POR SILVIO CABRERA
La defensa del empresario Ramón Báez Figueroa trataba esta mañana de probar que su cliente no incurrió en lavado de activos en el caso de Baninter, razón por la cual se opone a que se le castigue por ese delito.
Juárez Castillo y Vinicio Castillo Semán refutaron en ese sentido las acusaciones presentadas contra Báez Figueroa por el Ministerio Público y la parte civil constituida.
Desde ayer, ambos abogados a través de fílmicas y documentos intentan demostrar que las operaciones que se hicieron en Baninter, como son los casos de las adquisiciones de medios de comunicación, se hicieron de manera legal.
Juárez Castillo dijo que, por ejemplo, en el caso de la compra de RNN se hizo de forma legal y de cara al público, hasta el punto que en el acto de inauguración participaron el entonces presidente de la República Hipólito Mejía y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.
En la audiencia de ayer, las autoridades monetarias y financieras pidieron la inclusión del cargo de lavado de activos y, por vía de consecuencia, condenar a 20 años de reclusión a Báez Figueroa.
La exposición de la parte civil estuvo a cargo del abogado José Lorenzo Fermín quien pidió, además, que al principal implicado en el fraude que envuelve la suma de 74 mil millones de pesos, el pago de una multa de dos millones quinientos mil pesos y doscientos salarios mínimos como sanción civil.
En cuanto a lo penal el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la comisión de liquidación del Baninter también solicitaron al Tribunal que el imputado pague en indemnizaciones las sumas de 45 mil 469 millones de pesos por daños y perjuicios; 50 millones,82 mil 450 millones por las actuaciones punibles comprobadas en la sentencia y 18 mil 743 millones a favor del Baninter.
Dentro de los motivos argumentados por la parte civil, está que los jueces de primer grado interpretaron erróneamente el artículo 408 del Código Procesal, en lo relativo al contrato de mandato.
En la primera hora de ayer el abogado de la defensa, Juárez Castillo, presentó sus conclusiones ante los pedidos del Ministerio Público, que el pasado martes también solicitó al tribunal condena de 20 años para Báez Figueroa.
En su intervención solicitó a la Corte, Juárez Castillo pidió rechazar el pedido del Ministerio Público por considerarlo como improcedente, injusto y mal fundado.
Negó que su defendido incurriera en el delito de Lavado de Activos, debido a que esa actividad es oculta y todas las operaciones de negocios de su defendido fueron publicadas medios de comunicación.
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