Procuradurìa determina fiscales suspendidos incidieron caso se cayeran

POR SILVIO CABRERA

La comisión de procuradores que investigó el caso de los dos fiscales adjuntos del Distrito Nacional que fueron suspendidos en sus funciones por la Procuraduría General de la República, determinó que éstos incidieron para que procesos penales con posibilidad de éxito fueran objetos de archivo, descargos y cambios de medidas de coerción de prisión preventiva por una simple garantía económica.
El criterio de los procuradores que investigaron el caso de los fiscales adjuntos Gustavo de los Santos Coll e Isido Vásquez, está contenido en un informe que entregaron al procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito.
El informe indica que dichos fiscales hicieron más de 40 investigaciones y apoderamientos a jueces fuera de sus jurisdicciones en violación a la Ley.
De acuerdo al informe, de los Santos Coll y Vásquez, cuya honradez defendió el fiscal Manuel Hernández Peguero, hiceron investigaciones fuera de su jurisdicción en Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Santo Domingo y La Romana, entre otros lugares.
El informne fue hecho por los procuradores adjuntos Ana Burgos, Idelfonso Reyes y el procurador de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Leonel Sosa Taveras.
La comisión investigadora determinó que “esos fiscales han incidido para que procesos penales con posibilidad de éxito hayan sido objeto de archivo de casos, descargos y cambio de medida de coerción de prisión preventiva por una garantía económica solicitada por ellos”.
Ante el informe del caso, el procurador Jiménez Peña recomendó enviar a los fiscales ante el Consejo Disciplinario del Departamento Judicial del Distrito Nacional. Los funcionarios judiciales serán juzgados disciplinariamente.
Esto se produce a raíz de una denuncia presentada por el supuesto abogado Limardo Radhamés Pérez, quien afirma que entregó una cantidad de dólares, que no especificó, a los representantes del ministerio público para gestionar la libertad de José Antonio David Colón (El Boricua), acusado de un contrabando de 388 kilos de cocaína incautado en el kilómetro 32 de la autopista Duarte.
Señala el informe que las actuaciones de los fiscales investigados han hecho que el rumor público los vincule como personas ligadas a actos de corrupción, los cuales debe ser establecidos de manera disciplinaria o mediante un tribunal penal.
La semana pasada, el fiscal del José Manuel Hernández Peguero defendió la honestidad de dichos fiscales e indicó que la suspensión es una decisión del procurador, la cual respeta, pero no comparte y advirtió que los fiscales, como abogados que son, podrán defenderse.
Sobre las declaraciones del fiscal Hernández Peguero, no se ha podido conocer la del procurador Jiménez Peña, quien no ha podido ser contactado ni personalmente ni por la vía telefónica.