APLACAN CONOCIMIENTO CASO SUN LAND

POR SILVIO CABRERA


El Juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, doctor Román Berroa Hiciano, aplazó esta mañana para el siete de marzo el recurso de oposición a la decisión del Fiscal del distrito Nacional sobre el caso Sun Land donde el Partido Revolucionario Dominicano fue rechazado como querellante.

El magistrado fijó la nueva fecha a solicitud de los abogados del ingeniero Félix Bautista , quienes alegaron que fueron notificados anoche por el tribunal del recurso interpuesto por el PRD, asimismo el juez dijo que Bautista no tendrá que comparecer porque se trata de un asunto meramente técnico y las partes están representada por sus abogados.

Por el PRD asistieron el ingeniero Ramón Alburquerque, Orlando Jorge Mera, presidente y secretario general respectivamente de la organización politica y el doctor Rafael Mejía Guerrero.

Mientras que Bautista estuvo representado por los abogados Nicolás Calderón y Abel
Rodríguez del Orbe.

El PRD recurrió en oposición la decisión de Fiscalía del Distrito Nacional que declaró inadmisible la querella por abuso de confianza presentada por el Partido Revolucionario Dominicano, en contra del ingeniero Bautista acusado de presuntas irregularidades en el manejo de contrato suscrito entre el Estado dominicano y la compañía Sun Land Corporation.

En La decisión el fiscal decidió investigar de oficio la denuncia, por lo que solicó a la Cámara de Cuentas realizar los experticios, auditoria o análisis contables respecto a las obligaciones contraídas por el Estado en razón de las obras contratadas, especificados en los documentos suscritos con la Sun Land.

El doctor José Manuel Hernández Peguero desestimó la querella contra de Bautista, alegando falta de calidad para actuar como querellantes del presidente y secretario general del PRD, Ramónn Alburquerque y Orlando Jorge Mera, respectivamente, quines hicieron el sometimiento.

Hernández Peguero, y los fiscales adjuntos Dante Castillo Medina y José Agustín de la Cruz Santiago, fueron los que trabajaron la decisión con relación a la querella del PRD.

ALVAREZ RENTA HOY EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS POR EL CASO BANINTER

POR SILVIO CABRERA
Con la presentación de la acusación en contra del empresario Luis Alvarez Renta, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional reanudó esta mañana el juicio en segundo grado a los implicados en la alegada estafa por más de 74 mil millones de pesos cometida en el Banco Intercontinental (Baninter).

El tribunal conoce los recursos de apelación incoados por el Ministerio Público y por el propio Alvarez Renta contra la sentencia que lo condena a 10 años de prisión por lavado de activos provenientes de Baninter.

En el juicio, que se inició el 18 de este mes, la Corte conoció los recursos de apelación de Ramón Báez Figueroa y Vivian Lubrano de Castillo.

Para Lubrano de Castillo, el Ministerio Público solicitó la revocación de la sentencia que la descarga de la acusación y que en cambio sea condena a 10 de cárcel.

Mientras que para Báez Figueroa pidió que se le aumente la condena de 10 a 20 años de cárcel, por entender que es culpable de lavado de activos y abuso de confianza.

En la defensa de Báez Figueroa no participa su principal abogado, doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho).

Castillo no ha participado en ninguna de las audiencias que se celebran desde el lunes 18 de este mes, y oficialmente su hijo Vinicio Castillo Semán confirmó que no asistirá, en vista de que a su entender, no es necesario.

El pedido de 20 de años de cárcel para Báez Figueroa está sustentado en alegada adulteración, ocultación, abuso de confianza y lavado de activos en perjuicio de la sociedad y el Estado dominicano

LA DE BANINTER Y LA DE LOS POBRES: ¿JUSTICIA O INJUSTICIA?

POR SILVIO CABRERA

La Justicia es igual para todos. Un decir que del dicho al hecho hay tremendo trecho, a juzgar por la diferencia notable que se observa en los tribunales cuando se juzga a un rico y cuando el justiciable es un pobre.
Si se quiere establecer diferencia sólo hay que darse un paseo por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional donde se conoce en segundo grado el caso Baninter. Veamos…
Antes, esta Corte solo era un salón maloliente, con el piso curtido, los bancos sucios y llenos de letreros de los presos, con escrituras, por ejemplo como está: “por aquí pasó Kico 41”, “aquí estuvo come vidrio” y “El Loco de la 20”.
Antes, para escuchar a un juez había prácticamente que subir al estrado. Ahora en el juicio Baninter, por el contrario el sonido en la sala que se emite a través de micrófonos es impecable.
Los bancos los lustraron y los pintaron con finas pinturas de caoba, el piso lo brillaron y lo enceraron, hasta el punto que cualquiera que no esté acostumbrado a caminar en ese tipo de piso se cae.
Hay áreas exclusivas habilitadas para los acusados, la prensa, los camarógrafos y los visitantes. No se respira el calor sofocante de antes, ahora, en Baninter, el aire congela.
El problema es que los acusados, perdón “los imputados”, no son los mismos. No son ni Kico 41, ni Come Vidrio ni El Loco de la 20. Los acusados, perdón, “los imputados” son Ramón Báez Figueroa, Viviano Lubrano de Castillo, Luis Alvarez Renta y Marcos Báez Cocco. Y no dizque la justicia es igual para todos?,

DEPRECO ADVIERTE A HIPOLITO QUE NO PODRA IR COMO TESTIGO EN EL PLAN RENOVE

POR SILVIO CABRERA

La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa le advirtió ayer al ex presidente Hipólito Mejía que no podrá presentarse como “testigo útil” ante la Suprema Corte de Justicia en el caso del Plan Renove, debido a que la fase procesal de presentación de pruebas y testigos pasó.
Octoniell Bonilla, subdirector de la institución y representante del Ministerio Público en el caso, dijo que por esa razón, la propuesta del ex mandatario es extemporánea.
“El tiempo procesal para promover pruebas hace tiempo que se agotó e incluso, él fue propuesto como testigo por el doctor Pedro Franco Badía en el juicio de la magistrada Esther Angelán y la juez desestimó ese pedido, por haber sido hecho de manera irregular”, recordó Bonilla.
Sostuvo que esa decisión de la jueza Angelán, de rechazar al ex presidente Mejía como testigo, no fue apelada, razón por la que ahora en esta fase no puede presentarse.
“De manera que esa decisión de la jueza no fue recurrida en ningún momento, por lo que por tanto ese elemento probatorio ha adquirido la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada”, subrayó Bonilla.
Consideró que la propuesta del ex presidente Mejía no es más que un intento de los imputados de escaparse de la acción judicial ante el caso que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia.
Declaró que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa está a la espera que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie en los próximos días declarando nulos los recursos de casación interpuestos por los imputados, para que en consecuencia se constituyan en prisión.
“Lo que sí puedo asegurarle al ex presidente es una cosa, y es que he visto que ellos han estado adelantando, según la carta del ex presidente Mejía, la posibilidad de recurrir en revisión la decisión que decida la Suprema Corte de Justicia. Les quiero recordar que el recurso de revisión no suspende la ejecución de la sentencia que ya se haya emitido, por lo que por tanto creo que eso no les servirá de mucho”, precisó Bonilla.
Advirtió que tan pronto la Suprema Corte de Justicia falle contra ellos serán encarcelados, en razón de que legalmente el recurso de revisión no paraliza la ejecución de la sentencia.
Aclaró que ni siquiera él será el que los aprese, ya que en el encargado de hacerlo será el juez de ejecución de la pena.
El viernes, ell ex presidente Mejía defendió la operación del Plan Renove y se ofreció como “testigo útil” ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para el esclarecimiento del caso.
En correspondencia al presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, y demás jueces de ese tribunal, el ex mandatario sostuvo que el Estado no invirtió ni un solo centavo en la operación del Plan Renove.
Le comunicó a Subero Isa y demás jueces que cada una de las 312 unidades que se entregaron a las instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y entidades sin fines de lucro, fueron autorizadas expresamente por él.
Sostuvo también que en la actualidad más de 800 millones de pesos han sido pagados por las centrales sindicales y los choferes independientes, lo que según él, unido al valor de las unidades, permite colegir por simple operación matemática que la suma pagada y el valor de los vehículos totalizan la inversión que se hizo.
“Desde el inicio de este largo y tortuoso proceso he estado a la disposición de todas las instancias judiciales para precisar o aclarar cualquier duda con relación a la compra, distribución y donación de las unidades vehiculares que fueron adquiridas con financiamiento externo, aprobado por el Congreso Nacional y en el cual el Estado dominicano no invirtió ni un centavo para la referida operación”, dijo el ex mandatario en su carta.
“Todos los dirigentes sindicales que formaban parte del Plan Renove ocupaban sus posiciones no en calidad de funcionarios públicos sino en representación de cada una de sus centrales sindicales”, refiere Mejía en la correspondencia.
Dijo también que cada una de las 312 unidades que se entregaron a las instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y entidades sin fines de lucro fueron autorizadas expresamente por él.

EX PRESIDENTE MEJIA PIDE A LA SUPREMA QUE LO LLAME COMO TESTIGO EN EL CASO DEL PLAN RENOVE

POR SILVIO CABRERA

El ex presidente Hipólito Mejía defendió hoy la operación del Plan Renove y se ofreció como “testigo útil” ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para el esclarecimiento del caso.
En correspondencia al presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, y demás jueces de ese tribunal, el ex mandatario sostuvo que en el Plan Renove el Estado no invirtió ni un solo centavo para su operación.
Le comunicó a Subero Isa y a los demás jueces que cada una de las 312 unidades que se entregaron a las instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y entidades sin fines de lucro fueron autorizadas expresamente por él.
Sostuvo también que en la actualidad, más de 800 millones de pesos han sido pagados por las centrales sindicales y los choferes independientes, lo que según él, unido al valor de las unidades, permite colegir por simple operación matemática, que la suma pagada y el valor de los vehículos totalizan la inversión que se hizo.
A continuación el texto completo de la carta del ex presidente Mejía a Subero Isa.
“El abajo firmante, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, en mi calidad de ex presidente constitucional de la República Dominicana, tengo a bien llevar al conocimiento de ese elevado tribunal elementos fundamentales que permitirán una comprensión cabal y absoluta de todo lo referente a las labores administrativas del indicado Plan Renove”.
“Desde el inicio de este largo y tortuoso proceso he estado a la disposición de todas las instancias judiciales para precisar o aclarar cualquier duda con relación a la compra, distribución y donación de las unidades vehiculares que fueron adquiridas con financiamiento externo, aprobado por el Congreso Nacional y en el cual el Estado Dominicano no invirtió ni un centavo para la referida operación”.
“El decreto que creo el Plan Renove establecía por si mismo todo lo concerniente a su sistema operativo, así como la conformación de su Consejo Directivo, las comisiones y las funciones específicas de cada uno de sus miembros, quienes no percibían salario alguno, exceptuando los que no desempeñaban ninguna posición en el tren gubernamental”.
“Todos los dirigentes sindicales que formaban parte del Plan Renove, ocupaban sus posiciones no en calidad de funcionarios públicos, sino en representación de cada una de sus centrales sindicales”.
“El proceso de licitación y compra se realizó con pulcritud y transparencia y los cuestionamientos sin fundamentos que se produjeron posteriormente, no fueron más que pujos normales de sectores interesados en restarle méritos a ese novedoso Plan”.
“Cada una de las 312 unidades que se entregaron a las instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y entidades sin fines de lucro fueron autorizadas expresamente por el suscribiente. Los beneficios resultantes de esas donaciones ni los más enconados enemigos del Plan lo han podido desmeritar”.
“En la actualidad, más de 800 millones de pesos (RD$800,000,000.00) han sido pagados por las centrales sindicales y los choferes independientes, lo que unido al valor de las unidades, cuyas matriculas y contratos acorde con la Ley No.483 de venta condicional de muebles, están en poder del Plan Renove, nos permitiría colegir, por simple operación matemática, que la suma pagada y el valor de los vehículos totalizan la inversión del Plan Renove”.
“En todo caso, el gobierno solo es responsable del pago de los vehículos que fueron entregados a las instituciones oficiales, asociaciones de estudiantes y asociaciones sin fines de lucro; entregas normales en todos los gobiernos y que en el actual continúa a ritmo acelerado”.
“En consecuencia, me ofrezco como útil, para el proceso de revisión y sobre todo para el establecimiento definitivo de la verdad”.
“Yo pregunto, honorables magistrados, ¿es un proceso de compra transparente, en una distribución racional y equitativa, y con una recuperación de la inversión, lenta pero segura, donde podría estar la prevaricación, el desfalco o la estatal?”.

PRESENTAN A PLENO DE LA SUPREMA CORTE CASO DE LA SUN LAND

POR SILVIO CABRERA

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fue apoderado esta mañana de los recursos de inconstitucionalidad incoados por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo contra los préstamos que contrajo el Estado con la Sun Land para la construcción obras públicas.

El Pleno decidirá si lo coloca o no en la agenda de orden de de conocimiento y fallo.

La SCJ, a través de su Dirección de Comunicaciones dijo que tal y como se había previsto, esos casos fueron colocados en la agenda del día del Pleno para fines de presentación.

La pasada semana, el presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, en respuesta una pregunta de El Nacional respondió que hoy 21 de febrero llevará esos expedientes para que sean colocados en el orden de conocimiento y fallo correspondiente.

Contra los préstamos de la Sun Land existen tres recursos de inconstitucionalidad, dos del PRD y uno por el Foro Social Alternativo.

Los primeros dos recursos los interpusieron el PRD y el Foro Social Alternativo contra el préstamo de 130 millones de dólares que hizo con la Sun Land la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

El otro recurso fue interpuesto por el PRD contra el préstamo de 200 millones de dólares que hizo la Secretaría de Obras Públoicas con la Sun Land.

Este último contrato, según el PRD, fue firmado en junio de 2006 sin ser enviado al Congreso, lo que, a su entender, constituye una violación de la Constitución de la República.

La existencia sobre este ultimo préstamo fue dado a conocer por los periodistas Nuria Piera y Huchi Lora en el programa radial Nuria y Huchi en CDN, quienes pusieron el documento a disposición de las entidades que estén interesadas.

Ayer, el Foro Social Alternativo visitó la SCJ en donde entregó un documento instando al Pleno de ese tribunal a fallar esos casos cuanto antes.

Con esos fines, para la mañana de hoy, varias organizaciones religiosas tenían programada una visita a la sede la SCJ, en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.

BAEZ FIGUEROA SE DEFIENDE DE CARGOS LAVADO DE ACTIVOS

POR SILVIO CABRERA

La defensa del empresario Ramón Báez Figueroa trataba esta mañana de probar que su cliente no incurrió en lavado de activos en el caso de Baninter, razón por la cual se opone a que se le castigue por ese delito.

Juárez Castillo y Vinicio Castillo Semán refutaron en ese sentido las acusaciones presentadas contra Báez Figueroa por el Ministerio Público y la parte civil constituida.

Desde ayer, ambos abogados a través de fílmicas y documentos intentan demostrar que las operaciones que se hicieron en Baninter, como son los casos de las adquisiciones de medios de comunicación, se hicieron de manera legal.

Juárez Castillo dijo que, por ejemplo, en el caso de la compra de RNN se hizo de forma legal y de cara al público, hasta el punto que en el acto de inauguración participaron el entonces presidente de la República Hipólito Mejía y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.

En la audiencia de ayer, las autoridades monetarias y financieras pidieron la inclusión del cargo de lavado de activos y, por vía de consecuencia, condenar a 20 años de reclusión a Báez Figueroa.

La exposición de la parte civil estuvo a cargo del abogado José Lorenzo Fermín quien pidió, además, que al principal implicado en el fraude que envuelve la suma de 74 mil millones de pesos, el pago de una multa de dos millones quinientos mil pesos y doscientos salarios mínimos como sanción civil.

En cuanto a lo penal el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la comisión de liquidación del Baninter también solicitaron al Tribunal que el imputado pague en indemnizaciones las sumas de 45 mil 469 millones de pesos por daños y perjuicios; 50 millones,82 mil 450 millones por las actuaciones punibles comprobadas en la sentencia y 18 mil 743 millones a favor del Baninter.

Dentro de los motivos argumentados por la parte civil, está que los jueces de primer grado interpretaron erróneamente el artículo 408 del Código Procesal, en lo relativo al contrato de mandato.

En la primera hora de ayer el abogado de la defensa, Juárez Castillo, presentó sus conclusiones ante los pedidos del Ministerio Público, que el pasado martes también solicitó al tribunal condena de 20 años para Báez Figueroa.

En su intervención solicitó a la Corte, Juárez Castillo pidió rechazar el pedido del Ministerio Público por considerarlo como improcedente, injusto y mal fundado.

Negó que su defendido incurriera en el delito de Lavado de Activos, debido a que esa actividad es oculta y todas las operaciones de negocios de su defendido fueron publicadas medios de comunicación.

DECLARAN INCONSTITUCIONAL TRASPASO 16 DE AGOSTO

POR SILVIO CABRERA

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional los artículos 1,2 y 4 de la Ley 139-97, que establecen el traspaso al lunes siguiente el 16 de agosto cuando éste cáe los días martes, miércoles, jueves y viernes.

El máximo tribunal de justicia acogió como bueno y válido un recurso de inconstitucionalidad incoado con esos fines por la Academia Dominicana de la Historia a traves de su presidente Francisco Michell Cordero.

En lo adelante, el 16 de agosto, Día de la Restauración, se celebrará igual que antes, el día que caiga en el calendario.

VINCHO CASTILLO SE AUSENTA DE AUDIENCIA CASO BANINTER

SILVIO CABRERA

El doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho) no participará en las audiencias como abogado en el juicio que se le sigue en segundo grado al empresario Ramón Báez Figueroa y demás imputados del alegado fraude por más de 55 mil millones de pesos cometido contra el Estado a través del Banco Intercontinetal (Baninter).
Castillo no ha participado en ninguna de las audiencias que se celebran desde el lunes 18 de este mes, y oficialmente su hijo Vinicio Castillo Semán confirmó que no asistirá, en vista de que a su entender, no es necesario.
“Como tú sabes, en esta fase casi todo se presenta por escrito y no es mucha cosa lo que se viene hacer”, sostuvo Castillo Semán, para justificar la ausencia de su padre.
Sin embargo, extraoficialmente se supo que el doctor Castillo de forma estratégica no participa directamente en el proceso, en vista de que fue esa corte que le confirmó la sentencia condenatoria que se dictó en primer grado en su contra por el caso del dirigente perredeísta Hernani Zalazar.
Se supo, además, que en esa ocasión el doctor Castillo hizo algunos comentarios sobre esos jueces, razón por lo que se habría entendido que no era conveniente que participara en los debates en esta parte del proceso.

LA AUDIENCIA DE HOY

La audiencia sobre el caso Baninter continúo esta mañana con la exposición de la defensa de los abogados de Báez Figueroa a cargo de los hermanos Vinicio Castillo Semán y Juárez Castillo y con la ausencia de su padre Vinicio Castillo (Vincho).
Dichos abogados refutan el pedido de ayer del Ministerio Público, representado por Francisco García, quien pidió aumentar de 10 a 20 años de prisión la sentencia que se le impuso en primer grado.
En lo relativo a Báez Figueroa, principal acusado del fraude que envuelve la suma de 74 mil millones de pesos, el Ministerio Público solicitó a la Corte condenarlo a 20 años de prisión por adulterar, ocultar, abuso de confianza y lavado de activos en perjuicio de la sociedad y el estado dominicanos.

En la audiencia de ayer que concluyó pasadas las 7:00 de la noche, el abogado Francisco García Rosa también pidió que sea condenado al pago de 200 salarios mínimos, disponer la confiscación y el decomiso de todos los bienes, productos e instrumentos relacionados con el hecho punible y que se le confirmen las medidas de coerción que les hayan sido dictadas.
Hoy continuará la exposición de la parte civil contra Báez Figueroa, de acuerdo con el organigrama del proceso iniciado el pasado lunes a las 9:00 de la mañana.
Respecto a la imputada Vivian Lubrano de Castillo, cuya apelación se terminó de conocer ayer, sus abogados pidieron a la Corte confirmar la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que la descargó de responsabilidad por insuficiencia de pruebas.
También pidieron rechazar las solicitudes de la parte civil y el Ministerio Público, quienes pidieron seis años de prisión para la imputada y el pago de multas millonarias.
El abogado Rolando de la Cruz Bello concluyó por la Defensa y no fue replicado ni por el Ministerio Público ni por la parte civil que catalogaron la misma de “inconsistente”.
De la Cruz quiso rebatir el argumento pero la Corte acogió un pedido del Ministerio Público y la parte civil, quienes dijeron a la Corte que si no hicieron réplica no podía haber contrarréplica por parte de la Defensa.
Al final del conocimiento de su caso, Lubrano habló con los periodistas y se refirió a la cuenta de 27 millones de pesos que alegadamente distrajo en Baninter.
Al respecto, dijo que fue una bonificación pactada de buena fe por los años en la empresa, “yo dí un servicio y fui recompensada”.
La Corte dispuso que sólo se encuentre presente en la sala de audiencia el imputado al cual se le conocerá el recurso de apelación en el caso Baninter.

PIDEN CONFIRMAR DESCARGO DE LUBRANO DE CASTILLO

POR SILVIO CABRERA

La defensa de la ex vicepresidente ejecutiva de negocios del Banco Intercontinental (Baninter), Vivian Lubrano de Castillo, pidió este martes a los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, confirmar la sentencia que la descarga en el caso por insuficiencias de pruebas.Los doctores Rolando de la Cruz Bello, Gustavo Bialli Pumarol y Ricardo León, en su conclusiones finales pidieron al tribunal rechazar el pedido del Ministerio Público y de los abogados de la autoridad monetaria y financiera, quienes habían pedido que su cliente fuera condenada a 6 años de prisión y al pago de una multa de 1.5 millones de pesos.La audiencia inició hoy la 10:00 de la mañana, con la ponencia del abogado de la Cruz Bello, quien dijo que su cliente es inocente de los cargos que se le imputan y confirmar en toda su parte la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el 21 de octubre pasado.En el día de ayer el fiscal adjunto Francisco García y el abogado Carlos Salcedo, en representación del Banco Central acusaron a Lubrano de Castillo de ser tan responsable como Marcos Báez Cocco, ya que además de ser vicepresidenta ejecutiva de negocios del Baninter y “manos derechas” de Ramón Báez Figueroa, era miembro del consejo de directores y del comité de crédito de la desaparecida entidad.Dijeron que a pesar del descargo que obtuvo por el Primer Tribunal Colegiado, la imputada es culpable de violar el artículo 80 de la Ley Monetarias y Financieras, y el 408 del Código Penal, en relación a la ocultación de información y abuso de confianza en perjuicio del de los clientes de la entidad bancaria y del Estado dominicano.

CONOCERAN CASO DE CESAR SANCHEZ

POR SILVIO CABRERA

La Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo decidirá este miércoles 20 de febrero si procede o no la ratificación del auto de No Ha lugar dictado por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a favor del dirigente perredeísta César Sánchez, sometido a la justicia por el alegado uso irregular de más de 2 mil millones de pesos de los bonos soberanos.
El caso llegó a esa Corte por disposición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que ordenó que se le celebrara un nuevo juicio.
La Corte determinará si es correcto el auto de No Ha Lugar que a favor de Sánchez dictó el juez Berroa Hiciano, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

EXPECTATIVAS HOY EN CASO BANINTER

POR SILVIO CABRERA

Bajo la expectativa de que se podrían producir cambios significativos en las condenas impuestas a los imputados, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se aprestaba cercano a este mediodía a iniciar el conocimiento en segundo de grado sobre alegado fraude por más 55 mil millones de pesos cometido contra el Estado a través del Banco Intercontinental (Baninter).

Francisco Alvarez y José Lorenzo Fermín, abogados de las autoridades monetarias esperan que por lo menos, en esta fase la Corte de determine que hubo abuso de confianza por parte de Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco y Vivian Lubrano de Castillo y que en consecuencia se les condene por lavado de activos a la pena máxima de 20 años.

“Nosotros esperamos que un par de errores que tiene la sentencia de primer grado sean enmendados y que en segundo grado, la Corte de Apelación determine que real y efectivamente hubo abuso de confianza por parte de Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco y Vivian Lubrano de Castillo y que en consecuencia también corrija el error de lavado de activos. Si hubo abuso de confianza, si ellos sustrajeron el dinero del banco, es evidente que también lo laboran a través de una serie de actividades, por lo que en consecuencia la pena debe ser subida a 20 años de prisión”, manifestó Alvarez.

En tanto, el abogado Lorenzo Fermín consideró que la Corte de Apelación tiene una oportunidad de oro para enmendar los errores que, según él se cometieron en primer grado.

“Entendemos que no es justificado que un caso con la magnitud de Baninter quede con una sanción como la que se le impuso en primer grado. Las condiciones están dadas, como ocurrió en España con el caso de Mario Conde, que en primer grado le impusieron 10 años y después en apelación le impusieron 20 años, por lo que entendemos que hay la posibilidad de que eso ocurra aquí también.

DEJAN FUERA OFICINA DE ABOGADOS

La Oficina de Abogados Sierra Durán fue dejada fuera del proceso por parte de las autoridades Monetarias, sin que hasta este mediodía dieran ningún tipo de explicación al respecto.

En primer grado, en octubre de este año, el primer tribunal colegiado condenó al presidente deBaninter Ramón Báez Figueroa a 10 años de prisión y al pago de una indemnización de más de 61 mil 500 millones de pesos por los daños provocados por la prácticas fraudulentas de las que se le acusaba.

También condenó a diez años de prisión al asesor financiero Luis Alvarez Renta, el único de los acusados sobre los que el tribunal mantuvo el cargo de lavado de activos.

Báez Figueroa y el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Marco Báez Cocco, fueron condenados por la acusación de ocultar datos para desviar la fiscalización de las autoridades bancarias y encubrir la situación de la entidad financiera.

El tribunal, de tres magistrados, absolvió de toda responsabilidad a los otros dos acusados, Vivian Lubrano y Jesús María Troncoso, por considerar que no tenían responsabilidad en el caso.

El tribunal también ordenó el cese de la intervención de las propiedades del Banco Intercontinental para que los mismos sean usados en el proceso de liquidación de la institución financiera.

Entre las empresas que están supuestas a ser liquidadas hay varios canales de televisión y emisoras de radio. Se excluyó de los requerimientos de liquidación al periódico Listín Diario, propiedad de Báez Figueroa.

Todas estas medidas están sujetas a cambios o ratificación durante el conocimiento del caso en segundo grado que estaba previsto a iniciarse esta mañana en la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ubicada en edirficio viejo del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Estrictas medidas de seguridad a cargo de la Policía fueron tomadas en el tribunal y se cerró la calle principal de acceso al edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, para evitar principalmente el transito de vehículos.

La primera audiencia del caso, bautizado como "el juicio del siglo", se inició el 3 de abril del 2006 en primer grado, y se reanuda hoy en la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

En primer grado, la defensa de Báez Figueroa sustentó la defensa en la teoría de la conspiración del entonces presidente Hipólito Mejía, la cual se habría desatado por la acusación de fraude hecha por el Baninter contra el jefe de la seguridad militar de Mejía, el coronel Pedro Julio Goico Guerrero.

El fraude del que fue acusado el funcionario militar lo habría cometido con una tarjeta de crédito asignado por el Baninter para cubrir los gastos personales de Mejía.

Los principales ejecutivos del Banco fueron acusados de abuso de confianza, estafa y lavado de activos.

La acusación indica que los imputados usaban recursos del Banco Intercontinental para financiar empresas dirigidas por ellos mismos y que posteriormente borraban las cuentas sin que las mismas fueran saldadas.

En ese mismo año también se detectaron otros fraudes similares en los bancos Nacional del Crédito (Bancrédito) y el Mercantil.

Los fraudes bancarios provocaron una profunda crisis económica en el país lo cual llevó a una inflación que superó el 100 por ciento y provocó una devaluación del peso dominicano, ya que el dólar llegó a subir de 20 a 56 pesos por un dólar en un período de cuatro meses.

CELEBRARAN MARCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

POR SILVIO CABRERA

Varias instituciones cívicas realizarán el 23 de este mes una vigilia, en reclamo de justicia por el asesinato de diferentes personalidades de la vida pública, entre ellas el técnico de aeronáutica civil, Angel Christopher Martínez, muerto a balazos en julio del 2006 en la margen oriental de la Capital.
La vigilia, en la que participará Participación Ciudadana y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, será realizada en la isleta de la avenida Winston Churchil.
En relación al caso de Christopher Martínez, las autoridades revelaron que iniciaron un proceso de extradición de un colombiano sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato.
Erick Christopher, hijo del funcionario, dijo en una ocasión que “el caso fue archivado porque las autoridades no han puesto interés en resolverlo a pesar de que es de interés de la opinión publica”.
Sospecha que la muerte de su padre tiene algo que ver con una investigación que hizo de una aeronave extranjera por solicitud de la Federación de Aviación Civil de los Estados Unidos.

TRIBUNAL CONOCERA CASO DE NIÑO MUERTO APLASTADO POR VALLA

POR SILVIO CABRERA

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado hoy del recurso de apelación interpuesto contra el auto mediante el cual, la Fiscalía del Distrito Nacional desestimó el caso del niño Francis Enrique Cabral Roselló, muerto aplastado por una valla publicitaria que se desplomó durante el evento “Caminante por la Vida” que celebró en el Jardín Botánico, el 25 de marzo del 2007.
El tribunal, presidido por el juez Delio Figuera, determinará si la Fiscalía actuó de manera correcta al desestimar y ordenar el archivo de la querella incoada contra el empresario José Miguel Bonetti y otras personas sometidas a la justicia por el hecho.
La semana pasada, los abogados Manuel Sierra, Teobaldo Durán y Fidel Pichardo, representantes de la familia del menor, anunciaron que recurrirían en apelación la decisión de la Fiscalía.
Calificaron de injusta y abusiva la actitud del fiscal José Manuel Hernández Peguero, de desestimar el querellamiento y ordenar su archivo.
Expresaron que, al parecer, Hernández Peguero actuó como una persona que no tiene hijos y que tuvo más peso en conciencia el tráfico de influencia, el económico y el político.
Manifestaron que fue una actitud de indolencia, en razón de que en su dictamen de desestimación expresó que “era una injusticia perseguir a los acusados”.
Dijeron esperar que en apelación, los jueces enderecen lo que consideraron como un abusivo, cruel, cobarde e inhumano dictamen del fiscal Hernández Peguero.
Expresaron que esperan que ese tipo de decisión sea repudiada por las madres dominicanas, en el entendido de la frase que reza “hoy por ti mañana por mí”.
E éxito de la segunda edición de la campaña "Caminantes por la vida", que reunió a miles en la capital, quedó empañado por la muerte del menor Cabral Roselló, de 11 años.
En esa ocasión, el grupo MercaSid, organizador del evento, lamentó la penosa pérdida del menor, que se produjo luego de que una de las torres que sostenía una de las vallas de promoción del evento le cayó encima y le ocasionó severas heridas.
Fue atendido por paramédicos de la Defensa Civil antes de ser ingresado en la Plaza de la Salud, donde falleció. La campaña "Caminantes por la vida", durante la cual miles personas caminaron ocho kilómetros en el Jardín Botánico, está dedicada a la prevención del cáncer de mama, uterino y cáncer infantil.
Se trataba de un jovencito que tenía calificaciones excelentes, que quería ser artista, que escribía guiones de televisión y había actuado en un comercial de televisión y modelado ropa para una revista.
Era hijo de la publicista Carmen Luisa Roselló, quien junto a él participaba en el evento, y del señor Francis Cabral.

LA RENUNCIA DE ROJAS NINA

MI RENUNCIA DEL GOBIERNO
DOMINGO PORFIRIO ROJAS NINA

Entre los fundamentos de mi renuncia, entre otros, se encuentra la razón básica de que jamás podría percibir emolumentos o un simple sueldo, sin desempeñar ninguna función para el cargo que fuera creado, debido a principios éticos, morales y la dignidad que me impone los blasones de mi conciencia. Prefiero morir antes que traicionar mis principios, a mi familia, a San Cristóbal y al país.
Tengo el deber de informar a la nación los reclamos de la voz de mi conciencia, previa meditación de largas horas y noches, respecto a mi partida como secretario de Estado, asesor en derechos humanos del Podes Ejecutivo.
En comunicación del 11 del cursante mes informé al señor presidente mi profundo agradecimiento en sublime expresión sentimental, por el nombramiento que en fecha 20 de agosto del pasado año me hiciera, el cual no esperaba, pero fue una gran distinción, sintiéndome altamente honrado.
Al ser juramentado el 21 del referido mes, el excelentísimo presidente Leonel Fernández Reyna tuvo la gentileza en expresarme que, tomando en consideración mis condiciones profesionales, morales, luchas en defensa de los Derechos Humanos y experiencia en la administración pública, había tomado esa decisión, ofreciéndole por eso mi sincera gratitud, en tan significativa ocasión.
Pensé que verdaderamente yo iba a ser tomado en consideración para algunos aspectos de las prerrogativas humanas y otras cosas, en favor de la ciudadanía y la República, pero no fue así lamentablemente.
Realicé varias gestiones con instancias del Palacio Nacional para que me fuera asignado un despacho como era de lugar, pero todo fue inútil, ya que fui a trabajar, a ayudar al presidente Fernández junto al Gobierno que dirige, a servirle con lealtad, honradez, decoro, sanas intenciones y la mejor buena fe ciudadana.
Dirigí al señor presidente de la República un sin números de comunicaciones, sugerencias, proyectos, solicitudes de entrevistas a ciudadanos y a favor de sectores, provincias y comunidades del país, incluyendo mi idolatrado pueblo de San Cristóbal, pero nunca recibí siquiera un acuse de recibo, en desmedro de la cortesía y normas protocolares que se estilan siempre a favor de toda persona o entidad que se dirige especialmente a un jefe de Estado.

Igualmente, nunca el señor presidente me concedió una breve entrevista, ni me participó nada en relación a la designación que fui objeto, lo que considero inaudito, pues reitero fui a trabajar, aunque queriendo no pude desarrollar mis anhelos ni desempeñar las funciones que pensaba realizar, porque no recibí el apoyo del Gobierno ni atribución alguna al respeto.
En mi renuncia al señor presidente le comunique que una gran parte del limitado emolumento recibido lo invertí en compras de medicinas, alimentos, ayudas económicas, pasajes, vestuarios a favor de personas pobres y necesitadas, y eso lo podemos probar a plenitud, incluyendo solicitudes de ayuda no económica a distinguidos amigos, como al filántropo doctor Antonio Cruz Jiminian, al Licenciado Ramón Alvarez, al brillante Cardiólogo y Humanista doctor Jhonny Jacobo Simón, al destacado diputado licenciado Víctor Ito Bisonó, al doctor Juan Oviedo, cuya Óptica lleva su apellido, al licenciado Moisés Nina Placencio y a mis cuatro hermanas residente en los Estados Unidos de América.
La conciencia es el mejor libro de moral que tenemos, decía Pascal, y si el destino y el pueblo lo deciden es preferible ser vencido con dignidad que ganar con humillaciones y olvido con nombre y apellido, pues luego de varios años retirado volveré a incursionar en la política dominicana oportunamente, ya que no puedo permanecer al margen de la futura situación del país.
Pero quiero expresar mi reconocimiento y gratitud también a distinguidos funcionarios de quienes recibí atenciones, jamás nada mercurial. Se trata del licenciado Luís Manuel Bonetti, José Francisco Peña Guaba, del cual recibí en el mes de diciembre 60 cajas navideñas, las cuáles fueron repartidas en San Cristóbal y la Capital a personas necesitadas; al distinguido doctor Radhames Jiménez, al ingeniero Temístocles Montás, al licenciado William Aquino, al doctor. Roberto Blandino Urbáez, al mayor general José Aníbal Sanz Jiminián, a él recurrí en busca de ayuda para una señora enferma, ofreciéndole colaboración la cual fue tratada y operada en Cuba.
Agradezco también as la señora Agueda Herrera y a las personas que laboran en Recursos Humanos de la Presidencia, al mayor general ingeniero Rafael Guzmán Fermín, al licenciado Felipe Jey Payano, al general de brigada Medina, jefe del Cuerpo de Ayudantes del Señor Presidente.
Reitero que fui a trabajar, a ser leal al gobierno y la institucionalidad, no a ser una simple figura decorativa, aunque vivo, contrario a los que algunos que no me conocen piensan, en un limitado apartamento, siendo posible que del irrisorio emolumento que recibí contribuyera para algunas necesidades perentorias; pero la dignidad es un valor social, moral, ético y personal que yo tengo y que mantendré incólume hasta el ultimo día de mi vida, porque he trabajado con cinco ex presidentes, pero yo no transijo con mis criterios, ideales y dignidad.
Señor presidente, yo le manifesté que iba ayudarle a usted dentro de nuestras posibilidades, pero sin incursionar ni participaren la destacada agrupación política que usted dirige, aunque usted nunca me ocupó ni señalara nada políticamente, y esto debo decirlo con verticalidad.
Mi filosofía coincide con la de padre de la Patria Juan Pablo Duarte, cuando dijo: “Haced siempre el bien que la vida es transitoria. El poder de los hombres pasa y la historia queda para que la escriban las nuevas generaciones”.
Muchas gracias excelentísimo presidente, pero yo pienso como Aristóteles: “Vivir Moralmente vale más que vivir”.

SUPREMA FALTA A SU PROMESA

POR SILVIO CABRERA

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) no disponía esta mañana de ningún tipo de información a cerca de la colocación en agenda de los recursos de inconstitucionalidad incoados por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo contra los préstamos contraídos por Estado con la empresa Sun Land para la construcción de varias obras.
Aunque el presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, había prometido que iba a estudiar en esta semana el dictamen que sobre ese caso dio la Procuraduría, ni ayer ni a media mañana de hoy se había producido ninguna información oficial.
Para saber de casos como éste y otros que conoce la SCJ, hay que hacer las preguntas por escrito a Subero Isa y cuando suele responderlas, lo hace cuatro y cinco días después.
La semana pasada, Subero Isa dijo a los periodistas que cubren la fuente de la SCJ que todavía no había visto el dictamen de la Procuraduría, pero que lo estudiaría en esta semana para determinar si apodera o no al Pleno de ese tribunal.
L Procuraduría General de la República en su dictamen, a través de su titular, Radhamés Jiménez Peña, rechazó dichos recursos por carentes de base legal e infundados.
Jiménez Peña pide en su dictamen declarar dichos recursos inadmisibles, por entender que son improcedentes, mal fundados y carentes de base legales.
Cita el artículo 5 de la ley de crédito público 6-06, que indica que no constituyen operaciones de crédito público los contratos de obras a ejecutar en más de un ejercicio financiero, cuyos pagos se estime realizar a medida que se realice la cubicación de las obras, y establece que ese es el caso de los contratos con la Sun Land.
Dice que los pagarés firmados por Félix Bautista, de la Oficina Fiscalizadora de Obras del Estado, se ejecutaron para garantizar los pagos sucesivos de las obras.
El caso de los préstamos del Estado con la Sun Land han sido criticados por la alta dirigencia del PRD, entre ellos por ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Enmanuel Esquea Guerrero, quien sostuvo que en ellos existe la figura de lavado de activo.
Explicó que prevalece el lavado de activo por que con esos préstamos se pretendía hacer inversiones entre la que se encuentra la compra de un edificio que está ubicado en la avenida Lópe deVega.
El jurista dijo que la Sun Land le propuso la compra del inmueble por 39 millones de dólares al Banco Central.

LOS INDOCUMENTADOS: RAZON DEL EXILIO DOMINICANO

POR SILVIO CABRERA

Algunos amigos residentes en los Estados Unidos y Puerto Rico, incluyendo un familiar, me hicieron ver la razón por la cual los dominicanos emigran hacia otro país dejando atrás sueños y familias.
Soy de los que siempre he dicho que nunca emigraría, pero después de ciertas vivencias entiendo a mis amigos y familiares que lo han dejado todo para irse a vivir a Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
En agosto del año pasado estuve con mi esposa en los Estados Unidos y me contaba un familiar nacido en New York que jamás volvería a la República Dominicana. Me decía que lo sentía, pero que este país, su país por demás, era una selva.
Me pareció una herejía de su parte, a pesar de las narraciones de vivencias que me hizo para justificar sus alegatos.
Me contó, y eso yo lo sabía, que una vez por razones que no vienen al caso recordar, lo mandaron a República Dominicana para que conociera su país y se pasara un tiempo y así evitar la confrontación de un problema que se vislumbraba venir.
Me dijo que estando en el país se lo ocurrió tomar un vehículo prestado para irla a la playa de Boca Chica. Me narró que decidió entrar al poblado de Andrés y que cuando decidió reanudar el camino hacia la playa, se encontró en la autopista con una patrulla de la Policía que lo mandó a parar.
Me contó que uno de los policías le dijo que iba manejando a más de 60 kilómetros por horas, por lo que le pidió su licencia de conducir para ponerle una multa.
Me expresó que le dijo a ese policía que no era cierto que estaba manejando a más de 60 kilómetros por hora, en razón de que apenas acaba de emprender la marcha del vehículo para entrar a la autopista Las Américas procedente del poblado de Andrés.
“Eso fue más que suficiente para que ese policía llamara a su compañeros y me diera una golpiza bajo el alegato de que yo le había dicho mentiroso”, me expresó el familiar.
Me enseñó algunas marcas permanentes en su cuerpo fruto de las golpiza que le dio el Policía. Todo eso yo lo sabía, pero me lo recordó como para que no lo olvidara y me dejara de hablar pendejadas respecto de que yo jamás emigraría.
Me expresó que lo cierto es que, contrario a mi posición, él jamás volverá a la República Dominicana, porque entiende que este país es una selva y que solo aquí se dan casos como éste.
“Prefiero mejor a Irak, que fue el problema por el cual me enviaron a República Dominicana, que volver a tú país”, me dijo el familiar.
Me recordó que tan pronto lo dejaron en libertad regresó a Estados Unidos, sin importarle que lo mandaran a pelear a Irak.
Algo más o menos parecido me contaron algunos amigos cuando visité el año pasado a Puerto Rico.
Me expresaron que en Santo Domingo para vivir hay que ser abogado, porque existe la cultura de que todo el mundo te engaña y la justicia es muy cara.
Les expresé a esos amigos que eso no era así y ellos me dijeron que conmigo no ocurría lo mismo porque yo soy periodista y “con los periodistas nadie quiere problemas”.

MI EXPERIENCIA
Hace una semana viví una experiencia que me hizo recordar lo que acabo de narrar.
Ocurrió que me llegó un recibo de Claro Codetel mediante el cual me comunicaron que tenía que pagar cuanto antes un “ajuste” de más de cinco mil pesos.
Llamé a la compañía y por más explicaciones que pedí, nadie me dijo las razones por las cuales se me aplicó el “ajuste”. Solo me decían que tenía que pagarlo y hacer un reclamo y que si luego se comprobaba que fue un error me devolvían el dinero.
¡Que impotencia sentí!, ¡Cuantas frustraciones!. Pensé en someter a la justicia la compañía, pero tuve que contenerme al pensar que los amigos abogados que en verdad resuelven cobran hasta 200 mil pesos solo por oírte plantear el caso para determinar si lo aceptan o no.
Fue entonces cuando comprendí los alegatos de los amigos dominicanos residentes en Puerto Rico y Estados Unidos. Entendí las razones del por qué de los viajes en yolas, del por qué del familiar que me dijo que prefería ir a Irak a pelear antes que volver a República Dominicana.
Recordé que uno de ellos me dijo que en Puerto Rico y Nueva York no es como aquí, que te engaña la compañía de teléfonos, de electricidad y hasta la de telecables, y que si te engañan allá tienen que pagar por ello.
Por suerte, valiéndome de mi condición de periodista fui a Indotel y a esa institución sí le dieron una explicación de lo que ocurría. Le dijeron que se trató de un error, que me pedían excusas y que no tenía que pagar el fastidioso “ajuste”.

Ahora los entiendo hermanos del exilio.

FIJAN PARA 18 DE FEBRERO CASO BANINTER

POR SILVIO CABRERA

La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijo para el 18 de febrero el conocimiento del recurso de apelación a la sentencia que condena a 10 años de prisión a Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco y Luís Álvarez Renta, en torno al caso Baninter.

Los magistrados Ignacio Camacho Hidalgo, quien preside el tribunal, e integrado por Nancy Joaquín Guzmán, Doris Pujols Ortiz y Wendy Martínez Mejìa, adoptaron la decisión luego de ser apoderado del caso por el presidente de la Cámara Penal de la Corte, José Uribe Efres.

Asimismo, el tribunal ordenó a la secretaria del tribunal convocar a las partes que figuran en el proceso, los imputados, sus abogados, los abogados de la autoridad monetaria y financiera, y los fiscales adjuntos del Departamento Nacional de Prevención contra la Corrupción Administrativa, para los fines correspondientes.

La apelación será conocida a la 10:00 de la mañana en la sala de audiencia de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ubicado en la primera planta del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, edificio que alojaba la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República.

En torno al caso Báez Figueroa, Báez Cocco y Álvarez Renta, fueron condenados a 10 años de prisión, mientras que Vivian Lubrano de Castillo y Jesús Maria Troncoso Ferrua, fueron descargados por insuficiencia de pruebas.

La apelación fue presentada por Báez Figueroa, a través de sus abogados Marino Vinicio Castillo, Juárez Castillo Seman, Vinicio Castillo Semàn y José Antonio Columna. Báez Cocco presentó el recurso a través de sus abogados Juan Antonio Delgado y Juan Manuel Alcántara y Álvarez Renta, a través de sus abogados Santiago Rodríguez, Eric Raful, Salvador Catrain y Joaquín Zapata.

De su lado, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y el Banco Intercontinental Baninter, presentaron la apelación a través de sus abogados Artagnan Pérez Méndez, Ramón Pina Acevedo, Carlos Salcedo, José Lorenzo Fermín, Manuel Sierra, Teolbaldo Durán, Francisco Venzan, entre otros.

De lado, del ministerio público apelo el fallo, el director de la DPCA, Octavio Lister Henríquez y los fiscales especializados en fraude bancarios, Francisco García y Dany Villalona.

MALLETE ACERTO EN VATICINIO: CONFIRMAN DESCARGO DE LOS ACUSADOS DEL CASO DE LOS INVERNADEROS

POR SILVIO CABRERA

Tal y como lo habiamos pronosticado, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó ayer la sentencia que descarga al dirigente perredeísta y ex secretario de Agricultura, ingeniero Elio Jáquez y demás acusados, sometidos a la justicia por el alegado fraude cometido contra el Estado a través de programa de los invernaderos ejecutado en el pasado Gobierno.
Los jueces Ramón Horacio González Pérez, Pedro Antonio Sánchez Rivera y Esther Agelan Casasnovas confirmaron la sentencia dictada el 26 de julio del 2007 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Mediante esa sentencia, Jáquez y los demás acusados fueron descargados por insuficiencia de pruebas presentadas por el Misnisterio Público.
El tribunal rechazó el recurso de apelación que contra la sentencia que favorece a Jaquez y los demás acusados presentó el Ministerio Público.
La Corte tras rechazar el recurso de apelación del Ministerio Público, confirmó la sentencia de primer grado, por entender que se justa a la correcta aplicación de la justicia.
El 26 de julio del año pasado, luego de 28 meses de espera, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró no culpables a Jáquez y otros siete funcionarios del pasado gobierno acusados de incurrir en actos de corrupción en la asignación y distribución de invernaderos.
Los descargados son, además de Jaquez, José Fabelo Medina, los hermanos Andrés, Fausto Escarramán, Sergio Uribe y José Salvador Sánchez, Regino Valero de los Santos y Leonardo Francisco Sosa.

El alegato del tribunal de primer grado para dictar la sentencia a favor del ex secretario de Agricultura Eligio Jáques y los otros ex funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía fue la insufiencia de pruebas.

En la audiencia de ese entonces, el Ministerio Público solicitó que condenaran a Eligio Jaquez, a cinco años de prisión y ocho millones de pesos de multas; a José Fabelo Medina, tres años de cárcel y cinco millones de pesos de multas, y a los hermanos Andrés y Fausto Escarramán, a dos años y seis millones de pesos cada uno.
A Sergio Uribe a dos años y seis millones y a José Salvador Sánchez, Regino Valero de los Santos, y a Leonardo Francisco Sosa, un año y seis millones cada uno.
A la audiencia de ayer acudieron a tribunal a respaldar a Jáquez decenas de dirigentes perredeístas, entre ellos el secretario general de esa organización, doctor Orlando Jorge Mera.