VENCE HOY PLAZO PARA ESCOGENCIA DE JUEZ CASO FELIX BAUTISTA

La presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) todavía no ha designado al juez de la instrucción especial que conocerá la solicitud de medida de coerción solicitada por la Procuraduría General de la República contra el senador Feliz Bautista y un grupo de socios, acusados de corrupción y lavado de activos.

El juez que conocerá la acusación y solicitud de medida de coerción contra Bautista deberá ser elegido por el presidente de la SCJ, doctor Mariano Germán Mejía, dentro de un plazo de 48 horas, el cual vence hoy en la tarde, en virtud de que el expediente fue depositado el miércoles en la tarde.

El procurador Francisco Domínguez Brito solicitó prisión preventiva para Bautista, a través de un escrito de acusación y requerimiento de apertura a juicio depositado en la SCJ.

A través del escrito de acusación, Domínguez Brito  solicitó la designación de un Juez de la instrucción especial, a fin de conocer en audiencia preliminar la solicitud de prisión preventiva y acusación por hechos graves de corrupción y lavado en contra de Bautista, Soraida Abreu Martínez, José  Hernández, Bolívar Ventura, Carlos Ozoria Martínez, Gricel Soler y Bienvenido Bretón Medina.

Al legislador por la provincia de San Juan de la Maguana se le acusa, junto al citado grupo, de presunta violación a los artículos 114, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 166, 167, 171, 172 y 175 del Código Penal, sobre infracciones de atentado contra la Constitución, falsedad de escritura pública y privada, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco y asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público; 361 numeral 1 y 3 literal d); artículo 7 de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Bienes que consagra y sanciona el enriquecimiento ilícito.

Fallo contra RD no tiene ningún efecto jurídico

Como invasiva, ilegítima, sin valor jurídico, contraria a derechos internacionales y violatoria de la soberanía nacional, fue calificada hoy por varios juristas la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ordena a República Dominicana modificar su Constitución y la condena por el caso de un grupo de haitianos que alegó haber sido despojado de la nacionalidad. El criterio en ese sentido fue externado por Juan Miguel Castillo Pantaleón, ex juez de instrucción; Eduardo Tavárez, ex presidente de la Asociación de Abogados Independientes y el penalista Carlos Olivares, quienes entienden que la sentencia no es vinculante al Estado.
Además que violenta el derecho de las naciones a decidir sobre nacionalidad de sus habitantes ni tiene ningún efecto jurídico, porque trata asuntos de soberanía nacional y porque la membrecía de la República Dominicana en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no ha sido aprobada por el Congreso Nacional.
Recordó que sobre el particular, el Tribunal Constitucional tiene pendiente el fallo de un recurso de inconstitucionalidad, cuyo expediente fue heredado de la Suprema Corte de Justicia, que lo dejó en estado de fallo.
“Por lo tanto, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no resulta vinculante, ni con efecto jurídico alguno sobre el Estado dominicano”, sostuvo Castillo Pantaleón.
Sobre el contenido de la sentencia, Castillo Pantaleón declaró que rebasa por mucho las atribuciones de la Corte, órgano que, a su entender, “invade una materia que es de acuerdo al derecho internacional público, un asunto que de la exclusiva soberanía y dominio reservado de los estados”.
Carlos Olivares
Mientras el penalista Carlos Olivares calificó como un atrevimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ordenar a República Dominicana modificar su constitución, para que se establezca que son dominicanos los hijos de extranjeros ilegales nacidos en el país.
Sostuvo que República Dominicana es soberana de tener una constitución que desde el 2010, en su artículo 18, estableció quiénes son y quienes no dominicanos.
“El fraude lo corrompe todo. Todo ilegal que no esté debidamente organizado por nuestras leyes no puede ser ordenado por instancias extranjeras para que sea legal”, declaró Olivares.
Eduardo Tavárez
Igual opinó Eduardo Tavárez, ex presidente de la Asociación de Abogados Independientes, quien consideró que se trata de una sentencia que reya en una intromisión vulgar en los asuntos internos de la República Dominicana.
“Ninguna institución puede mandar a un país soberano, como es el nuestro, a modificar su constitución. Estamos hablando que la Constitución de un país es lo que le da parte de su soberanía; es la ley de leyes, es la que estructura un país”, sostuvo Tavárez.
En su sentencia, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó a la República Dominicano por el caso de un grupo de personas que dijeron haber sido repatriadas a Haití de manera irregular y agregó en su decisión ordenar a la República Dominicana que modifique su Constitución para permitir que puedan adquirir la nacionalidad dominicana los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en este territorio.
UN APUNTE
Casos pendientes
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene pendiente el conocimiento de otros casos sometidos a ese tribunal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre hechos recogidos durante la última visita que hizo ese organismo al país.

Ven “maldad” pedido prisión Félix Bautista



Carlos Balcácer

Como una maldad procesal, carente de valor jurídico, fue calificada hoy por varios juristas la decisión del procurador general de la República, de solicitar a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) prisión preventiva contra el senador Félix Bautista, bajo la acusación de la comisión de actos de corrupción y lavado de activos. Los penalistas Carlos Balcácer y Frank Reynaldo Fermín sostuvieron que para que la Suprema Corte de Justicia dicte orden de prisión contra Bautista, tendría que desaforarlo de su inmunidad parlamentaria, en razón de que se encuentra una legislatura abierta y en virtud de que no ha sido hecho preso en la comisión de un delito flagrante.

Para dichos abogados, se trata de una burla del procurador Francisco Domínguez Brito, de quien dijeron ha desnaturalizado la figura jurídica de medida de coerción, en virtud de que esas solicitudes el Código Procesal Penal solo las contempla para imputados con peligro de fuga, lo que no es el caso del senador Bautista.

“Domínguez Brito ha desnaturalizado la figura de la medida de coerción y lo que hace es shows políticos con casos de esa naturaleza. Recuerden que igual hizo con el senador Amable Aristy Castro, y todo el mundo sabe que estas personas no representan peligro de fuga”, manifestó Balcácer.

Sobre el particular también se pronunció el penalista Frank Reylando Fermín, quien le recordó al procurador que para que se dicte prisión preventiva contra Baustia, primero tendría el Senado que desaforarlo de su inmunidad y que de hacerlo incurriría en una flagrante violación de la Constitución.

“Si él no renuncia a su inmunidad parlamentaria, tiene el Senado que desaforarlo (quitarle la inmunidad) para que la Suprema pueda dictar orden de prisión”, dijo Fermín.

Recordó que la única manera de que Baustista o cualquier otro legislador pueda ser apresado es que lo sorprendan en la comisión de un delito flagrante. Sostuvo que fuera de ahí, se incurriría en una violación de la Constitución de la República.

La Procuraduría General de la República solicitó en la tarde de ayer prisión preventiva para el senador Bautista, a través de un escrito de acusación y requerimiento de apertura a juicio depositado en la Suprema Corte de Justicia.

EMPEORA SALUD DE GENERAL CONDENADO POR MUERTE PERIODISTA ORLANDO MARTINEZ

El estado de salud del general retirado Joaquín Antonio Pou Castro empeoró esta mañana, al detectársele un sangrado en los pulmones, como consecuencia de una bronconeumonía.

No fue posible conversar con sus médicos, pero el propio Pou Castro dijo que su salud se ha agravado, en vista de un sangrado en los pulmones, complicado con las tiroides y una sinusitis.

Pou Castro, condenado a 30 años de cárcel por la muerte del periodista Orlando Martínez, se encuentra interno desde hace 13 días en la habitación de 303 del hospital militar de las Fuerzas Armadas, en la tercera planta.

Dijo que en principio fue ingresado al hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, pero que en ese lugar su salud empeoró, razón por lo que tuvo que ser trasladado al hospital de las Fuerzas Armadas.

El pasado sábado, su familia informó que estaba afectado de bronco espasmos que se les complicó con una afección en las glándulas tiroides.

La enfermedad, según se informó extraoficialmente, se le complicó con una crisis de sinusitis, la cual le ha afectado las glándulas.

Su primera crisis la tuvo en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, razón por la que tuvo que ser traslado de emergencia al hospital público de San Cristóbal.

Hasta el momento, ha sido imposible obtener los nombres, ni la versión oficial de sus médicos.

Pou Castro dijo que son varios los médicos que lo atienden y que debido su delicado estado de salud, ni siquiera sabe sus nombres.

Pou Castro lleva varios años en prisión luego de que fuera condenado, primero a 20 años y después a 30 años de cárcel por la muerte del periodista Orlando Martínez.

Duró varios años preso en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, pero el año pasado fue traslado a la cárcel de Najayo, San Cristóbal, por mandato del procurador de ese entonces, licenciado Francisco Domínguez Brito.

Junto a él fueron condenados a 30 años de cárcel el ex cabo del Ejército Mariano Cabrera Durán y Alfredo Lluberes Ricart.

En la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, Pou Castro fue condenado a 20 años de cárcel y sus compañeros a 30, pero cuando el caso fue conocido en casación, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) varió la sentencia y le aumentó la sentencia a 30 años.

Su expediente se encuentra en la SCJ, en vista de que sus abogados interpusieron un recurso de revisión, bajo el alegato de que le violaron su derecho de defensa.

El caso, según los abogados de los imputados, podría ser llevado hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en C

APRESAN MUJER CON DROGAS EN AILA

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en presencia de un fiscal adjunto, apresó anoche a una mujer que trataba de viajar a Nueva York llevando en su equipaje un paquete de cocaína escondido en su equipaje.

Juana Claribel Almengo Almonte, según la DNCD, fue arrestada antes de abordar el vuelo 1892 de American Arilines, en el Aeropuerto Internacional de esta ciudad, con una pieza de madera escondida en una hamaca, detección hecha por un ejemplar canino de los que tiene la DNCD en la terminal.

De acuerdo a la institución antinarcótica, uno de los agentes antidrogas asignados al área de chequeo observó ‘una sombra extraña’ en el interior de la maleta, por lo que de inmediato solicitó la presencia del fiscal Osvaldo Antonio Bonilla, además de reclamar un taladro para abrir la madera de la hamaca en la oficina de la DNCD.

En efecto, allí estaba el paquete, el cual la propia dueña admitió que se trataba de droga para llevarla a EEUU, donde reside la mujer, de 29 años. Será sometida por violar la ley 50-88. Después se presentaron al lugar los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA).

La información sobre el hallazgo de la cocaína fue ofrecida esta mañana por el portavoz oficial de la DNCD, Roberto Lebrón, en una declaración escrita. La mujer está bajo interrogatorio para que explique quien le entregó el paquete de cocaína y en qué lugar.

Los organismos de seguridad, en especial la DNCD, han redoblado la vigilancia en las terminales aeroportuarias y marítimas, a los fines de reducir a la mínima expresión el trasiego de sustancias narcóticas, tanto con destino al exterior como cuando es traída al país.

Este jueves, agregó Lebrón, les serán solicitadas medidas e coerción a la joven Aluengo Almonte. Enfrenta cargos de narcotráfico por la cantidad de droga contenida en el paquete ocupado a la imputada. No es la primera vez que se descubre droga incrustada en madera.

En el Ferry, por ejemplo, han sido detectadas grandes cantidades de cocaína y heroína incrustados en muebles, balautres y tubos Pvc para llevarlas a Puerto Rico, mientras en el Aeropuerto Las Américas han tratado de sacarla en productos enlatados y otras modalidades.

PROCUARADOR INAUGURA NUEVO SISTEMA DE FISCALIA EN SAN PEDRO DE MACORIS

El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, inauguró este jueves en Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el nuevo Modelo de Gestión Fiscalía, que consiste en un moderno proceso de reorganización del trabajo para garantizar la investigación y persecución penal de una manera ágil y eficiente.

La implementación de este nuevo sistema garantiza el correcto procesamiento de los casos y atención a las víctimas por parte de los fiscales las 24 horas del día. Además, un personal se encargará de los procesos de conciliación que así lo requieran.

El nuevo modelo de gestión de fiscalía opera de manera estructural con el Sistema de Justicia Siglo XXI, que es un producto de software para la gestión judicial y manejo y seguimiento de procesos en el Poder Judicial, en las fiscalías y en las procuradurías generales.

La Fiscalía de San Pedro de Macorís funciona en la calle Laureano Canto esquina Hermanas Mirabal en el sector Villa Providencia de esa provincia. Esta es la séptima fiscalía que se adapta al nuevo sistema. Otras que han sido incorporadas son La Romana, Peravia, La Vega, Puerto Plata, Elías Piña y Moca.

Con la implementación de este nuevo modelo, las fiscalías operan a través de diferentes unidades de servicio con la debida rapidez que reclama la ciudadanía al momento de solicitar un servicio.

Ese sistema reúne las condiciones necesarias para que el Ministerio Público pueda funcionar satisfactoriamente y con calidad, bajo los reglamentos del Código Procesal Penal, que entró en vigencia en el año 2004.

Con el nuevo proceso se persigue la solución de conflictos mediante un uso racional de los recursos, utilizando las vías alternativas cuando la ley lo permita.

Asimismo, se persigue concentrar mayores recursos para dirigir una investigación en los casos más imperantes, a fin de obtener las pruebas necesarias para que los tribunales acojan la acusación.

La actividad estuvo encabezada además, por el procurador de la Corte de Apelación y el fiscal de la provincia, doctores Ángel René Pérez García y Abraham Ortiz, respectivamente.

SE SUELTAN LOS DEMONIOS EN EL MINISTERIO PUBLICO

El mandato del procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, estaría siendo desoído por algunos procuradores adjuntos y fiscales, entre ellos el del Distrito Nacional, quien, al decir de una fuente, entiende que su superior está haciendo un mal uso de sus facultades y sentado precedentes funestos con algunas decisiones.

“En el Ministerio Público se han soltado los demonios. No todas las ordenes que da el procurador general de la República se cumplen, puesto que algunas son inejecutables e inauditas”, dijo a Panorama Diario una fuente ligada al fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero.

Conforme a la fuente, las desavenencias llegaron a su clímax con el caso del intérprete de “música de calle” Antonio Peter de la Rosa (Omega), hecho preso por alegadamente golpear a su ex esposa.

De acuerdo a dicha fuente, la Fiscalía del Distrito Nacional era de opinión que Omega debía permanecer en prisión, por tratarse de un caso grave, como lo es haber golpeado a una mujer.

Sin embargo, el procurador general de la República habría ordenado al fiscal Hernánde Peguero que dejara sin efecto la solicitud de medida de coerción que había incoado contra el cantante.

“El manda allá y yo mando aquí”, habría dicho el fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero, en respuesta a la orden que le habría dado el procurador Jiménez Peña.

Pero, según la fuente, las desavenencias no solo son con el fiscal del Distrito Nacional, sino también con el director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, doctor Octavio Líster.

Líster, según lo relatado por el informante, estuvo a punto de renunciar cuando el procurador general de la República mandó a buscar el expediente del caso de los cupones que se utilizaban para el subsidio del gas licuado de petróleo, cuyo expediente encabeza el licenciado Angel Lockward.

Consultado ayer al respecto, Líster dijo que fue una decisión de la Procuraduría el retiro de la querella interpuesta contra Lockward, acusado de mal uso en la distribución de cupones del Gas Licuado de Petróleo cuando era secretario de Industria y Comercio. Líster explicó que fue desapoderado del caso y se definió como “un soldado” del ministerio público.

“Nosotros, por respeto y por disciplina, lo que estamos haciendo pura y simplemente es abstenernos de participar en cualquier acción procesal porque ya estamos desapoderados del mismo”, indicó el funcionario.