de noviembre del 2003.
A pesar de que las autoridades han asegurado que están tras el paradero González, luego de percatarse de que no se encontraba en prisión, la periodista investigadora Alicia Ortega la ubicó en el barrio El Prado de Azua.
“Hay operativos, el jefe de la Policía y el Fiscal de San Cristóbal andan detrás de la detención, pero que hasta ahora no se ha apresado”, expresó Sandoval Cabrera.
Explicó que la mujer, a quien algunos sectores vínculan a la banda de los Sayayines, guardó prisión desde el 18 de diciembre del 2004 hasta el 10 de abril del 2005.
Indicó que, aparentemente, hubo una contradicción entre los jueces “porque el juez de instrucción y el juez de Habeas Corpus son dos jueces de indicio, o sea, no entiendo por qué el juez del Habeas Corpus la pone en libertad y luego el juez de instrucción la envía a un tribunal criminal”, expresó

JUECES NO FIRMAN SENTENCIA DE CESAR SANCHEZ

2007-12-21T10:05:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

Los jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no firmaron la sentencia que ordena la celebración de un nuevo juicio al ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero César Sánchez, razón por la cual ayer el imputado y sus abogados no pudieron obtener una copia de la decisión.
Sánchez se presentó ayer a la secretaría del tribunal, pero le informaron que los jueces no han firmado la sentencia, por lo que todavía no pueden entregársela.
Le informaron que será dentro de una o dos semanas, después que los jueces la firmen, que se la entregarán.
Sánchez se quejó de que esa situación lo coloca en un estado de indefensión, que lo imposibilita, incluso, a fijar una posición ante los medios de comunicación.
Mediante sentencia leída el miércoles, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso la celebración de un nuevo juicio a Sánchez, por el caso del alegado mal manejo de más 2 mil 168 millones de pesos de los bonos soberanos destinados para la construcción de la autopista eléctrica Santo Domingo-Santiago.
El tribunal envió el caso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, a los fines de que valore de nuevo el recurso de casación que interpuso la Dirección Nacional de Persecución Administrativa de la Corrupción contra el auto de no ha lugar a juicio que favorece a Sánchez.
Sánchez fue favorecido con un auto de No Ha Lugar por el juez Román A. Berroa, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Ese auto de No Ha lugar fue recurrido en apelación por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Sin embargo, en apelación la Primera Sala de Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó el citado auto, por lo que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa decidió llevar el caso a la SCJ, tribunal que hoy ordenó la celebración de un nuevo juicio en la provincia Santo Domingo.
En primer grado, el juez A. Berroa declaró No Ha Lugar a favor del ingeniero César Sánchez Torres, "por no haber cometido los hechos imputados por el Ministerio Público, de conformidad con las previsiones del numeral 1 de artículo 304 de nuestro Código Procesal Penal”.

“Rechazamos la acusación promovida por la Procuraduría General de la República, en la persona del Dr. Octavio Líster Henríquez, Procurador General Adjunto y Director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, conjuntamente con el licenciado Hotoniel Bonilla García y el Dr. Francisco García Rosa, representantes del Ministerio Público, mediante escrito de fecha 16 del mes de octubre del año 2006 contra el ciudadano César Domingo Sánchez Torres, por presunta violación a los artículos 145, 146, 166, 167, 169, 170, 171, 172 del Código Penal Dominicano; 8 de la Ley 128-01 sobre Bonos Soberanos y 102 de la Constitución de la República, en perjuicio del Estado Dominicano”, agrega el auto.

En virtud del fallo, al ingeniero Sánchez Torres se le ordenó que se le devolviera el pago de la fianza, por un monto de 1 millón de pesos, más los intereses que generó durante el tiempo que estuvo depositada la suma.

EX JEFE POLICIA DENUNCIA AMENAZA DE MUERTE

2007-12-21T08:59:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

El ex jefe de la Policía, mayor general retirado Jaime Marte Martínez, compareció hoy por ante la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, en donde tras ser interrogado denunció que está siendo objeto de amenazas de muerte.
Marte Martínez asistió a la institución anticorrupción en compañía de su abogada Igrid Hidalgo, en atención a una citación que se le hizo para ser interrogado sobre las alegadas irregularidades cometidas en una compra de municiones y pertrechos militares que se hizo durante su gestión.
Al salir del interrogatorio dijo que es cierto que ha recibido amenazas de muerte y que, incluso en el pasado ha sido objeto de atentados.
Sostuvo que de forma permanente lo mantienen en un estado de hostigamiento de manera inconfesable, para lo que se siente preparado para resistir.
Marte Martínez fue interrogado por espacio de dos horas por el fiscal adjunto Juan de Dios Ventura.
Dijo que le sorprende que lo hayan llamado a interrogatorio un 21 de diciembre, tres días antes de Nochebuena.
El 23 de noviembre de este año, Marte Martínez fue citado por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, pero no fue interrogado en vista de que solicitó formalmente que antes le notificaran los elementos probatorios en su contra, así como informes, auditorias, comunicaciones y declaraciones de otras personas investigadas sobre ese caso.
Según Marte Martínez, la institución anticorrupción no cumplió ayer con ese pedimento, en violación al artículo 95 del Código Procesal Penal, que establece que una persona no puede ser citada para simple interrogatorio.
Según el doctor Octavio Líster, director de la institución anticorrupción, a Marte Martínez se le citó para que ofrezca una explicación acerca de una supuesta sobrevaluación ascendente a 8 millones de pesos en la compra de municiones, cartuchos de escopeta, gases lacrimógenos y chalecos antibalas durante su gestión.

La primera vez que se le hizo la citación a Marte Martínez, Líster dijo que hace varios meses llegó al organismo, a través de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, unos informes de auditoría realizados por la Contraloría General sobre la compra de proyectiles y artículos de armas de la Policía a dos empresas privadas, en las que se consigna la presunta sobrevaluación.

Informó que varias personas, entre ellas miembros de la comisión que tuvo que ver con las compras, fueron interrogadas.

"Pero nos faltaban unos documentos originales que nos llegaron recientemente, hace 15 días", dijo Líster.

Comentó que sólo le faltaba interrogar a Marte Martínez, quien supuestamente autorizaba esas compras.

Cita que la supuesta irregularidad existe en que la forma como fue pagado era a una tasa del dólar distinta a como había sido contratado.

EMBAJADOR ESTADOS UNIDOS VA A LA PROCURADURIA

2007-12-21T03:56:00.001-08:00

POR SILVIO CABRERA

El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, recibió la primera visita del embajador de los Estados Unidos, P. Robert Fannin, durante la cual se comprometieron brindarse ayuda mutua para que las políticas en contra del crimen en todas sus dimensiones sean cada vez más efectivas.

El embajador estadounidense se comprometió a continuar ofreciendo ayuda a la Procuraduría General de la República para la formación de los fiscales y para la sostenibilidad de la reforma penitenciaria que se impulsa en el país.

Dijo que a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) continuarán ofreciendo colaborando en la implementación del nuevo modelo de gestión de fiscalías y el sistema informático Justicia XXI.

Resaltó la calidad del equipo conformado por los miembros del Ministerio Público, el cual calificó de excepcional, al tiempo de valorar los aportes ofrecidos por esta institución para el desarrollo del Taller de Expertos contra Terrorismo Biométrico, dirigido a capacitar a los representantes del Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía de República Dominicana y Haití.

De su lado, el magistrado Jiménez Peña agradeció el apoyo ofrecido por la USAID, a través del proyecto Justicia y Gobernabilidad, para la implementación del nuevo modelo de gestión de fiscalías, que se impulsa en el país, con el cual se incorpora a estas oficinas a un moderno proceso de organización para garantizar la investigación y persecución penal de una manera ágil y eficiente.

Entre otras, a este proyecto ya se han adaptado las fiscalías de La Romana, Baní, La Vega, Puerto Plata y Elías Piña. Están en avanzado proceso de incorporación a este proyecto, las fiscalías de Moca, Salcedo, Nagua, San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana. En una tercera etapa se involucrarán las oficinas de San Francisco de Macorís, Samaná, el Seibo, Hato Mayor y Azua.

El procurador Jiménez Peña además explicó al embajador estadounidense sobre el funcionamiento del Ministerio Público.

Durante la visita el procurador estuvo acompañado de sus adjuntos, Ángel Castillo, primer sustituto del procurador; Gisela Cueto, encargada del área de Extradiciones y Asuntos Internacionales; de Frank Soto, encargado del Departamento contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y del director nacional del Ministerio Público, Rodolfo Espiñeira.

JUSTICIA LLAMA A DECLRAR A EX JEFE DE LA POLICIA

2007-12-20T06:22:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA
Sin cumplir con el requisito de ley que establece la entrega previa de los elementos probatorios, la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa citó para mañana al ex jefe de la Policía, mayor general retirado Jaime Marte Martínez, para interrogarlo sobre las alegadas irregularidades cometidas en una compra de municiones y pertrechos militares que se hizo durante su gestión.
Ingrid Hidalgo, abogada de Marte Martínez, dijo que la nueva citación que se le hace a su cliente es contraria a lo establecido en el artículo 95 del Código Procesal Penal, que, según explicó, establece que una persona no puede ser citada simplemente para interrogarla.
El 23 de noviembre de este año, Marte Martínez fue citado por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, pero no fue interrogado en vista de que solicitó formalmente que antes le notificaran los elementos probatorios en su contra, así como informes, auditorias, comunicaciones y declaraciones de otras personas investigadas sobre ese caso.
Alegó en esa ocasión que la citación que se le hizo no establecía con claridad la calidad en la que fue invitado a comparecer por ante esa institución.
Ante los alegatos de Marte Martínez, la citación fue dejada sin efecto, pero nuevamente se le reiteró la “invitación” para que pase mañana, en compañía de sus abogados, por ante la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.
La citación del ex jefe policial está programada para las 9:00 de la mañana, en el palacio viejo de justicia del Centro de los Héroes.
Según el doctor Octavio Líster, director de la institución anticorrupción, a Marte Martínez se le cita para que ofrezca una explicación acerca de una supuesta sobrevaluación ascendente a 8 millones de pesos en la compra de municiones, cartuchos de escopeta, gases lacrimógenos y chalecos antibalas durante su gestión.
La primera vez que se le hizo la citación a Marte Martínez, Líster dijo que hace varios meses llegó al organismo, a través de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, unos informes de auditoría realizados por la Contraloría General sobre la compra de proyectiles y artículos de armas de la Policía a dos empresas privadas, en las que se consigna la presunta sobrevaluación.
Informó que varias personas, entre ellas miembros de la comisión que tuvo que ver con las compras, fueron interrogadas.
"Pero nos faltaban unos documentos originales que nos llegaron recientemente, hace 15 días", dijo Líster.
Comentó que sólo le faltaba interrogar a Marte Martínez, quien supuestamente autorizaba esas compras.
Cita que la supuesta irregularidad existe en que la forma como fue pagado era a una tasa del dólar distinta a como había sido contratado.
Sostuvo que la auditoría consigna que la compra fue hecha a una tasa de 48 pesos por dólar, a pesar de que en la fecha de la negociación estaba a 24.60.

NUEVO EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS VISITA SUPREMA CORTE

2007-12-19T11:05:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

El nuevo embajador de los Estados Unidos, Robert Fannin, giró una visita de cortesía al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge A. Subero Isa, a quien manifestó el interés del gobierno de su país de seguir manteniendo los vínculos de cooperación con el Poder Judicial de la República Dominicana.

El funcionario estadounidense visitó al Magistrado, luego de presentar ayer martes sus cartas credenciales ante el presidente de la República, Leonel Fernández Reyna.

El doctor Subero Isa manifestó su complacencia por la visita y por los resultados que espera tener de la misma el Poder Judicial dominicano.

Robert Fannin, abogado con 44 años en la carrera, además de empresario, sustituye en el cargo diplomático a Hans Hertell.

LOCO SE BATE A TROMPADAS CON POLICIA EN MEDIO DE UN JUICIO

2007-12-19T10:31:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

Lo esperado desde hace tiempo por los periodistas que cubren la fuente judicial del Centro de los Héroes, en la capital, se dio el lunes en la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Ese día, en medio de la lectura de la sentencia del caso del Plan Renove, el famoso "Fremio de la Justicia", un hombre con visibles problema mentales, se la batió a trompadas con un policía judicial que lo llamó a la atención porque en voz alta estaba enamorando a una periodista.

A Fremio no le gusto que lo llamaran a la tención y sin importarle la solemnidad del tribunal, le entró a trompadas al policía.

El incidente fue tan grante que hasta los jueces estuvieron a punto de salir corriendo ante el temor de que el policía disparara con su arma de reglamento.

Al final, Fremio fue calmado por el representante del Ministerio Público que estaba en la audiencia y por otro hombre, cuyo nombre no fue precisado.

AUMENTAN PENA A POU CASTRO POR MUERTE PERIODISTA

2007-12-19T07:33:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) le aumentó hoy de 20 a 30 años la condena impuesta al general retirado Joaquín Antonio Pou Castro por la muerte del periodista Orlando Martínez.
La SCJ acogió como bueno y válido un recurso de casación interpuesto por la familia Orlando Martínez contra la sentencia que dictó la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, mediante la cual Pou Castro fue sentenciado a 20 años de prisión.
El tribunal de alzada casó la sentencia sin envío y decidió sentenciarlo a 30 años de cárcel en vez de 20.
En San Pedro de Macorís, Pou Castro fue condenado a 20 años de cárcel en calidad de cómplice del hecho, pero la SCJ determinó que es un coautor, por lo que decidió variarle la pena.
A mediado de año, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís encontró culpables por el asesinato de Orlando Martínez a Mariano Cabrera Durán y a Rafael Alfredo Lluberes Ricart y los condenó a 30 años de prisión.
Con un voto disidente del juez Joaquín Paniagua, la Corte confirmó la sentencia original contra Cabrera Durán y Lluberes Ricart, emitida por un tribunal de primera instancia en agosto de 2000.
La Corte, presidida por Marcelina Japa e integrada también por Glas Gutiérrez y Zamira Madrigal, encontró culpable de complicidad en el asesinato de Martínez a Joaquín Antonio Pou Castro, a quien condenó a 20 años de prisión.
Al calificar como débil la pena de 20 años contra Pou Castro, la familia Orlando Martínez recurrió el caso por ante la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de que se le aumentara la pena a 30 años, como exigía el Ministerio Público y la parte civil constituida.
Cuando Pou Castro fue condenado a 20 años, Narciso Isa Conde que éste “es tan responsable de la muerte de Orlando, como los demás, por lo que es un coautor y no sólo un cómplice”.
Cuando el caso se conoció en San Pedro de Macorís, la Corte omitió pronunciarse en cuanto a los recursos de apelación de la sentencia de primer grado, por considerarlo innecesario, debido a que se encuentra apoderada por sentencia de envío de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de fecha 31 del mes de agosto de 2005, limitando su apoderamiento solamente en el aspecto penal.

Cabrera Durán y Lluberes Ricart fueron encontrados culpables del asesinato, hecho sancionado por los artículos 295,296, 297, 298 y 312 del Código Penal. Pou Castro fue condenado como cómplice en violación a las disposiciones de los artículos 59, 60, 295, 296, 297, 298 del Código Penal.
En esa ocasión, la Corte condenó también a Pou Castro, a Cabrera Durán y a Lluberes Ricart al pago de las costas penales del tribunal de alzada.

El juicio contra Cabrera Durán, Lluberes Ricart y Pou Castro era llevado por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedo de Macorís desde septiembre de 2005, cuando la SCJ anuló el fallo de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que en julio de 2003 había reducido las sentencias contra los implicados en el asesinato de Martínez.

La Corte de Apelación de la capital había reducido de 30 a 15 años de reclusión mayor la pena contra Lluberes Ricart y Cabrera Durán, y a 12 años la sentencia contra Pou Castro.

De los otros dos implicados en el asesinato de Orlando Martínez, ocurrido el 17 de marzo de 1975, Luis Emilio de la Rosa Beras ya cumplió el pasado 10 de abril una pena de 10 años de cárcel, mientras que Salvador Lluberes Montás fue desglosado del expediente.

JUSTICIA LA EMPRENDE CONTRA EL PRD

2007-12-19T07:18:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

En lo que ha sido consdierado por algunos como una "gran embestida de la justicia contra el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)", la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso hoy la celebración de un nuevo juicio al ex administrador de la Corporación Estatal de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero César Sánchez, por el caso del alegado mal manejo de más 2 mil 168 millones de pesos de los bonos soberanos destinados para la construcción de la autopista eléctrica Santo Domingo-Santiago.
El tribunal envió el caso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, a los fines de que valoren de nuevo el recurso de casación que interpuso la Dirección Nacional de Persecución Administrativa de la Corrupción contra el auto de no ha lugar a juicio que favorece a Sánchez.
Sánchez fue favorecido con un auto de No Ha Lugar por el juez Román A. Berroa, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Ese auto de No Ha lugar fue recurrido en apelación por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Sin embargo, en apelación la Primera Sala de Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó el citado auto, por lo que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa decidió llevar el caso a la SCJ, tribunal que hoy ordenó la celebración de un nuevo juicio en la provincia Santo Domingo.
En primer grado, el juez A. Berroa declaró No Ha Lugar a favor del ingeniero César Sánchez Torres, "por no haber cometido los hechos imputados por el Ministerio Público, de conformidad con las previsiones del numeral 1 de artículo 304 de nuestro Código Procesal Penal”.

“Rechazamos la acusación promovida por la Procuraduría General de la República, en la persona del Dr. Octavio Líster Henríquez, Procurador General Adjunto y Director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, conjuntamente con el licenciado Hotoniel Bonilla García y el Dr. Francisco García Rosa, representantes del Ministerio Público, mediante escrito de fecha 16 del mes de octubre del año 2006 contra el ciudadano César Domingo Sánchez Torres, por presunta violación a los artículos 145, 146, 166, 167, 169, 170, 171, 172 del Código Penal Dominicano; 8 de la Ley 128-01 sobre Bonos Soberanos y 102 de la Constitución de la República, en perjuicio del Estado Dominicano”, agrega el auto.

En virtud del fallo, al ingeniero Sánchez Torres se le ordenó que se le devolviera el pago de la fianza, por un monto de 1 millón de pesos, más los intereses que generó durante el tiempo que estuvo depositada la suma.

ANADEGAS LLEVA SUBSIDIO A LA JUSTICIA

2007-12-12T07:09:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina interpuso hoy por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Poder Ejecutivo 677-07, que crea un subsidio en los combustibles para los sindicatos de transporte de pasajeros.

El recurso fue depositado por una comisión encabezada por el presidente de Anadegas, ingeniero Juan Ignacio Espaillat.

Anadegas alega que el decreto en cuestión atenta contra la libertad de empresa y excluye a los verdaderos empresarios del transporte.

Advirtió que con el decreto volverán de nuevo a operar las "bombas de patios".

FISCALIA PERMITE ACUERDO INSOLITO

2007-12-10T10:11:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

Mediante un acuerdo insólito y sin precedentes, la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo permitió que los dos jóvenes que agredieron a tiros al periodista Robert Vargas llegaran a un acuerdo con éste.

Los agresores admitieron que hicieron disparos al aire y que escandalizaron cun música para intraquilizar y asustar al comunicador social.

Resulta insólito que ante una admisión de esta naturaleza, el fiscal de la provincia Santo Domingo, licenciado Perfecto Acosta, permitiera un arreglo sin llevar a la justicia a lo responsables.

A continuación, el texto del acuerdo.

TEXTO DEL COMUNICADO LEIDO EN LA OFICINA DEL FISCAL PERFECTO ACOSTA POR LOS DOS HOMBRES QUE AGREDIERON A TIROS Y CON INSULTOS AL PERIODISTA ROBERT VARGAS.

EL PEDIDO PUBLICO DE PERDON A VARGAS Y LA OPINION PUBLICA FUE LA CONDICION PUESTA POR ESTE PARA DESISTIR DE LLEVAR A LOS TRIBUNALES A LOS DOS HOMBRES.

Fueron testigos el Fuscal Perfecto Acosta; la Presidenta del Colegio de Periodistas Dominicanos, Mercedes Castillo, el General Simón Díaz, los padres y otros parientes de los dos hombres y el presidente de la Asociacion de Productores y Propietarios de Medios de Comunicacion de la Provincia Santo Domingo, TR Williams.

A LA OPINION PUBLICA NACIONAL

DESAGRAVIO PUBLICO AL PERIODISTA ROBERT VARGAS Y A SU FAMILIA QUIENES FUE VICTIMAS DE UNA OFENSA VIOLENTA EN SU RESIDENCIA DE LOS MINA

Por este medio, deseamos pedir disculpas públicas al periodista Robert Vargas, a su familia y a la opinión pública nacional por la ofensa violenta con disparos e insultos de que el comunicador fue objeto en su residencia de la calle Marcos del Rosario 73, en Loas Mina, a las 11 de la noche el pasado lunes día tres (3) de Diciembre de este año 2007.

Esa noche, se cometió el grave error de disparar un arma de fuego, en el caso de Leonardo Andrés Contreras Pichardo, comerciante, que tomó inconsultamente del interior del vehículo de un primo hermano, con el que hizo varios disparos al aire frente a la residencia de Vargas.

Mientras esto se producía Eldis Alfonso Pinales, técnico de sonido, le gritaba a Vargas que tenía que "adaptarse a la convivencia en el barrio" y lo conminaba a marcharse del sector porque es una persona que "salió de vivir en un callejón".

Admitimos que estos disparos y los insultos provocaron el pánico en Robert Vargas y su familia, quien ante esa situación denunció la agresión a los medios de comunicación.

Nosotros estamos conscientes de que hemos cometido un grave error que prometemos no volver a cometer. Prometemos, además, que no volveremos a disparar ni a hacer ruidos molestosos a la comunidad.

Nosotros no somos delincuentes y queremos que la sociedad nos de la oportunidad de demostrárselo puesto que somos personas de trabajo que queremos contribuir con el país.

Es una oportunidad que pedimos para enmendar un error que hemos cometido y demostrar que podemos superarlos.

Leonardo Andrés Contreras Contreras (BI) Eldis Alfonso Pinales (CHACHI)

SCJ indaga juez conoció caso sin fiscal

2007-12-10T07:15:00.000-08:00

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) investiga al juez del Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo por conocer una audiencia sin la presencia del Ministerio Público.
El juez Julio Cesar Lara está siendo investigado a través de los inspectores del alto tribunal a solicitud del doctor Pablo Garrido, director general de la carrera judicial de la SCJ.
La denuncia contra el juez fue interpuesta por los abogados, licenciados Frank Reynaldo Fermín y Cesar Manuel Matos, luego que fuera declarada extinguida la acción penal seguida contra Pedro de Jesús Lugo Chalas y ordenó el cese de las medidas de coerción en una audiencia sin fiscal.
El proceso incidental fue ventilado a pesar de que la violación de que se trata es de acción pública a instancia privada y no de acción privada, precisan los abogados.leer mas

Ingleses, suizos elogian sistema carcelario RD

2007-12-10T06:55:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

El nuevo sistema penitenciario que se ejecuta en nueve cárceles y que en cinco años estará funcionando en todos los recintos del país, se perfila como uno de los más modernos del mundo, hasta el punto que ha sido elogiado por naciones desarrolladas como Suiza e Inglaterra.
Bajo este sistema las cárceles han comenzado a dejar de ser “mazmorras” y “tierra de nadie”, como se les llama en la actualidad, “donde perro come perro y por un chéle te matan”, como dice la canción.
Consiste en un sistema abierto en el que a base de estudios, trabajo, asistencia médica y psicológica se le cambia la forma agresiva de pensar que casi siempre tienen los presos.
Con este sistema, cuando ya esté operando en un 100 por ciento, desaparecerá la palabra peyorativa preso la cual será cambiada por internos. En los nueve centros que están operando desde ya se les llama así.
Y es que en realidad, este sistema considerado un híbrido debido a que se escogió para él lo bueno de cada uno de los modelos carcelarios modernos, cuenta con un personal profesional altamente capacitado que no permite que el preso, ahora llamado interno, salga de la cárcel enfermo, vejado, maltratado y sin un ¡futuro asegurado!.
¿Futuro asegurado?, así de simple. Y es que bajo este sistema se educa y se capacita profesionalmente al recluso o interno y se le ofrece ayuda hasta lograr reinsertarlo en la sociedad luego de que salga de la cárcel.
La misión de los educadores y profesionales de la conducta concluye cuando el preso tras haber obtenido su libertad logra obtener un empleo o instala una microempresa.
Y es que, a decir de las autoridades, se trata de una “mesa de cuatro pata”, en donde en esta parte, la “pata” del Patronato Penitenciario juega un importante rol.
El Patronato, presidido por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez e integrado por empresarios, religiosos y periodistas se encarga de la parte que prácticamente garantiza que el preso tenga una empresa o un trabajo seguro cuando sale de la cárcel. Su creación fue una idea del procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña.
Este nuevo sistema, que opera bajo la Dirección de la Escuela Nacional Penitenciaria que dirige el licenciado Roberto Santana y que ejecuta la Procuraduría General de la República, está supuesto a estar operando en su totalidad en cinco años, en vista de que se necesita de un personal profesional altamente preparado.
Suiza e Inglaterra lo elogian
El sistema ha recibido elogios de naciones desarrolladas como Suiza e Inglaterra, en donde existen modelos penitenciarios de alta calidad.
El caso del Centro de Corrección de Najayo Mujeres, por citar un ejemplo, fue elogiado por la Policía Judicial Federal de Suiza, mediante carta enviada a su directora, doctora Rosa Julia Flores Lorenzo.
Murielle Perroud Madera Castillo, quien formó parte de una comisión que estuvo en el país de la Policía Judicial Federal de Suiza, le envió una carta a la directora del Centro de Corrección de Najayo Mujeres expresándole que “hemos visto que el régimen penitenciario ejercido en su recinto no tiene nada que envidiarle al sistema suizo”.
En términos similares se expresó el consultor internacional Andreu Estela Barnet, quien afirmó que el nuevo modelo penitenciario que se implementa en República Dominicana garantiza el respeto de los derechos fundamentales de los privados de libertad y responde a la aplicación concisa y textual de la Ley 224-84, que regula el régimen penitenciario.
La Escuela Penitenciaria
La Escuela Nacional Penintenciaria, que dirige el doctor Roberto Santana, es la ideóloga de este sistema y la responsable de su aplicación.
Los directores de estos centros son escogidos mediante concurso público y se les exige ser profesional y hacer hacer un diplomado en esta escuela.
En la Escuela Nacional Penintenciaria, además de dominicanos, estudian extranjeros de diversas naciones del Caribe, que han visto en el nuevo modelo sistema dominicano un ejemplo a imitar.
En ella, explicó Santana, se forma profesionalmente al personal que trabaja en los recintos.
“Aquí se forma todo el personal humano que trabaja en el sistema, desde el vigilante hasta el director”, explicó.
Detalló que el personal humano está compuesto por un director, personal administrativo, área de cocina, mantenimiento y seguridad.
Precisó que en el área administrativa trabajan los psicólogos, los profesores, educadores, trabajadores sociales y abogados.
“Para aspirar a ser director de un centro hay que participar en un concurso público de oposición en donde el aspirante tiene que se profesional y si es seleccionado tiene que hacer un diplomado en la Escuela Penitenciaria”, sostuvo Santana.
Casa del Redentor
La Casa del Redentor, de la Pastoral Penitenciaria, bajo la dirección de Fray Arístides Richardson, tiene en este sistema la responsabilidad de trabajar con el recluso que sale de la cárcel.
El recluso o interno que sale de la prisión es llevado a uno de los centros de la Casa del Redentor y allí se le prepara para reinsertarlo en la sociedad.
La misión de la Casa del Redentor concluye cuando el recluso sale y lograr conseguir un empleo o instalar una microempresa con un préstamo otorgado por los empresarios, algunos de ellos miembros de la Patronato Nacional Penitenciario.leer más

Visita subrepticia de Robero Salcedo a la Suprema

2007-12-10T05:55:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

El síndico del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, visitó hace dos semanas de forma subrepticia la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de la litis judicial que tiene con la empresa publicitaria Impacto Urbano.

Impacto Urbano, de capital argentino, acusa a Salcedo de descatar cinco sentencias que le ordenan reestrablecer las vallas publicitarias que esa empresa ha colocado en el Distrito Nacional.

Cuando se produjo la visita de Salcedo a la SCJ, el presidente de ese tribunal, doctor Jorge Subero Isa, no se encontraba en el país.

IMPACTO URBANO LLAMA MENTIROSO A SINDICO SALCEDO

2007-11-28T07:34:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

El Consejo de Abogados de la empresa publicitaria Impacto Urbano acusó al síndico y a varios funcionarios del Ayuntamiento del Distrito Nacional de mentir descaradamente para tratar de justificar el desacato de varias sentencias definitivas dictadas por los tribunales a favor de esa compañía.
Los doctores Rolando Cruz Bello, Rafaela Espaillat, Eduardo Jorge Prats y Felix Damián Olivares, afirmaron que los argumentos de la administración municipal se contraen a repetir hasta el cansancio que Impacto Urbano, S. A. no tiene contrato con el Ayuntamiento, olvidándose que cinco jueces de la Corte de Apelación del Distrito Nacional establecieron de manera definitiva e irrevocable la relación contractual que protege a la empresa frente a las ejecutorias ilegales del Síndico.”Todo cuanto alegaron el Consultor Jurídico del Ayuntamiento y el Sindico Roberto Salcedo, fueron sus argumentos ante los tribunales apoderados, que estos rechazaron en su momento mediante la rendición de las sentencias en sucontra”, expusieron.
Sostienen que “los funcionarios municipales olvidan de manera deliberada de que únicamente jueces de tribunales superiores pueden revocarlas sentencias de un tribunal, y en este caso éstos las confirmaron”.”En cuanto a la querella que el Ayuntamiento indica que cursó contra Impacto Urbano, S. A. y su Presidente el señor Miguel Pedro Sheppard, es bueno aclarar que la misma fue interpuesta hace más de 30 días después de haber cometido el abuso de extraer las 619 vallas de la empresa, razón por la cual, razón por la cual ese procedimiento aún no ha sido cursado por el Fiscalizador del Juzgado de Paz Municipal no obstante las múltiples presiones a las que lo han sometido los abogados del Síndico Roberto Salcedo”.Sobre la Resolución 116-07, la definieron como “una actuación unilateral del Ayuntamiento del Distrito Nacional, cuya ilegalidad es evidente, pues fué rendida para contravenir las sentencias definitivas e irrevocables que fueron dictadas contra el mismo Ayuntamiento del Distrito Nacional, es decirque una entidad que es condenada, no puede evadir el mandato de la justicia dictando una resolución unilateral para evadir su cumplimiento. Todo el mundo sabe que una resolución no tiene fuerza legal contra una sentencia de los tribunales del orden del alto orden judicial de la República.Aclararon que las primeras decisiones rendidas contra el sindico Jhonny Ventura, fueron acatadas por éste mediante la suscripción de un Acuerdo Transaccíonal definitivo, el cual conforme lo establece de manera definitiva e irrevocable la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Dsitrito Nacional, tiene caracter de la cosa irrevocablemente juzgada, y que conforme el principio de la continuidad del Estado, dicho contrato transaccional se impone al Sindico Roberto Salcedo.”En cuanto a la sentencia de amparo de un tribunal de primer grado que rechazó en un momento nuestras pretensiones, se trata de una sentencia que comprobó que al momento indicado, el Ayuntamiento no amenazó con retirar nuestras vallas, sino que en ese momento, en el cual todavía Roberto Salcedose mostraba tímido en las extracciones de vallas que hacía en forma restringida, unicamente se nos invitaba cordialmente a pasar por el Departamento de Tránsito Urbano a fin de discutir sobre la reubicación de las mismas por concepto de trabajos de embellecimiento que se llevaban a cabo en un sector de la capital”, apuntaron.Calificaron como una soberana mentira que las sentencias definitivas solo ordenen la reposición de 17, sino que a propósito de la extracción de esas 17 vallas, los jueces ordenaron categóricamente al Síndico del Distrito nacional y al Ayuntamiento del Distrito Nacional suspender de manera definitiva el retiro de las vallas de Impacto Urbano.Sostuvieron que “de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, el Síndico se ha negado a reconocer la existencia del contrato que los tribunales de la República han decretado que existe, y conforme la ley, ningún contrato puede ser desconocido por la voluntad unilateral de una de las partes como ha hecho elSíndico del Dsitrito Nacional, desconociendo los derechos adquiridos de Impacto Urbano, S. A. a menos que previamente haya apoderado la justicia y obtenido una sentencia definitiva que determine la violación del referido contrato”.Agregaron que “en este caso el Síndico ha cometido un exceso de poder f invocando violaciones que no existen, e imponiendo sanciones al margen de la justicia,en consecuencia ha cometido un abuso de autoridad contra la cosa pública, desconociendo las sentencias rendidas en su contra, para ejecutar, por encima del mandato judicial, sus propias pretensiones, olvidándose que no esel dueño del espacio público ni de la capital, sino que debe como todo funcionario público cumplir la ley y respetar la justicia”.

Procuradurìa determina fiscales suspendidos incidieron caso se cayeran

2007-11-27T07:30:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

La comisión de procuradores que investigó el caso de los dos fiscales adjuntos del Distrito Nacional que fueron suspendidos en sus funciones por la Procuraduría General de la República, determinó que éstos incidieron para que procesos penales con posibilidad de éxito fueran objetos de archivo, descargos y cambios de medidas de coerción de prisión preventiva por una simple garantía económica.
El criterio de los procuradores que investigaron el caso de los fiscales adjuntos Gustavo de los Santos Coll e Isido Vásquez, está contenido en un informe que entregaron al procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito.
El informe indica que dichos fiscales hicieron más de 40 investigaciones y apoderamientos a jueces fuera de sus jurisdicciones en violación a la Ley.
De acuerdo al informe, de los Santos Coll y Vásquez, cuya honradez defendió el fiscal Manuel Hernández Peguero, hiceron investigaciones fuera de su jurisdicción en Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Santo Domingo y La Romana, entre otros lugares.
El informne fue hecho por los procuradores adjuntos Ana Burgos, Idelfonso Reyes y el procurador de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Leonel Sosa Taveras.
La comisión investigadora determinó que “esos fiscales han incidido para que procesos penales con posibilidad de éxito hayan sido objeto de archivo de casos, descargos y cambio de medida de coerción de prisión preventiva por una garantía económica solicitada por ellos”.
Ante el informe del caso, el procurador Jiménez Peña recomendó enviar a los fiscales ante el Consejo Disciplinario del Departamento Judicial del Distrito Nacional. Los funcionarios judiciales serán juzgados disciplinariamente.
Esto se produce a raíz de una denuncia presentada por el supuesto abogado Limardo Radhamés Pérez, quien afirma que entregó una cantidad de dólares, que no especificó, a los representantes del ministerio público para gestionar la libertad de José Antonio David Colón (El Boricua), acusado de un contrabando de 388 kilos de cocaína incautado en el kilómetro 32 de la autopista Duarte.
Señala el informe que las actuaciones de los fiscales investigados han hecho que el rumor público los vincule como personas ligadas a actos de corrupción, los cuales debe ser establecidos de manera disciplinaria o mediante un tribunal penal.
La semana pasada, el fiscal del José Manuel Hernández Peguero defendió la honestidad de dichos fiscales e indicó que la suspensión es una decisión del procurador, la cual respeta, pero no comparte y advirtió que los fiscales, como abogados que son, podrán defenderse.
Sobre las declaraciones del fiscal Hernández Peguero, no se ha podido conocer la del procurador Jiménez Peña, quien no ha podido ser contactado ni personalmente ni por la vía telefónica.

Asaltan dos vigilantes en la Lincoln y les roban armas

2007-11-27T07:20:00.000-08:00

POR SILVIO CABRERA

Dos vigilantes privados del restaurante Lincoln Road, de la avenida Abraham Lincoln, fueron atracados esta mañana por seis asaltantes que les llevaron tres escopetas y un revólver.
Juan Carlos Núñez Polanco, de 23 años, y Manuel Emilio Ramírez, de 53, de la compañía Dominican Watchman, fueron atracados aproximadamente a las 7:30 de la mañana por seis personas que viajaban en dos motocicletas.
Los ladrones también penetraron a las oficinas del restaurante, en la parte trasera, y atracaron a la secretaria Angely del Orbe y le llevaron tres mil pesos.
El vigilante Núñez Polanco explicó que las armas robadas, excepto el revólver que él portaba, fueron recogidas por la compañía en otro lugar y llevadas al restaurante para luego transportarlas a su casa matriz.
Según reportó a la Policía, los asaltantes llegaron primero en una motocicleta por la calle Max Henríquez Ureña y luego de conversar con un vendedor de café llegaron hasta donde él, en la parte trasera del negocio, que todavía no estaba operando.
“Uno se quedó tomando café en la calle y dos entraron y luego de dos ó tres minutos hablando conmigo me encañonaron, cogieron las tres escopetas que habían dejado conmigo y el revólver que portaba”, sostuvo Núñez Polanco.
Expresó que luego de quitarle las armas llamaron por un celular y que de inmediato llegaron tres atracadores más en una motocicleta por la avenida Abraham Lincoln y escaparon llevándose las escopetas y el revólver.
Al lugar se presentó una patrulla de la Policía que procedió a detener a los vigilantes para fines de investigación y a interrogar a la secretaria.
Las escopetas robadas fueron llevadas al lugar por el vigilante Ramírez, quien según versiones extraoficiales de los investigadores policiales que actuaron en el caso, llegó al restaurante y no se percató de la presencia de los atracadores que estaban con el otro vigilante. Leer màs