EMPEORA SALUD DE GENERAL CONDENADO POR MUERTE PERIODISTA ORLANDO MARTINEZ

El estado de salud del general retirado Joaquín Antonio Pou Castro empeoró esta mañana, al detectársele un sangrado en los pulmones, como consecuencia de una bronconeumonía.

No fue posible conversar con sus médicos, pero el propio Pou Castro dijo que su salud se ha agravado, en vista de un sangrado en los pulmones, complicado con las tiroides y una sinusitis.

Pou Castro, condenado a 30 años de cárcel por la muerte del periodista Orlando Martínez, se encuentra interno desde hace 13 días en la habitación de 303 del hospital militar de las Fuerzas Armadas, en la tercera planta.

Dijo que en principio fue ingresado al hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, pero que en ese lugar su salud empeoró, razón por lo que tuvo que ser trasladado al hospital de las Fuerzas Armadas.

El pasado sábado, su familia informó que estaba afectado de bronco espasmos que se les complicó con una afección en las glándulas tiroides.

La enfermedad, según se informó extraoficialmente, se le complicó con una crisis de sinusitis, la cual le ha afectado las glándulas.

Su primera crisis la tuvo en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, razón por la que tuvo que ser traslado de emergencia al hospital público de San Cristóbal.

Hasta el momento, ha sido imposible obtener los nombres, ni la versión oficial de sus médicos.

Pou Castro dijo que son varios los médicos que lo atienden y que debido su delicado estado de salud, ni siquiera sabe sus nombres.

Pou Castro lleva varios años en prisión luego de que fuera condenado, primero a 20 años y después a 30 años de cárcel por la muerte del periodista Orlando Martínez.

Duró varios años preso en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, pero el año pasado fue traslado a la cárcel de Najayo, San Cristóbal, por mandato del procurador de ese entonces, licenciado Francisco Domínguez Brito.

Junto a él fueron condenados a 30 años de cárcel el ex cabo del Ejército Mariano Cabrera Durán y Alfredo Lluberes Ricart.

En la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, Pou Castro fue condenado a 20 años de cárcel y sus compañeros a 30, pero cuando el caso fue conocido en casación, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) varió la sentencia y le aumentó la sentencia a 30 años.

Su expediente se encuentra en la SCJ, en vista de que sus abogados interpusieron un recurso de revisión, bajo el alegato de que le violaron su derecho de defensa.

El caso, según los abogados de los imputados, podría ser llevado hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en C

APRESAN MUJER CON DROGAS EN AILA

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en presencia de un fiscal adjunto, apresó anoche a una mujer que trataba de viajar a Nueva York llevando en su equipaje un paquete de cocaína escondido en su equipaje.

Juana Claribel Almengo Almonte, según la DNCD, fue arrestada antes de abordar el vuelo 1892 de American Arilines, en el Aeropuerto Internacional de esta ciudad, con una pieza de madera escondida en una hamaca, detección hecha por un ejemplar canino de los que tiene la DNCD en la terminal.

De acuerdo a la institución antinarcótica, uno de los agentes antidrogas asignados al área de chequeo observó ‘una sombra extraña’ en el interior de la maleta, por lo que de inmediato solicitó la presencia del fiscal Osvaldo Antonio Bonilla, además de reclamar un taladro para abrir la madera de la hamaca en la oficina de la DNCD.

En efecto, allí estaba el paquete, el cual la propia dueña admitió que se trataba de droga para llevarla a EEUU, donde reside la mujer, de 29 años. Será sometida por violar la ley 50-88. Después se presentaron al lugar los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA).

La información sobre el hallazgo de la cocaína fue ofrecida esta mañana por el portavoz oficial de la DNCD, Roberto Lebrón, en una declaración escrita. La mujer está bajo interrogatorio para que explique quien le entregó el paquete de cocaína y en qué lugar.

Los organismos de seguridad, en especial la DNCD, han redoblado la vigilancia en las terminales aeroportuarias y marítimas, a los fines de reducir a la mínima expresión el trasiego de sustancias narcóticas, tanto con destino al exterior como cuando es traída al país.

Este jueves, agregó Lebrón, les serán solicitadas medidas e coerción a la joven Aluengo Almonte. Enfrenta cargos de narcotráfico por la cantidad de droga contenida en el paquete ocupado a la imputada. No es la primera vez que se descubre droga incrustada en madera.

En el Ferry, por ejemplo, han sido detectadas grandes cantidades de cocaína y heroína incrustados en muebles, balautres y tubos Pvc para llevarlas a Puerto Rico, mientras en el Aeropuerto Las Américas han tratado de sacarla en productos enlatados y otras modalidades.

PROCUARADOR INAUGURA NUEVO SISTEMA DE FISCALIA EN SAN PEDRO DE MACORIS

El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, inauguró este jueves en Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el nuevo Modelo de Gestión Fiscalía, que consiste en un moderno proceso de reorganización del trabajo para garantizar la investigación y persecución penal de una manera ágil y eficiente.

La implementación de este nuevo sistema garantiza el correcto procesamiento de los casos y atención a las víctimas por parte de los fiscales las 24 horas del día. Además, un personal se encargará de los procesos de conciliación que así lo requieran.

El nuevo modelo de gestión de fiscalía opera de manera estructural con el Sistema de Justicia Siglo XXI, que es un producto de software para la gestión judicial y manejo y seguimiento de procesos en el Poder Judicial, en las fiscalías y en las procuradurías generales.

La Fiscalía de San Pedro de Macorís funciona en la calle Laureano Canto esquina Hermanas Mirabal en el sector Villa Providencia de esa provincia. Esta es la séptima fiscalía que se adapta al nuevo sistema. Otras que han sido incorporadas son La Romana, Peravia, La Vega, Puerto Plata, Elías Piña y Moca.

Con la implementación de este nuevo modelo, las fiscalías operan a través de diferentes unidades de servicio con la debida rapidez que reclama la ciudadanía al momento de solicitar un servicio.

Ese sistema reúne las condiciones necesarias para que el Ministerio Público pueda funcionar satisfactoriamente y con calidad, bajo los reglamentos del Código Procesal Penal, que entró en vigencia en el año 2004.

Con el nuevo proceso se persigue la solución de conflictos mediante un uso racional de los recursos, utilizando las vías alternativas cuando la ley lo permita.

Asimismo, se persigue concentrar mayores recursos para dirigir una investigación en los casos más imperantes, a fin de obtener las pruebas necesarias para que los tribunales acojan la acusación.

La actividad estuvo encabezada además, por el procurador de la Corte de Apelación y el fiscal de la provincia, doctores Ángel René Pérez García y Abraham Ortiz, respectivamente.

SE SUELTAN LOS DEMONIOS EN EL MINISTERIO PUBLICO

El mandato del procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, estaría siendo desoído por algunos procuradores adjuntos y fiscales, entre ellos el del Distrito Nacional, quien, al decir de una fuente, entiende que su superior está haciendo un mal uso de sus facultades y sentado precedentes funestos con algunas decisiones.

“En el Ministerio Público se han soltado los demonios. No todas las ordenes que da el procurador general de la República se cumplen, puesto que algunas son inejecutables e inauditas”, dijo a Panorama Diario una fuente ligada al fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero.

Conforme a la fuente, las desavenencias llegaron a su clímax con el caso del intérprete de “música de calle” Antonio Peter de la Rosa (Omega), hecho preso por alegadamente golpear a su ex esposa.

De acuerdo a dicha fuente, la Fiscalía del Distrito Nacional era de opinión que Omega debía permanecer en prisión, por tratarse de un caso grave, como lo es haber golpeado a una mujer.

Sin embargo, el procurador general de la República habría ordenado al fiscal Hernánde Peguero que dejara sin efecto la solicitud de medida de coerción que había incoado contra el cantante.

“El manda allá y yo mando aquí”, habría dicho el fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero, en respuesta a la orden que le habría dado el procurador Jiménez Peña.

Pero, según la fuente, las desavenencias no solo son con el fiscal del Distrito Nacional, sino también con el director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, doctor Octavio Líster.

Líster, según lo relatado por el informante, estuvo a punto de renunciar cuando el procurador general de la República mandó a buscar el expediente del caso de los cupones que se utilizaban para el subsidio del gas licuado de petróleo, cuyo expediente encabeza el licenciado Angel Lockward.

Consultado ayer al respecto, Líster dijo que fue una decisión de la Procuraduría el retiro de la querella interpuesta contra Lockward, acusado de mal uso en la distribución de cupones del Gas Licuado de Petróleo cuando era secretario de Industria y Comercio. Líster explicó que fue desapoderado del caso y se definió como “un soldado” del ministerio público.

“Nosotros, por respeto y por disciplina, lo que estamos haciendo pura y simplemente es abstenernos de participar en cualquier acción procesal porque ya estamos desapoderados del mismo”, indicó el funcionario.

APRESAN JEFE DE RED DE NARCOTICOS

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó el apresamiento del jefe de una red de narcotraficantes y responsable del cargamento de 250 paquetes de cocaína incautado en medio de una balacera hace dos semanas en Baní.
Se trata de César Emilio Peralta, capturado por la DNCD dos semanas después de que escapara del lugar donde se produjo el decomiso del alijo.
Según la DNCD, Emilio Peralta es un reincidente en el tráfico de drogas, ligado al negocio de discotecas y es parte de una organización que tiene nexos con los hermanos del convicto por narcotráfico Rolando Florián Féliz, así como el ex militar José Martín de la Cruz Pérez, la persona arrestada el 28 de marzo en la madrugada cuando se desplazaba en una yipeta con 250 paquetes en diez sacois de polipropileno.
De acuerdo a la DNCD, Emilio Peralta, quien tiene cinco fichas en la DNCD, fue detenido junto a dos hombres, que fueron despachados por no tener nexos con el grupo, en la calle Paseo de los Cronistas de Arte esquina Josefa Brea, en el Ensanche Luperón, la zona de dos narcotraficantes conocidos como El Gringo y El Chino, definidos como grandes distribuidores de drogas en los barrios de la parte Norte de la capital.
Ese cargamento de cocaína fue ocupado en una zona próxima a Playa Overo, en Baní, en medio de una refriega a balazos con miembros de la agencia antidrogas en esa ciudad, logrando escapar Peralta y otros sujetos que les acompañaban.
No ha sido posible determinar la cantidad de droga que lograron llevarse el imputado en medio de confusión, aunque fue posible atrapar los 258 que el reincidente llevaba De la Cruz Pérez.
El arresto de Peralta se hizo amparado en una orden judicial, de acuerdo a un informe dado a conocer este viernes por la DNCD, a nombre de su presidente, el mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira. Todavía faltan otros implicados en ese caso, aunque el jefe antidrogas no quiso revelar sus nombres para evitar que escapen, porque “se trata de delincuentes extremadamente hábiles y peligrosos”.
Se le vincula a por lo menos seis grandes casos, sobre todo a cargamentos recogidos en la zona Este del país y en una finca propiedad de un beisbolista de grandes ligas, así como a otro alijo que era transportado por dos hombres que se accidentaron en una jeepeta hace cuatro meses en Miches. El mencionado reincidente se hace llamar también Rolando Martínez Alcántara.

DNCD OCUPA CARGAMENTO DE DROGAS EN MEDIO DE TIROTEO

POR SILVIO CABRERA



La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se incautó esta madrugada en una playa de Baní de un cargamento de 250 paquetes de cocaína, con peso aproximado de 255 kilogramos, en una operación realizada en medio de un tiroteo en el que fue arrestado una persona que transportaba el alijo en una jeepeta.
La DNCD informó que la droga fue ocupada por miembros de esa institución en esa ciudad poco después de recibir la información de que una aeronave de matrícula desconocida había realizado un ‘bombardeo’ del alijo de cocaína.
La institución antinarcóticos informó que en el operativo fue apresado José Martín de la Cruz Pérez, quien conducía el vehículo en que fue encontrada la millonaria carga.
La información la ofreció el vocero antidrogas, Roberto Lebrón, hablando a nombre del presidente de la DNCD, mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira.
Según Lebrón, de la Cruz Pérez, residente en el Ensanche Quisqueya, en la capital, recogió la droga en la denominada Playa Jovero, pasada la media noche de este jueves.
Indicó que en la zona donde fue recogida la droga, cuya procedencia no ha sido establecida, varios individuos atacaron a balazos a los agentes del organismo antinarcóticos, logrando los agresores escapar.
El cargamento de cocaína estaba distribuido en 10 sacos con 25 paquetes cada uno, los cuales fueron trasladados de inmediato a la sede central de la DNCD.
A De la Cruz Pérez, de 41 años, les fueron ocupados una escopeta calibre 12, marca Mossberg, y teléfono móvil, aparato que al parecer a través del habría recibido las informaciones para recoger la droga.
Los agentes antidrogas fueron acompañados por el fiscal adjunto Máspero Hatuey Santana, quien levantó el acta correspondiente del decomiso.
Sin embargo, Lebrón comunicó que los individuos que agredieron a la DNCD lograron escapar a bordo de una camioneta color negro, en la que se supone cargaban una indeterminada cantidad de paquetes de cocaína. Por eso, agregó, se realiza un rastreo en la zona, iniciando por San Cristóbal, a los fines de capturar a los fugitivos, de los que se presume alguno pudo haber resultado herido en medio de la balacera.
Ningún miembro de la DNCD resultó lesionado, de acuerdo a un informe del inspector antidrogas en Baní, mayor policial Oscar Tejeda Bárez.
De acuerdo a Lebrón, De la Cruz Pérez estaba fichado por un caso de 12 kilos de cocaína, en el que también están involucrados Juan Florián Féliz, alias Juan El Grande; y Benny Ariel Florián, hermano y sobrino del convicto Rolando Florián Féliz, así como los nombrados Nicodemo Silverio de la Cruz, alias Papo; Robert Reynaldo Ascencio, Jovanny Rafael Batista y Joel Féliz Cuevas.

FALTA DE DICTAMEN IMPOSIBILITA CONOCER CASO GARCIA CASTRO

POR SILVIO CABRERA


La falta de un dictamen u opinión por parte de la Procuraduría General de la República ha imposibilitado que la Suprema Corte de Justicia conozca un recurso de revisión contra la sentencia que confirma el descargo de los acusados de la muerte del periodista Gregorio Carcía Castro (Goyito), cuyo hecho se cumplen hoy 35 años.
Desde hace más de tres años, el expediente se encuentra en la Procuraduría General de la República para fines de opinión o dictamen, lo que ha imposibilitado que la Suprema Corte de Justicia pueda conocerlo.
La familia García Castro presentó un recurso de revisión por ante la Suprema Corte de Justicia, pero el presidente de ese tribunal, doctor Jorge Subero Isa, remitió el expediente a la Procuraduría General de la República, a los fines de que allí se produjera, como se acostumbra por mandato de la ley, a la emisión de un dictamen u opinión.
Sin embargo, hasta la fecha y a pesar de varias intimaciones a la Procuraduría General de la República por parte de la familia Carcía Castro, el dictamen no se ha producido.
Para hoy, una comisión del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) encabezada por su presidenta Mercedes Castillo, tiene programado visitar al procurador general de la República para pedirle una vez más que emita el dictamen y así poder poner a la Suprema Corte de Justicia en condición de conocimiento de causa.
García Castro (Goyito) fue muerto a balazos el 28 de marzo de 1973 en la calle Las Mercedes de la Zona Colonial.
El año pasado, el ingeniero Enrique García Prometa, hijo de García Castro, denunció que era amenazado por Milton Lemos, quien fue uno de los acusados de la muerte de su padre.
“El Ministerio Público, en la persona del procurador general, es responsable del seguimiento de este caso, incluyendo de mi seguridad personal por el riesgo que estamos asumiendo, por su actitud huidiza y dubitativa ante tan aberrante crimen y sus derivaciones”, dijo en esa ocasión García Frometa.
El año pasado, el doctor Domingo Porfirio Rojas Nina, abogado de la parte civil constituida en el caso, dijo que el expediente podría incluso ser llevado a la Corte Interamericana.
Expresó que, sin embargo, primero hay que agotar la fase de la revisión, por lo que sugirió que la Procuraduría General de la República rinda su dictamen, para que así la Suprema Corte de Justicia quede en condición de conocer el caso.