POR SILVIO CABRERA
Los jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no firmaron la sentencia que ordena la celebración de un nuevo juicio al ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero César Sánchez, razón por la cual ayer el imputado y sus abogados no pudieron obtener una copia de la decisión.
Sánchez se presentó ayer a la secretaría del tribunal, pero le informaron que los jueces no han firmado la sentencia, por lo que todavía no pueden entregársela.
Le informaron que será dentro de una o dos semanas, después que los jueces la firmen, que se la entregarán.
Sánchez se quejó de que esa situación lo coloca en un estado de indefensión, que lo imposibilita, incluso, a fijar una posición ante los medios de comunicación.
Mediante sentencia leída el miércoles, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso la celebración de un nuevo juicio a Sánchez, por el caso del alegado mal manejo de más 2 mil 168 millones de pesos de los bonos soberanos destinados para la construcción de la autopista eléctrica Santo Domingo-Santiago.
El tribunal envió el caso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, a los fines de que valore de nuevo el recurso de casación que interpuso la Dirección Nacional de Persecución Administrativa de la Corrupción contra el auto de no ha lugar a juicio que favorece a Sánchez.
Sánchez fue favorecido con un auto de No Ha Lugar por el juez Román A. Berroa, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Ese auto de No Ha lugar fue recurrido en apelación por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Sin embargo, en apelación la Primera Sala de Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó el citado auto, por lo que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa decidió llevar el caso a la SCJ, tribunal que hoy ordenó la celebración de un nuevo juicio en la provincia Santo Domingo.
En primer grado, el juez A. Berroa declaró No Ha Lugar a favor del ingeniero César Sánchez Torres, "por no haber cometido los hechos imputados por el Ministerio Público, de conformidad con las previsiones del numeral 1 de artículo 304 de nuestro Código Procesal Penal”.
“Rechazamos la acusación promovida por la Procuraduría General de la República, en la persona del Dr. Octavio Líster Henríquez, Procurador General Adjunto y Director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, conjuntamente con el licenciado Hotoniel Bonilla García y el Dr. Francisco García Rosa, representantes del Ministerio Público, mediante escrito de fecha 16 del mes de octubre del año 2006 contra el ciudadano César Domingo Sánchez Torres, por presunta violación a los artículos 145, 146, 166, 167, 169, 170, 171, 172 del Código Penal Dominicano; 8 de la Ley 128-01 sobre Bonos Soberanos y 102 de la Constitución de la República, en perjuicio del Estado Dominicano”, agrega el auto.
En virtud del fallo, al ingeniero Sánchez Torres se le ordenó que se le devolviera el pago de la fianza, por un monto de 1 millón de pesos, más los intereses que generó durante el tiempo que estuvo depositada la suma.
Los jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no firmaron la sentencia que ordena la celebración de un nuevo juicio al ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero César Sánchez, razón por la cual ayer el imputado y sus abogados no pudieron obtener una copia de la decisión.
Sánchez se presentó ayer a la secretaría del tribunal, pero le informaron que los jueces no han firmado la sentencia, por lo que todavía no pueden entregársela.
Le informaron que será dentro de una o dos semanas, después que los jueces la firmen, que se la entregarán.
Sánchez se quejó de que esa situación lo coloca en un estado de indefensión, que lo imposibilita, incluso, a fijar una posición ante los medios de comunicación.
Mediante sentencia leída el miércoles, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso la celebración de un nuevo juicio a Sánchez, por el caso del alegado mal manejo de más 2 mil 168 millones de pesos de los bonos soberanos destinados para la construcción de la autopista eléctrica Santo Domingo-Santiago.
El tribunal envió el caso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, a los fines de que valore de nuevo el recurso de casación que interpuso la Dirección Nacional de Persecución Administrativa de la Corrupción contra el auto de no ha lugar a juicio que favorece a Sánchez.
Sánchez fue favorecido con un auto de No Ha Lugar por el juez Román A. Berroa, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Ese auto de No Ha lugar fue recurrido en apelación por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Sin embargo, en apelación la Primera Sala de Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó el citado auto, por lo que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa decidió llevar el caso a la SCJ, tribunal que hoy ordenó la celebración de un nuevo juicio en la provincia Santo Domingo.
En primer grado, el juez A. Berroa declaró No Ha Lugar a favor del ingeniero César Sánchez Torres, "por no haber cometido los hechos imputados por el Ministerio Público, de conformidad con las previsiones del numeral 1 de artículo 304 de nuestro Código Procesal Penal”.
“Rechazamos la acusación promovida por la Procuraduría General de la República, en la persona del Dr. Octavio Líster Henríquez, Procurador General Adjunto y Director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, conjuntamente con el licenciado Hotoniel Bonilla García y el Dr. Francisco García Rosa, representantes del Ministerio Público, mediante escrito de fecha 16 del mes de octubre del año 2006 contra el ciudadano César Domingo Sánchez Torres, por presunta violación a los artículos 145, 146, 166, 167, 169, 170, 171, 172 del Código Penal Dominicano; 8 de la Ley 128-01 sobre Bonos Soberanos y 102 de la Constitución de la República, en perjuicio del Estado Dominicano”, agrega el auto.
En virtud del fallo, al ingeniero Sánchez Torres se le ordenó que se le devolviera el pago de la fianza, por un monto de 1 millón de pesos, más los intereses que generó durante el tiempo que estuvo depositada la suma.
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