JUECES NO FIRMAN SENTENCIA DE CESAR SANCHEZ

POR SILVIO CABRERA

Los jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no firmaron la sentencia que ordena la celebración de un nuevo juicio al ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero César Sánchez, razón por la cual ayer el imputado y sus abogados no pudieron obtener una copia de la decisión.
Sánchez se presentó ayer a la secretaría del tribunal, pero le informaron que los jueces no han firmado la sentencia, por lo que todavía no pueden entregársela.
Le informaron que será dentro de una o dos semanas, después que los jueces la firmen, que se la entregarán.
Sánchez se quejó de que esa situación lo coloca en un estado de indefensión, que lo imposibilita, incluso, a fijar una posición ante los medios de comunicación.
Mediante sentencia leída el miércoles, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso la celebración de un nuevo juicio a Sánchez, por el caso del alegado mal manejo de más 2 mil 168 millones de pesos de los bonos soberanos destinados para la construcción de la autopista eléctrica Santo Domingo-Santiago.
El tribunal envió el caso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, a los fines de que valore de nuevo el recurso de casación que interpuso la Dirección Nacional de Persecución Administrativa de la Corrupción contra el auto de no ha lugar a juicio que favorece a Sánchez.
Sánchez fue favorecido con un auto de No Ha Lugar por el juez Román A. Berroa, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Ese auto de No Ha lugar fue recurrido en apelación por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Sin embargo, en apelación la Primera Sala de Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó el citado auto, por lo que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa decidió llevar el caso a la SCJ, tribunal que hoy ordenó la celebración de un nuevo juicio en la provincia Santo Domingo.
En primer grado, el juez A. Berroa declaró No Ha Lugar a favor del ingeniero César Sánchez Torres, "por no haber cometido los hechos imputados por el Ministerio Público, de conformidad con las previsiones del numeral 1 de artículo 304 de nuestro Código Procesal Penal”.

“Rechazamos la acusación promovida por la Procuraduría General de la República, en la persona del Dr. Octavio Líster Henríquez, Procurador General Adjunto y Director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, conjuntamente con el licenciado Hotoniel Bonilla García y el Dr. Francisco García Rosa, representantes del Ministerio Público, mediante escrito de fecha 16 del mes de octubre del año 2006 contra el ciudadano César Domingo Sánchez Torres, por presunta violación a los artículos 145, 146, 166, 167, 169, 170, 171, 172 del Código Penal Dominicano; 8 de la Ley 128-01 sobre Bonos Soberanos y 102 de la Constitución de la República, en perjuicio del Estado Dominicano”, agrega el auto.

En virtud del fallo, al ingeniero Sánchez Torres se le ordenó que se le devolviera el pago de la fianza, por un monto de 1 millón de pesos, más los intereses que generó durante el tiempo que estuvo depositada la suma.

EX JEFE POLICIA DENUNCIA AMENAZA DE MUERTE

POR SILVIO CABRERA

El ex jefe de la Policía, mayor general retirado Jaime Marte Martínez, compareció hoy por ante la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, en donde tras ser interrogado denunció que está siendo objeto de amenazas de muerte.
Marte Martínez asistió a la institución anticorrupción en compañía de su abogada Igrid Hidalgo, en atención a una citación que se le hizo para ser interrogado sobre las alegadas irregularidades cometidas en una compra de municiones y pertrechos militares que se hizo durante su gestión.
Al salir del interrogatorio dijo que es cierto que ha recibido amenazas de muerte y que, incluso en el pasado ha sido objeto de atentados.
Sostuvo que de forma permanente lo mantienen en un estado de hostigamiento de manera inconfesable, para lo que se siente preparado para resistir.
Marte Martínez fue interrogado por espacio de dos horas por el fiscal adjunto Juan de Dios Ventura.
Dijo que le sorprende que lo hayan llamado a interrogatorio un 21 de diciembre, tres días antes de Nochebuena.
El 23 de noviembre de este año, Marte Martínez fue citado por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, pero no fue interrogado en vista de que solicitó formalmente que antes le notificaran los elementos probatorios en su contra, así como informes, auditorias, comunicaciones y declaraciones de otras personas investigadas sobre ese caso.
Según Marte Martínez, la institución anticorrupción no cumplió ayer con ese pedimento, en violación al artículo 95 del Código Procesal Penal, que establece que una persona no puede ser citada para simple interrogatorio.
Según el doctor Octavio Líster, director de la institución anticorrupción, a Marte Martínez se le citó para que ofrezca una explicación acerca de una supuesta sobrevaluación ascendente a 8 millones de pesos en la compra de municiones, cartuchos de escopeta, gases lacrimógenos y chalecos antibalas durante su gestión.

La primera vez que se le hizo la citación a Marte Martínez, Líster dijo que hace varios meses llegó al organismo, a través de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, unos informes de auditoría realizados por la Contraloría General sobre la compra de proyectiles y artículos de armas de la Policía a dos empresas privadas, en las que se consigna la presunta sobrevaluación.

Informó que varias personas, entre ellas miembros de la comisión que tuvo que ver con las compras, fueron interrogadas.

"Pero nos faltaban unos documentos originales que nos llegaron recientemente, hace 15 días", dijo Líster.

Comentó que sólo le faltaba interrogar a Marte Martínez, quien supuestamente autorizaba esas compras.

Cita que la supuesta irregularidad existe en que la forma como fue pagado era a una tasa del dólar distinta a como había sido contratado.

EMBAJADOR ESTADOS UNIDOS VA A LA PROCURADURIA

POR SILVIO CABRERA

El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, recibió la primera visita del embajador de los Estados Unidos, P. Robert Fannin, durante la cual se comprometieron brindarse ayuda mutua para que las políticas en contra del crimen en todas sus dimensiones sean cada vez más efectivas.

El embajador estadounidense se comprometió a continuar ofreciendo ayuda a la Procuraduría General de la República para la formación de los fiscales y para la sostenibilidad de la reforma penitenciaria que se impulsa en el país.

Dijo que a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) continuarán ofreciendo colaborando en la implementación del nuevo modelo de gestión de fiscalías y el sistema informático Justicia XXI.

Resaltó la calidad del equipo conformado por los miembros del Ministerio Público, el cual calificó de excepcional, al tiempo de valorar los aportes ofrecidos por esta institución para el desarrollo del Taller de Expertos contra Terrorismo Biométrico, dirigido a capacitar a los representantes del Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía de República Dominicana y Haití.

De su lado, el magistrado Jiménez Peña agradeció el apoyo ofrecido por la USAID, a través del proyecto Justicia y Gobernabilidad, para la implementación del nuevo modelo de gestión de fiscalías, que se impulsa en el país, con el cual se incorpora a estas oficinas a un moderno proceso de organización para garantizar la investigación y persecución penal de una manera ágil y eficiente.

Entre otras, a este proyecto ya se han adaptado las fiscalías de La Romana, Baní, La Vega, Puerto Plata y Elías Piña. Están en avanzado proceso de incorporación a este proyecto, las fiscalías de Moca, Salcedo, Nagua, San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana. En una tercera etapa se involucrarán las oficinas de San Francisco de Macorís, Samaná, el Seibo, Hato Mayor y Azua.

El procurador Jiménez Peña además explicó al embajador estadounidense sobre el funcionamiento del Ministerio Público.

Durante la visita el procurador estuvo acompañado de sus adjuntos, Ángel Castillo, primer sustituto del procurador; Gisela Cueto, encargada del área de Extradiciones y Asuntos Internacionales; de Frank Soto, encargado del Departamento contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y del director nacional del Ministerio Público, Rodolfo Espiñeira.

JUSTICIA LLAMA A DECLRAR A EX JEFE DE LA POLICIA

POR SILVIO CABRERA
Sin cumplir con el requisito de ley que establece la entrega previa de los elementos probatorios, la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa citó para mañana al ex jefe de la Policía, mayor general retirado Jaime Marte Martínez, para interrogarlo sobre las alegadas irregularidades cometidas en una compra de municiones y pertrechos militares que se hizo durante su gestión.
Ingrid Hidalgo, abogada de Marte Martínez, dijo que la nueva citación que se le hace a su cliente es contraria a lo establecido en el artículo 95 del Código Procesal Penal, que, según explicó, establece que una persona no puede ser citada simplemente para interrogarla.
El 23 de noviembre de este año, Marte Martínez fue citado por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, pero no fue interrogado en vista de que solicitó formalmente que antes le notificaran los elementos probatorios en su contra, así como informes, auditorias, comunicaciones y declaraciones de otras personas investigadas sobre ese caso.
Alegó en esa ocasión que la citación que se le hizo no establecía con claridad la calidad en la que fue invitado a comparecer por ante esa institución.
Ante los alegatos de Marte Martínez, la citación fue dejada sin efecto, pero nuevamente se le reiteró la “invitación” para que pase mañana, en compañía de sus abogados, por ante la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.
La citación del ex jefe policial está programada para las 9:00 de la mañana, en el palacio viejo de justicia del Centro de los Héroes.
Según el doctor Octavio Líster, director de la institución anticorrupción, a Marte Martínez se le cita para que ofrezca una explicación acerca de una supuesta sobrevaluación ascendente a 8 millones de pesos en la compra de municiones, cartuchos de escopeta, gases lacrimógenos y chalecos antibalas durante su gestión.
La primera vez que se le hizo la citación a Marte Martínez, Líster dijo que hace varios meses llegó al organismo, a través de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, unos informes de auditoría realizados por la Contraloría General sobre la compra de proyectiles y artículos de armas de la Policía a dos empresas privadas, en las que se consigna la presunta sobrevaluación.
Informó que varias personas, entre ellas miembros de la comisión que tuvo que ver con las compras, fueron interrogadas.
"Pero nos faltaban unos documentos originales que nos llegaron recientemente, hace 15 días", dijo Líster.
Comentó que sólo le faltaba interrogar a Marte Martínez, quien supuestamente autorizaba esas compras.
Cita que la supuesta irregularidad existe en que la forma como fue pagado era a una tasa del dólar distinta a como había sido contratado.
Sostuvo que la auditoría consigna que la compra fue hecha a una tasa de 48 pesos por dólar, a pesar de que en la fecha de la negociación estaba a 24.60.

NUEVO EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS VISITA SUPREMA CORTE

POR SILVIO CABRERA

El nuevo embajador de los Estados Unidos, Robert Fannin, giró una visita de cortesía al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge A. Subero Isa, a quien manifestó el interés del gobierno de su país de seguir manteniendo los vínculos de cooperación con el Poder Judicial de la República Dominicana.

El funcionario estadounidense visitó al Magistrado, luego de presentar ayer martes sus cartas credenciales ante el presidente de la República, Leonel Fernández Reyna.

El doctor Subero Isa manifestó su complacencia por la visita y por los resultados que espera tener de la misma el Poder Judicial dominicano.

Robert Fannin, abogado con 44 años en la carrera, además de empresario, sustituye en el cargo diplomático a Hans Hertell.

LOCO SE BATE A TROMPADAS CON POLICIA EN MEDIO DE UN JUICIO

POR SILVIO CABRERA

Lo esperado desde hace tiempo por los periodistas que cubren la fuente judicial del Centro de los Héroes, en la capital, se dio el lunes en la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Ese día, en medio de la lectura de la sentencia del caso del Plan Renove, el famoso "Fremio de la Justicia", un hombre con visibles problema mentales, se la batió a trompadas con un policía judicial que lo llamó a la atención porque en voz alta estaba enamorando a una periodista.

A Fremio no le gusto que lo llamaran a la tención y sin importarle la solemnidad del tribunal, le entró a trompadas al policía.

El incidente fue tan grante que hasta los jueces estuvieron a punto de salir corriendo ante el temor de que el policía disparara con su arma de reglamento.

Al final, Fremio fue calmado por el representante del Ministerio Público que estaba en la audiencia y por otro hombre, cuyo nombre no fue precisado.

AUMENTAN PENA A POU CASTRO POR MUERTE PERIODISTA

POR SILVIO CABRERA


La Suprema Corte de Justicia (SCJ) le aumentó hoy de 20 a 30 años la condena impuesta al general retirado Joaquín Antonio Pou Castro por la muerte del periodista Orlando Martínez.
La SCJ acogió como bueno y válido un recurso de casación interpuesto por la familia Orlando Martínez contra la sentencia que dictó la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, mediante la cual Pou Castro fue sentenciado a 20 años de prisión.
El tribunal de alzada casó la sentencia sin envío y decidió sentenciarlo a 30 años de cárcel en vez de 20.
En San Pedro de Macorís, Pou Castro fue condenado a 20 años de cárcel en calidad de cómplice del hecho, pero la SCJ determinó que es un coautor, por lo que decidió variarle la pena.
A mediado de año, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís encontró culpables por el asesinato de Orlando Martínez a Mariano Cabrera Durán y a Rafael Alfredo Lluberes Ricart y los condenó a 30 años de prisión.
Con un voto disidente del juez Joaquín Paniagua, la Corte confirmó la sentencia original contra Cabrera Durán y Lluberes Ricart, emitida por un tribunal de primera instancia en agosto de 2000.
La Corte, presidida por Marcelina Japa e integrada también por Glas Gutiérrez y Zamira Madrigal, encontró culpable de complicidad en el asesinato de Martínez a Joaquín Antonio Pou Castro, a quien condenó a 20 años de prisión.
Al calificar como débil la pena de 20 años contra Pou Castro, la familia Orlando Martínez recurrió el caso por ante la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de que se le aumentara la pena a 30 años, como exigía el Ministerio Público y la parte civil constituida.
Cuando Pou Castro fue condenado a 20 años, Narciso Isa Conde que éste “es tan responsable de la muerte de Orlando, como los demás, por lo que es un coautor y no sólo un cómplice”.
Cuando el caso se conoció en San Pedro de Macorís, la Corte omitió pronunciarse en cuanto a los recursos de apelación de la sentencia de primer grado, por considerarlo innecesario, debido a que se encuentra apoderada por sentencia de envío de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de fecha 31 del mes de agosto de 2005, limitando su apoderamiento solamente en el aspecto penal.

Cabrera Durán y Lluberes Ricart fueron encontrados culpables del asesinato, hecho sancionado por los artículos 295,296, 297, 298 y 312 del Código Penal. Pou Castro fue condenado como cómplice en violación a las disposiciones de los artículos 59, 60, 295, 296, 297, 298 del Código Penal.
En esa ocasión, la Corte condenó también a Pou Castro, a Cabrera Durán y a Lluberes Ricart al pago de las costas penales del tribunal de alzada.

El juicio contra Cabrera Durán, Lluberes Ricart y Pou Castro era llevado por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedo de Macorís desde septiembre de 2005, cuando la SCJ anuló el fallo de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que en julio de 2003 había reducido las sentencias contra los implicados en el asesinato de Martínez.

La Corte de Apelación de la capital había reducido de 30 a 15 años de reclusión mayor la pena contra Lluberes Ricart y Cabrera Durán, y a 12 años la sentencia contra Pou Castro.

De los otros dos implicados en el asesinato de Orlando Martínez, ocurrido el 17 de marzo de 1975, Luis Emilio de la Rosa Beras ya cumplió el pasado 10 de abril una pena de 10 años de cárcel, mientras que Salvador Lluberes Montás fue desglosado del expediente.

JUSTICIA LA EMPRENDE CONTRA EL PRD

POR SILVIO CABRERA

En lo que ha sido consdierado por algunos como una "gran embestida de la justicia contra el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)", la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso hoy la celebración de un nuevo juicio al ex administrador de la Corporación Estatal de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero César Sánchez, por el caso del alegado mal manejo de más 2 mil 168 millones de pesos de los bonos soberanos destinados para la construcción de la autopista eléctrica Santo Domingo-Santiago.
El tribunal envió el caso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, a los fines de que valoren de nuevo el recurso de casación que interpuso la Dirección Nacional de Persecución Administrativa de la Corrupción contra el auto de no ha lugar a juicio que favorece a Sánchez.
Sánchez fue favorecido con un auto de No Ha Lugar por el juez Román A. Berroa, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Ese auto de No Ha lugar fue recurrido en apelación por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Sin embargo, en apelación la Primera Sala de Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó el citado auto, por lo que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa decidió llevar el caso a la SCJ, tribunal que hoy ordenó la celebración de un nuevo juicio en la provincia Santo Domingo.
En primer grado, el juez A. Berroa declaró No Ha Lugar a favor del ingeniero César Sánchez Torres, "por no haber cometido los hechos imputados por el Ministerio Público, de conformidad con las previsiones del numeral 1 de artículo 304 de nuestro Código Procesal Penal”.

“Rechazamos la acusación promovida por la Procuraduría General de la República, en la persona del Dr. Octavio Líster Henríquez, Procurador General Adjunto y Director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, conjuntamente con el licenciado Hotoniel Bonilla García y el Dr. Francisco García Rosa, representantes del Ministerio Público, mediante escrito de fecha 16 del mes de octubre del año 2006 contra el ciudadano César Domingo Sánchez Torres, por presunta violación a los artículos 145, 146, 166, 167, 169, 170, 171, 172 del Código Penal Dominicano; 8 de la Ley 128-01 sobre Bonos Soberanos y 102 de la Constitución de la República, en perjuicio del Estado Dominicano”, agrega el auto.

En virtud del fallo, al ingeniero Sánchez Torres se le ordenó que se le devolviera el pago de la fianza, por un monto de 1 millón de pesos, más los intereses que generó durante el tiempo que estuvo depositada la suma.

ANADEGAS LLEVA SUBSIDIO A LA JUSTICIA

POR SILVIO CABRERA

La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina interpuso hoy por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Poder Ejecutivo 677-07, que crea un subsidio en los combustibles para los sindicatos de transporte de pasajeros.

El recurso fue depositado por una comisión encabezada por el presidente de Anadegas, ingeniero Juan Ignacio Espaillat.

Anadegas alega que el decreto en cuestión atenta contra la libertad de empresa y excluye a los verdaderos empresarios del transporte.

Advirtió que con el decreto volverán de nuevo a operar las "bombas de patios".

FISCALIA PERMITE ACUERDO INSOLITO

POR SILVIO CABRERA

Mediante un acuerdo insólito y sin precedentes, la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo permitió que los dos jóvenes que agredieron a tiros al periodista Robert Vargas llegaran a un acuerdo con éste.

Los agresores admitieron que hicieron disparos al aire y que escandalizaron cun música para intraquilizar y asustar al comunicador social.

Resulta insólito que ante una admisión de esta naturaleza, el fiscal de la provincia Santo Domingo, licenciado Perfecto Acosta, permitiera un arreglo sin llevar a la justicia a lo responsables.

A continuación, el texto del acuerdo.

TEXTO DEL COMUNICADO LEIDO EN LA OFICINA DEL FISCAL PERFECTO ACOSTA POR LOS DOS HOMBRES QUE AGREDIERON A TIROS Y CON INSULTOS AL PERIODISTA ROBERT VARGAS.




EL PEDIDO PUBLICO DE PERDON A VARGAS Y LA OPINION PUBLICA FUE LA CONDICION PUESTA POR ESTE PARA DESISTIR DE LLEVAR A LOS TRIBUNALES A LOS DOS HOMBRES.


Fueron testigos el Fuscal Perfecto Acosta; la Presidenta del Colegio de Periodistas Dominicanos, Mercedes Castillo, el General Simón Díaz, los padres y otros parientes de los dos hombres y el presidente de la Asociacion de Productores y Propietarios de Medios de Comunicacion de la Provincia Santo Domingo, TR Williams.








A LA OPINION PUBLICA NACIONAL



DESAGRAVIO PUBLICO AL PERIODISTA ROBERT VARGAS Y A SU FAMILIA QUIENES FUE VICTIMAS DE UNA OFENSA VIOLENTA EN SU RESIDENCIA DE LOS MINA





Por este medio, deseamos pedir disculpas públicas al periodista Robert Vargas, a su familia y a la opinión pública nacional por la ofensa violenta con disparos e insultos de que el comunicador fue objeto en su residencia de la calle Marcos del Rosario 73, en Loas Mina, a las 11 de la noche el pasado lunes día tres (3) de Diciembre de este año 2007.

Esa noche, se cometió el grave error de disparar un arma de fuego, en el caso de Leonardo Andrés Contreras Pichardo, comerciante, que tomó inconsultamente del interior del vehículo de un primo hermano, con el que hizo varios disparos al aire frente a la residencia de Vargas.

Mientras esto se producía Eldis Alfonso Pinales, técnico de sonido, le gritaba a Vargas que tenía que "adaptarse a la convivencia en el barrio" y lo conminaba a marcharse del sector porque es una persona que "salió de vivir en un callejón".

Admitimos que estos disparos y los insultos provocaron el pánico en Robert Vargas y su familia, quien ante esa situación denunció la agresión a los medios de comunicación.

Nosotros estamos conscientes de que hemos cometido un grave error que prometemos no volver a cometer. Prometemos, además, que no volveremos a disparar ni a hacer ruidos molestosos a la comunidad.

Nosotros no somos delincuentes y queremos que la sociedad nos de la oportunidad de demostrárselo puesto que somos personas de trabajo que queremos contribuir con el país.

Es una oportunidad que pedimos para enmendar un error que hemos cometido y demostrar que podemos superarlos.




Leonardo Andrés Contreras Contreras (BI) Eldis Alfonso Pinales (CHACHI)

SCJ indaga juez conoció caso sin fiscal

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) investiga al juez del Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo por conocer una audiencia sin la presencia del Ministerio Público.
El juez Julio Cesar Lara está siendo investigado a través de los inspectores del alto tribunal a solicitud del doctor Pablo Garrido, director general de la carrera judicial de la SCJ.
La denuncia contra el juez fue interpuesta por los abogados, licenciados Frank Reynaldo Fermín y Cesar Manuel Matos, luego que fuera declarada extinguida la acción penal seguida contra Pedro de Jesús Lugo Chalas y ordenó el cese de las medidas de coerción en una audiencia sin fiscal.
El proceso incidental fue ventilado a pesar de que la violación de que se trata es de acción pública a instancia privada y no de acción privada, precisan los abogados.leer mas

Ingleses, suizos elogian sistema carcelario RD

POR SILVIO CABRERA

El nuevo sistema penitenciario que se ejecuta en nueve cárceles y que en cinco años estará funcionando en todos los recintos del país, se perfila como uno de los más modernos del mundo, hasta el punto que ha sido elogiado por naciones desarrolladas como Suiza e Inglaterra.
Bajo este sistema las cárceles han comenzado a dejar de ser “mazmorras” y “tierra de nadie”, como se les llama en la actualidad, “donde perro come perro y por un chéle te matan”, como dice la canción.
Consiste en un sistema abierto en el que a base de estudios, trabajo, asistencia médica y psicológica se le cambia la forma agresiva de pensar que casi siempre tienen los presos.
Con este sistema, cuando ya esté operando en un 100 por ciento, desaparecerá la palabra peyorativa preso la cual será cambiada por internos. En los nueve centros que están operando desde ya se les llama así.
Y es que en realidad, este sistema considerado un híbrido debido a que se escogió para él lo bueno de cada uno de los modelos carcelarios modernos, cuenta con un personal profesional altamente capacitado que no permite que el preso, ahora llamado interno, salga de la cárcel enfermo, vejado, maltratado y sin un ¡futuro asegurado!.
¿Futuro asegurado?, así de simple. Y es que bajo este sistema se educa y se capacita profesionalmente al recluso o interno y se le ofrece ayuda hasta lograr reinsertarlo en la sociedad luego de que salga de la cárcel.
La misión de los educadores y profesionales de la conducta concluye cuando el preso tras haber obtenido su libertad logra obtener un empleo o instala una microempresa.
Y es que, a decir de las autoridades, se trata de una “mesa de cuatro pata”, en donde en esta parte, la “pata” del Patronato Penitenciario juega un importante rol.
El Patronato, presidido por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez e integrado por empresarios, religiosos y periodistas se encarga de la parte que prácticamente garantiza que el preso tenga una empresa o un trabajo seguro cuando sale de la cárcel. Su creación fue una idea del procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña.
Este nuevo sistema, que opera bajo la Dirección de la Escuela Nacional Penitenciaria que dirige el licenciado Roberto Santana y que ejecuta la Procuraduría General de la República, está supuesto a estar operando en su totalidad en cinco años, en vista de que se necesita de un personal profesional altamente preparado.
Suiza e Inglaterra lo elogian
El sistema ha recibido elogios de naciones desarrolladas como Suiza e Inglaterra, en donde existen modelos penitenciarios de alta calidad.
El caso del Centro de Corrección de Najayo Mujeres, por citar un ejemplo, fue elogiado por la Policía Judicial Federal de Suiza, mediante carta enviada a su directora, doctora Rosa Julia Flores Lorenzo.
Murielle Perroud Madera Castillo, quien formó parte de una comisión que estuvo en el país de la Policía Judicial Federal de Suiza, le envió una carta a la directora del Centro de Corrección de Najayo Mujeres expresándole que “hemos visto que el régimen penitenciario ejercido en su recinto no tiene nada que envidiarle al sistema suizo”.
En términos similares se expresó el consultor internacional Andreu Estela Barnet, quien afirmó que el nuevo modelo penitenciario que se implementa en República Dominicana garantiza el respeto de los derechos fundamentales de los privados de libertad y responde a la aplicación concisa y textual de la Ley 224-84, que regula el régimen penitenciario.
La Escuela Penitenciaria
La Escuela Nacional Penintenciaria, que dirige el doctor Roberto Santana, es la ideóloga de este sistema y la responsable de su aplicación.
Los directores de estos centros son escogidos mediante concurso público y se les exige ser profesional y hacer hacer un diplomado en esta escuela.
En la Escuela Nacional Penintenciaria, además de dominicanos, estudian extranjeros de diversas naciones del Caribe, que han visto en el nuevo modelo sistema dominicano un ejemplo a imitar.
En ella, explicó Santana, se forma profesionalmente al personal que trabaja en los recintos.
“Aquí se forma todo el personal humano que trabaja en el sistema, desde el vigilante hasta el director”, explicó.
Detalló que el personal humano está compuesto por un director, personal administrativo, área de cocina, mantenimiento y seguridad.
Precisó que en el área administrativa trabajan los psicólogos, los profesores, educadores, trabajadores sociales y abogados.
“Para aspirar a ser director de un centro hay que participar en un concurso público de oposición en donde el aspirante tiene que se profesional y si es seleccionado tiene que hacer un diplomado en la Escuela Penitenciaria”, sostuvo Santana.
Casa del Redentor
La Casa del Redentor, de la Pastoral Penitenciaria, bajo la dirección de Fray Arístides Richardson, tiene en este sistema la responsabilidad de trabajar con el recluso que sale de la cárcel.
El recluso o interno que sale de la prisión es llevado a uno de los centros de la Casa del Redentor y allí se le prepara para reinsertarlo en la sociedad.
La misión de la Casa del Redentor concluye cuando el recluso sale y lograr conseguir un empleo o instalar una microempresa con un préstamo otorgado por los empresarios, algunos de ellos miembros de la Patronato Nacional Penitenciario.leer más

Visita subrepticia de Robero Salcedo a la Suprema

POR SILVIO CABRERA

El síndico del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, visitó hace dos semanas de forma subrepticia la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de la litis judicial que tiene con la empresa publicitaria Impacto Urbano.

Impacto Urbano, de capital argentino, acusa a Salcedo de descatar cinco sentencias que le ordenan reestrablecer las vallas publicitarias que esa empresa ha colocado en el Distrito Nacional.

Cuando se produjo la visita de Salcedo a la SCJ, el presidente de ese tribunal, doctor Jorge Subero Isa, no se encontraba en el país.